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El gasto millonario no reportado en volantes, trípticos, playeras, gorras y banderas que realizan las corcholatas presidenciales es un “insulto, una burla” porque se trata de simular que no existe o que no se sabe quién lo financia. En ese sentido, el INE debe fiscalizar este dispendio y aplicar sanciones e incluso negarles el registro por actos anticipados de campaña y por no transparentar el origen del dinero.

Así lo afirmaron coordinadores en el Senado y dirigentes de oposición, quienes responsabilizan al presidente Andrés Manuel López Obrador de esta “campaña simulada” que no empezó hace unas semanas, sino desde hace por lo menos dos años, cuando destapó a sus corcholatas que ahora ya tienen cancha libre, con la bendición presidencial, de dilapidar recursos públicos en su contienda interna.

El coordinador del PAN, Julen Rementería, dijo a EL UNIVERSAL que detrás de este gasto millonario, que incluye contratación de publicidad en autobuses y microbuses en la Ciudad de México y otros estados en favor de Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López o cualquier otra corcholata, “hay una simulación, una desfachatez y un cinismo” al decir que no conocen el origen y que los ciudadanos son quienes pagan esos promocionales.

“Hay un dispendio sin precedentes, porque aún no inicia el proceso electoral, con reparto de volantes, dípticos, espectaculares, organización de eventos; es algo que insulta. Las corcholatas creen que somos pendejos; es un claro desvío de recursos. ¿De dónde sale ese dinero?, 5 millones de pesos no alcanzan para todo lo que están gastando, es una tomada de pelo”, indicó.

Expuso que al final de cuentas esta campaña anticipada la provocó el Presidente y él avala que se viole la ley electoral para buscar imponer a alguna de sus corcholatas.

Opinó que el Instituto Nacional Electoral debe considerar este dispendio como gasto de campaña, ver cuánto gastan y cuál es el origen del dinero. Enfatizó que las corcholatas no deben sorprenderse cuando lleguen las sanciones del Tribunal Electoral, las cuales, si se aplica puntualmente el marco legal, incluso podrían negarles el registro.

Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, indicó que “el proceso ilegal que han emprendido las corcholatas asemeja a un concurso de popularidad, donde los participantes compiten por ver quién puede destacar por sus acciones ridículas y por emplear mayores cantidades de dinero público de manera discrecional”.

“Resulta alarmante que están derrochando millones de pesos en promoción cuando aún no ha comenzado el proceso electoral”, dijo.

Comentó que en Movimiento Ciudadano continúan denunciando el descaro con que Morena y sus aliados violaron la ley, “abriendo la puerta para que otros también transgredan las normas y menoscaben la integridad del INE”.

Manuel Añorve, coordinador del PRI en el Senado, indicó que ante la evidencia del dispendio de esta “precampaña disfrazada e ilegal, el INE tiene los elementos para actuar y sancionar contundentemente a los aspirantes del oficialismo que han inundado el país con propaganda de todo tipo.

“Lo que documenta EL UNIVERSAL y que está a la vista de todos es que están comprando playeras, volantes y utilitarios a un costo multimillonario y se debe investigar el origen de estos gastos. Se debe regular y sancionar”, destacó.

Cuestionado sobre si el INE debe establecer sanciones severas a quienes incurren en estas prácticas, indicó: “Que se apliquen las sanciones que contempla la ley, pero que se actúe de manera contundente para frenar esta campaña ilegal, mañosa y todo este dispendio”.

La secretaría general del PRD, Adriana Díaz, dijo que el responsable del dispendio de las corcholatas es el Presidente, quien desde hace casi dos años las destapó, permitió, solapó y fomenta esta precampaña anticipada con un uso indebido de recursos públicos, por lo cual si el INE y el TEPJF aplican la ley, podrían incluso negarles el registro.

Lamentó que el Mandatario en lugar de actuar como jefe de Estado, como un demócrata, sea el jefe de campaña o pretenda seguir siendo “el candidato eterno”, que busca levantar la popularidad de sus corcholatas con ataques a la oposición y cerrando los ojos ante la violación de la ley electoral.

Recordó que los partidos de oposición, desde hace año y medio que empezó el activismo electoral de las corcholatas, han presentado 300 quejas ante el INE y el TEPJF por este uso indebido de recursos, de las cuales 30 han sido presentadas por el PRD. 

“El INE y el TEPJF cuentan con la documentación, con las quejas para documentar estos gastos, estos actos anticipados de campaña, por lo que deben exigir a las corcholatas solventar los gastos, transparentarlos, conocer su origen y si se aplica la ley ante este dispendio millonario de año y medio de campaña ilegal, no tendrían ni un peso para la campaña y precampaña constitucional e incluso les podrían negar su registro como candidatos”, dijo.

La bancada de Morena presentó este martes un punto de acuerdo en el que pidió al Consejo Consultivo de Transporte de Chihuahua revierta la decisión de subir la tarifa del transporte público, “para evitar causarle un perjuicio a las familias chihuahuenses más vulnerables”.

Además de meter freno al incremento del precio del pasaje, los morenistas demandaron al consejo que amplíe el servicio hacia las zonas periféricas y donde habita la población más vulnerable, así la ampliación de horarios de servicio

En su exposición de motivos, la bancada guinda mencionó que el 19 por ciento del gasto familiar de hogares de escasos recursos se gasta en pago de pasajes o en el concepto de “movilidad”.

Ese concepto de gasto es el segundo más grande que hace ese sector de la población, señalaron.

La iniciativa no pasó, ya que recibió 15 votos en contra, todos del bloque Prian, y nueve a favor, de Morena. Siete diputados no votaron y dos se abstuvieron.

En la misma sesión, los diputados de Morena presentaron otra iniciativa relativa al transporte. Se trata de una ley que garantizaría el derecho al acceso a la movilidad en Chihuahua.

En su exposición, los de la 4T señalaron que el Estado debe de asegurar el libre tránsito y que el traslado sea digno y eficaz para los ciudadanos.

La propuesta antes mencionada pretende reformar el artículo 4 de la Constitución Política del Estado, para que administración estatal tenga la obligación ineludible de asegurar la movilidad.

Lo anterior, para que se beneficie a los chihuahuenses con algún tipo de desventaja física, social, étnica y económica, por lo que se tendría que incorporar a las zonas periféricas y excluida.

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