guerra sucia

El software espía Pegasus fue detectado en el teléfono de Camilo Vicente Ovalle, según el análisis forense de Citizen Lab, un centro de investigación digital de la Universidad de Toronto.

Vicente Ovalle, quien coordina el trabajo de la comisión de la verdad, había recibido un correo electrónico en diciembre de Apple advirtiendo que podría haber sido blanco de “ataques patrocinados por el estado”, reportó el The Washington Post.

El presunto hackeo es parte de una creciente evidencia de que los civiles que investigan los abusos a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas de México, incluidos activistas, periodistas e incluso funcionarios cercanos al presidente, están siendo atacados con malware, mencionó el medio.

El informe de Citizen Lab no abordó la cuestión de quién podría haber usado Pegasus para hackear el teléfono de Vicente Ovalle. El Grupo NSO, que introdujo el software espía, dice que sólo tiene licencia para las agencias gubernamentales. (NSO cuestionó los hallazgos de Citizen Lab).

El New York Times publicó en abril que el ejército era la única agencia en México que aún opera Pegasus, citando fuentes familiarizadas con los contratos.

Vicente Ovalle y Citizen Lab declinaron hacer comentarios. Ni la Secretaría de Defensa de México ni el vocero del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, respondieron a las solicitudes de comentarios.

López Obrador ha negado que militares vigilen a periodistas o defensores de derechos humanos. El mes pasado, después de que el New York Times informara sobre el descubrimiento de Pegasus en el teléfono de Alejandro Encinas, el subsecretario de derechos humanos, y aliado de López Obrador desde hace mucho tiempo, el presidente reiteró: “Nosotros no espiamos”.

Carlos Pérez Ricart, miembro de la comisión de la verdad, dijo que el presidente está en una encrucijada.

“Un Estado democrático tiene que tener control sobre sus instituciones de seguridad e inteligencia. Todo indica que no es así”, dijo Pérez Ricart, politólogo del Centro de Investigación y Docencia Económicas.

Encinas supervisa las investigaciones del Poder Ejecutivo sobre la Guerra Sucia y las desapariciones de Ayotzinapa, que han sido atribuidas a policías locales y narcotraficantes con la supuesta complicidad de militares.

Vicente Ovalle trabaja en su oficina. Encinas no respondió a una solicitud de comentarios, reportó el medio.

Citizen Lab y la intervención del teléfono de Ovalle

Citizen Lab concluyó que el teléfono de Vicente Ovalle, u otros dispositivos cuya información estaba respaldada en el teléfono, habían sido intervenidos por Pegasus. El análisis no pudo determinar las fechas de la infección, pero un correo electrónico de Apple que advirtió sobre posibles ataques de “ataques patrocinados por el estado”, recibido por Vicente Ovalle y revisado por The Post, sugiere que tuvo lugar en la segunda mitad del año pasado, mencionó el The Washington Post.

A NSO, cuando se le pidió un comentario sobre el caso de Vicente Ovalle, dijo que “solo vende a clientes de inteligencia y fuerzas del orden que usan estas tecnologías para prevenir el crimen y el terror a diario”. En un comunicado enviado por correo electrónico, dijo que Citizen Lab “sigue produciendo informes no concluyentes que no pueden diferenciar entre las diversas herramientas cibernéticas en uso”.

“Aunque NSO no opera su tecnología y no está al tanto de la inteligencia recopilada, inició la política de cumplimiento y derechos humanos líder en la industria para investigar todas las sospechas de uso indebido”, dijo la compañía. Declaró que había rescindido “múltiples contratos” después de determinar que sus tecnologías se usaron indebidamente.

En 2021, se lanzó la primera comisión nacional de la verdad para investigar lo que sucedió durante la Guerra Sucia, localizar a los desaparecidos y sentar las bases para posibles enjuiciamientos. Se está examinando el periodo de 1965 a 1990, recordó el medio.

Vicente Ovalle fue encargado de supervisar las operaciones diarias de la investigación del gobierno. Destacado historiador, ha pasado años estudiando las desapariciones forzadas y otros abusos cometidos por el gobierno durante la Guerra Sucia. También tiene una conexión personal con el período: cuando tenía 5 años, sus padres, de una ciudad en el estado de Oaxaca conocida por el activismo de izquierda, fueron detenidos por las fuerzas de seguridad y recluidos en régimen de incomunicación. Finalmente fueron liberados.

Bajo su liderazgo, la comisión obtuvo acceso a los antiguos sitios de prisiones clandestinas dentro de las instalaciones del ejército, lo que permitió la visita de los sobrevivientes y familiares de los desaparecidos. La comisión también accedió a archivos previamente secretos.

Pero la inquietud de los militares con el escrutinio ha sido clara. En un discurso en junio pasado que marcó la apertura de las bases militares para la investigación de la comisión, el ministro de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, desató la indignación al afirmar que los soldados asesinados durante la campaña de contrainsurgencia también serían honrados, recordó el Post.

Era la época de los 70, unos dicen que su trabajo inició en 1975 otros que en 1977 pero lo único en que concuerdan es que las madres de los desaparecidos políticos de Chihuahua salieron de sus casas para buscar a sus hijos y murieron sin encontrar respuesta de dónde quedaron. Conformando así el Comité de Madres de Desaparecidos de Chihuahua.

María Luisa Fierro de Navarro, Socorro Varela Atilano, Alicia Merino de De los Ríos, Irma Chavarría de Coronel, Carmen Cervantes de Soto, Laura Saldívar de Gaytán, Concepción viuda de Corral y Eudelia Espinoza dejaron de lado su tarea de amas de casa y, sin querer, el destino las llevó a formar uno de los primeros movimientos en los que la mujer jugaba un papel preponderante como luchadora y derecho humanista.

Ellas buscaban a sus hijos: Olga Navarro Fierro, Jorge Hermelindo Varela, Alicia de los Ríos Merino, Florencio Coronel Chavarría, Lorenzo Soto Cervantes, Óscar Gabriel Gaytán Saldívar, José de Jesús Corral y Benito Espinoza Lucero quienes fueron detenidos por parte de grupos paramilitares dentro de lo que fue la “guerra sucia a grupos subversivos”.

“Nuestras madres tomaron el desafío por la búsqueda de sus hijos, la incertidumbre las llevó a la lucha, esto las arrojó de golpe y porrazo, no vivían una vida de militancia. Tenían una función como todas las mujeres de su generación. No eran profesionistas, no tenían un oficio”, señaló Laura Gaytán hija de Laura Saldívar, la Doña Gaytán.

Las madres tenían como mote cariñoso el de “Doña”, siendo reconocidas por el primer apellido que tenía su hijo.

Este grupo, que no solamente se conformaba por las madres, era apoyado por familiares, pero la cabeza de este movimiento fue la hermana de una desaparecida, Martha de los Ríos Merino, quien junto con las Doñas crearon en Chihuahua un parteaguas en luchas derechohumanistas.

“En un principio no enarbolaban demandas sociales, poco a poco se fueron solidarizando con otras causas y otras causas se fueron solidarizando con ellas”, comenta Laura Gaytán.

Entre las acciones que determinaron el actuar de las conocidas como “Las Doñas”, se encuentra la toma del Palacio de Gobierno, el 24 de noviembre de 1988, cuando, en compañía de integrantes de grupos como Frente de Consumidores (Fedeco) bloquearon los accesos al edificio, manifestación que se diluyó cuando fueron agredidas por elementos de lo que en aquel entonces era la Policía Judicial, y quien fungiera como procurador de Justicia del Estado, José Miller Hermosillo, dialogó con ellas.

“Javier Loya, Carlos Loya, Rafael Rascón y la gente de Benjamín, de Fedeco, teníamos que cubrir el frente y a nosotros nos mandaron a cubrir la puerta trasera, pero nos quitaron porque éramos bien poquitos. Y en la puerta de la Aldama fue donde estuvo fuerte, donde se batalló muchísimo para quitar la toma de Palacio” narra Laura Avidez Sandoval, integrante del comité de madres quien apoyaba a este grupo que terminó siendo un grupo defensor de los derechos humanos. En la puerta frontal de Palacio se encontraban Las Doñas, acompañadas de Martha de los Ríos, Juan Aquino y Don José Covarrubias”.

“Ellas no pretendían llegar a eso, pero en el proceso se hermanaron con otras luchas y en ese proceso se fueron politizando, apoyaron un movimiento campesino, minero, estudiantil y comenzaron a ser referente de unión porque ellas no pertenecían a ninguna filiación políticas”, recalcó Laura Gaytán.

Martha de los Ríos era la única que tenía un perfil de formación porque era maestra y venía de la lucha del magisterio, ella tenía otra trayectoria. Pero, pese a las limitantes que tuvieron, lograron reunirse con presidentes y funcionarios exigiendo la aparición con vida de sus hijos.

Entre los mandatarios, lograron reunirse con José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari.

Las madres desarrollaron la actividad de búsqueda de sus hijos desaparecidos por causas políticas. Iniciaron sus trabajos en la década de los 70’s y para la década de los 90’s la actividad ya era menor, aunque continuaba con otro tipo de movilizaciones, como cuando se unían a la creación de organismos como Comité de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac),

Ellas, que no pasaba de una decena de mujeres, tomaron carreteras, exigiendo la creación de una ley de amnistía en 1988.

En los años que le quedan a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no se aclarará el tema de las desapariciones de personas durante la “guerra sucia” de los años 70s, aseguró Diego Lucero Estrada, hijo del guerrillero Diego Lucero Martínez.

Integrante del colectivo “Nacidos en la Tempestad”, cuyo objetivo es esclarecer aquellos hechos, Lucero Estrada señala que hay una falta deliberada de investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), ya que, de ocho ministerios públicos que se tenían en el 2022 se ha reducido a dos.

En entrevista para Norte de Chihuahua, el activista dijo que las organizaciones de búsqueda de desaparecidos mantienen una exigencia a la FGR para que se involucre en las indagatorias en el tema.

“La Fiscalía tiene que tomar armas en este asunto, tiene que dedicarle espacio para que los responsables, que estén con vida, se lleven prisión aunque sea domiciliaria”, dijo.

“Es necesario que se conozca que ellos no son unos héroes por las acciones que se llevaron a cabo dentro de la década de los sesentas y principios de los noventa”, añadió.

Acusan familiares que la FGE obstaculiza la búsqueda

Señaló que con la reducción de elementos del Ministerio Público la FGE obstaculiza de forma premeditada el esclarecimiento, dejando a México como un país impune ya que no se ha logrado la detención de los causantes de la desaparición de cientos de jóvenes.

El país, continuó Lucero Estrada, es uno de los pocos que no ha logrado la detención de quienes realizaron acciones de desaparición y tortura en contra de los militantes de grupos subversivos en aquella época.

“En todos los países de América Latina hay gente presa y aquí nosotros no podemos encarcelar a nadie. Ni a los gatilleros, ni a los que torturaban o a los que comandaban o llevaban a cabo los vuelos de la muerte”, puntualizó el hijo del guerrillero Diego Lucero Martínez.