Héctor Villasana

Defensa del exgobernador César D.J., impugnará la decisión de la jueza de control, Delia Valentina Meléndez, quien negó la solicitud de sobreseimiento al exmandatario al desestimar el argumento de que los delitos prescribieron.

La defensa tiene 15 días para interponer un amparo tras negarse el sobreseimiento por la carpeta 3041/2019, donde se acusa al exmandatario por el desvío de recursos del erario público por 96 millones de pesos.

Al respecto, el abogado defensor del exgobernador, Héctor Villasana, dijo que se interpondrá una demanda de amparo en los juzgados federales, por lo que esperarán que la justicia federal si los apoye.

Con esa acción, agregó, se espera que el imputado no llegue a la audiencia intermedia o el juicio oral.

El litigante recalcó que este viernes continuarán con la revisión de los documentos de la carpeta de la investigación para llevar a cabo la audiencia intermedia, la cual se fijará una vez concluida dicha revisión.

“Se tienen algunos archivos que no se han podido abrir debido a problemas de los ministerios públicos”, indicó.

Villasana señaló que por lo tarde que concluyó ayer la audiencia el imputado no estará presente en la diligencia de hoy.

Una demanda en contra de la jueza Delia Valentina Meléndez Olivas fue presentada por la defensa del exgobernador César D.J., a quien acusan de sostener actitudes ilegales y sospechosas, así como ser una jueza de consigna.

Héctor Villasana Ramírez, abogado defensor del exmandatario, señaló que tras la suspensión de la audiencia por motivo de salud, el Código Nacional establece que se debe de convocar a audiencia durante las 48 horas posteriores, situación que fue negada ya que para la jueza no habían cambiado las condiciones. Por lo que esta determinación es ilegal y es constitutiva de delito, dijo el defensor.

El abogado aseguró que Meléndez es y fue una jueza de consigna dentro de la administración de Javier Corral, por lo que se hará de conocimiento del Fiscal General y se llevará a cabo también la denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia.

Por tal motivo buscarán el recurso de revocación de la jueza, ya que desde la pasada administración la actitud de Meléndez Olivas es la misma, lo que ha originado amparos en su contra y sentencias por la violación de los derechos humanos por su actuación.

Cuatro abogados encabezados por Héctor Villasana Ramírez asumirán la defensa del exgobernador César D.J., quien actualmente se encuentra recluido en el Cereso No. 1, acusado de cometer los delitos de peculado y asociación delictuosa, ambos en la modalidad de agravados.

Junto con Villasana, estarán en la defensa del exmandatario los litigantes Enrique Eduardo Muñoz, Irving Anchondo Valdez y Luis Carlos Mendoza.

“La estrategia es abonar a lo que está en proceso, que son los juicios de amparo en contra de la revisión de la medida cautelar y atender a la audiencia intermedia que esta próxima a realizarse”, dijo Villasana.

En entrevista, explicó que se trabajará en el punto de sobreseimiento, que es una decisión judicial de poner fin al proceso penal.

Para ese efecto, se están analizando todas las posibilidades, ya que consideran que se cuenta con la suficiente información que pudiera desvirtuar la acusación.

Dicha información pudiera comprobar que los apoyos por los que está siendo señalado el exmandatario fueron entregados a los beneficiarios, agregó.

A eso se suma, dijo, que por lo que se le acusa a César D., es un procedimiento administrativo y no penal, por lo que preparan los argumentos para plantearlo en la siguiente audiencia que se celebrará el mes de abril.

Otro punto en el que insistirán tiene que ver con la prisión preventiva, ya que buscan que el exfuncionario estatal pueda llevar a cabo el proceso en prisión domiciliaria.

El abogado señaló que buscarán apegarse a pronunciamientos sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a que este delito no amerita prisión preventiva.

Explicó que este derecho se da por varias razones entre las que se encuentra el hecho que lleva privado de la libertad más de dos años.

“El delito no amerita prisión preventiva y el delicado estado de salud en el que se encuentra, pone en riesgo la vida del exmandatario”, afirmó.

Dentro del centro de reclusión no recibe la atención médica que requiere dado su estado médico, a eso se suman las condiciones de los penales que hacen inminente un riesgo a la integridad del imputado, por la envergadura que tuvo cuando administraba el gobierno estatal, señaló.

César D.J., fue extraditado el 2 de junio del 2022 de una cárcel de Miami, Estados Unidos, por los delitos de asociación delictuosa y peculado, ambos en modalidad agravada, por lo que se le acusó al también exdiputado de desviar 96 millones de pesos.

D.J., gobernó el estado del 4 de octubre del 2010 al 3 de octubre del 2016. Lo sucedió en el cargo el panista Javier Corral Jurado, quien desde su campaña anunció como su principal oferta de gobierno enviarlo a prisión por el presunto desfalco que le hizo a las arcas estatales.

Desde el 8 de junio del 2022, por fallo del juez de control Humberto Chávez Allende, el político originario de Balleza, Chihuahua fue vinculación a proceso por los delitos de asociación delictuosa y peculado agravado, por lo que ha permanecido recluido en el penal de Aquiles Serdán.