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La diputada del PRI, Ana Georgina Zapata Lucero, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para que sea obligatorio la aplicación de encuestas anónimas al interior de las empresas al menos dos veces al año, con el fin de conocer los índices de acoso laboral, acoso sexual y hostigamiento sexual que existe al interior de los lugares de trabajo.

Georgina Zapata expuso que el acoso laboral es una forma de violencia silenciosa e invisible, que estadísticamente se ejerce más contra la mujer y en muchos casos no existe sanción alguna aplicable al patrón o empresa, pues en la mayoría de los casos se despide a la trabajadora o trabajador, o se le obliga a renunciar.

La diputada explicó que Chihuahua esta dentro de las entidades con mayor prevalencia de violencia laboral que viven las mujeres en el país, con una tasa de 38.8 %, por encima de Ciudad de México con 34.6% y Baja California  con 34.4 %. 

“Chihuahua lidera en el país como el estado en que más casos de acoso u hostigamiento sexual y violencia contra la mujer son reportados por cada 100 mil habitantes al servicio de emergencias 9-1-1, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, explicó. 

La diputada local dijo que tan solo entre enero y julio de 2023, el Secretariado registró en el estado 33 mil 512 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, en comparación con las 33 mil 953 del Estado de México y las 49 mil 658 de la Ciudad de México.

También se coloca en el primer sitio, con 15.94 llamadas por cada 100 mil habitantes en las que se denuncian conductas donde una persona se aprovecha de tener una posición jerárquica superior respecto a otra para privarla de su libertad y seguridad sexual, asediando reiteradamente para la realización de un acto sexual, de acuerdo con el Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia.

“A pesar de que Chihuahua es uno de los estados con mayor efectividad, lo cierto es que muchas de las víctimas de acoso laboral, acoso sexual y hostigamiento sexual en sus lugares de trabajo no realizan denuncias, por lo que buscamos con esta iniciativa es que se vaya directo a los lugares de trabajo para generar una estadística mas real y con esto comenzar a tomar medidas, realizar acciones e implementar programas y políticas públicas con la finalidad de erradicar este tipo de violencia”, concluyó Zapata Lucero. 

Las modificaciones que adicionar a las fracciones XXIII, XXIV y XXV al artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, en la que se pide a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social coordinarse con la Iniciativa Privada, Sindicatos, Fiscalía General del Estado, Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado e Instituto Chihuahuense de las Mujeres, para aplicar las encuestas anónimas, dos veces al año. 

Evaluar los resultados y proponer las medidas necesarias, diseño de acciones, programas, y políticas públicas para erradicar el acoso laboral, acoso sexual y hostigamiento sexual, así como tener convenios con el Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado para coadyuvar en los procesos de capacitación a las empresas y al personal que labora en ellas. 

La propuesta fue turnada para su análisis y evaluación, se espera que sea dictaminada y votada antes de que concluya la actual legislatura.

La diputada del PRI, Georgina Zapata Lucero, pidió este martes ante el Congreso del Estado que se modifique el Código Penal de Chihuahua para quien abandone personas que por su situación de salud física o mental, las coloque en peligro de muerte o agrave su salud. 

Georgina Zapata expuso que el delito propuesto comprende tanto la exposición al peligro y el abandono en peligro, ya sea para un menor de edad o una persona mayor incapaz de valerse por sí misma, que se encuentre bajo su protección o cuidado. 

“Son innumerables el número de historias en que las familias abandonan a las personas mayores y a las personas con discapacidad, esto hace que éste sector de la población se vuelva vulnerable ante la falta de responsabilidad de aquellos miembros de su familia que dejan de cumplir la obligación de asistencia”, argumentó la diputada del tricolor. 

La legisladora local informó que en México, se estima que el 16% de los adultos mayores sufren de abandono y maltrato, los cuales el 20% vive en soledad; datos de la UNAM prevén que para el año 2025 hayan alrededor de 14 millones de personas en estas condiciones.

Mientras que el Consejo Nacional de Población señala que para 2050, el 30 por ciento de la población tendrá más de sesenta años. 

Por lo que es importante que se establezca una sanción para aquella persona que con dolo y sin motivo justificado abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma, a un adulto mayor, o a una persona con discapacidad, que además haya sido diagnosticada con alguna enfermedad grave o terminal.

Además, que se imponga una sanción más severa cuando la persona que ha sido abandonada sufra lesiones graves o muera a consecuencia del abandono.

Por lo que pidió agregar al Artículo 154 del Código Penal del Estado de Chihuahua, estas sanciones, que van de 1 a 5 años si no hay lesión, y que sí se trata de un funcionario activo como médico, profesionista de la salud o auxiliar se le suspenda hasta por dos años. 

La iniciativa sugiere que también en caso de morir la persona como consecuencia del abandono, esta pena aumentará en una mitad para quien o quienes resulten responsables. La propuesta fue turnada para su análisis, revisión y dictamen.

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