ICHD

La diputada Leticia Ortega Máynez (Morena), presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, anunció que emprenderá acciones para que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), aplique sanciones más severas contra funcionarios o exfuncionarios que hicieron mal uso de los recursos públicos.

El TEJA tiene que responder a la altura de las circunstancias, dijo la legisladora al ser cuestionada sobre las sanciones que está aplicando este organismo judicial, particularmente en el caso del exdirector del Instituto de Cultura Física y Deporte, Juan Pedro Santa Rosa, a quien castigaron con tres meses de inhabilitación por un manejo inadecuado de 1.3 millones de pesos.

La diputada juarense mencionó en entrevista que ya se encuentra analizando si como Poder Legislativo se puede llevar a cabo algún tipo de acciones con el fin de que las sanciones puedan llegar a ser más duras, sin embargo, es algo que calificó como complejo.

“De que nosotros podamos modificar es complejo, ya que el tribunal de acuerdo a los hechos presentados toman algún criterio, por lo que tenemos que revisar las leyes para que con base a leyes específicas pudiéramos incidir, pero lo estoy investigando”, señaló.

En principio, se debe analizar los criterios que aplican los miembros del TEJA para sancionar, agregó.

“Nosotros quisiéramos revisar eso, porque no es cuestión que se quede en una sentencia que a todas luces es improcedente y mínima”, recalcó en materia de la sanción en contra del extitular de Instituto Chihuahuense del Deporte en la administración de Javier Corral.

La mínima sanción impuesta por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) al exdirector del Instituto Chihuahuense del Deporte (ICHD), Juan Pedro Santa Rosa González, da un mensaje de impunidad ante actos de corrupción, afirmó el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Héctor Acosta Félix.

Si no se aplican las sanciones máximas que establece la ley, se está mandando un mensaje en favor de la corrupción, y en perjuicio del trabajo de auditoría y de rendición de cuentas, afirmó el titular de la ASE.

Acosta Félix se refirió así a la inhabilitación por apenas seis meses al exfuncionario de la administración del gobernador Javier Corral Jurado, por cometer actos de conflicto de interés en operaciones por 1.36 millones de pesos.

Según lo documentó la ASE en las auditorías practicadas, Santa Rosa otorgó contratos, por la suma antes mencionada, a la empresa “LBE Chihuahua, S.A.P.I. de C.V.”, sociedad de la cual era el secretario del Consejo de Administración, lo que le valió la sanción del TEJA.

Señaló el titular de la ASE que la ley establece la penalidad máxima, que es una inhabilitación para ocupar cargos públicos de 10 a 20 años, cuando el acto irregular equivalga a 200 Unidades de Medida de Actualización (UMA´s), que sería el caso de la falta que se le atribuye al exdirector del Instituto Chihuahuense del Deporte.

“El TEJA impuso esa penalidad mínima porque, en el acto atribuido al exfuncionario sancionado, no hubo daño o perjuicio al erario estatal”, comentó Acosta.

Sin embargo, agregó, sí hubo un beneficio y esa sería razón suficiente para aplicarle la sanción más grave.

No sería la primera vez en la que el titular de la ASE se queja de las sanciones que aplica el TEJA a los servidores públicos que cometieron actos irregulares o desvíos de recursos públicos.

Mencionó que, a la fecha, han presentado 66 denuncias, pero de estas se han derivado únicamente seis sanciones y todas con la penalidad mínima.

En cambio, por la vía penal han presentado 70 denuncias y de éstas se han generado seis sentencias condenatorias. “Parece que tenemos más éxito con la Fiscalía Anticorrupción que con el TEJA”, señaló.

En espera de que reciban la notificación del fallo, Acosta Félix adelantó que presentará un recurso de apelación. El problema agregó, es que al no existir en Chihuahua un Consejo de la Judicatura para efectos administrativos, el TEJA será quien revise la apelación contra sí misma.

“Es increíble, pero la sanción social ha sido mucho más severa que las impuestas por la autoridad administrativa”, subrayó.

Esta ligereza en las sanciones “se traduce en un mensaje de corrupción”, advirtió.

“Si la sanción no es ejemplar el mensaje que se da, de que la sanción bien vale la pena la falta”, concluyó.

Para la bancada del PAN en el Congreso del Estado, es “insuficientes” la sanción que le impuso el Tribunal de Estatal de Justicia Administrativa al exdirector del Instituto Chihuahuense del Deporte (ICHD) en el periodo de gobierno de Javier Corral.

El coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez Madrid, se refirió así a la sanción aplicada a Juan Pedro Santa Rosa, titular del ICHD, señalado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) como responsable del desvío de un millón 360 mil pesos para beneficio de empresas donde él tenía cargos de dirección.

“Respetamos mucho la decisión de los órganos autónomos del estado, sin embargo, considero que es insuficiente esa sanción más cuando no está acreditado la falta administrativa”, dijo.

El líder de la bancada albiazul consideró que la sanción no es suficiente y más “cuando está acreditado la sanción”.

Chávez Madrid destacó que por un lado el Tribunal refleja el trabajo al llevar a cabo esta sanción, sin embargo, recalcó que éstas deben de ser ejemplares.

Juan Pedro Santa Rosa quien fue director del ICHD en la administración de Javier Corral Jurado, es acusado por el desvío de recursos por un monto de un millón 360 mil pesos a la empresa “LBE Chihuahua, S.A.P.I. de C.V.”, sociedad de la cual el exfuncionario era el secretario de su Consejo de Administración, y el otro con el C. Tomás Hernández Silos donde fue presidente del consejo de la empresa.

El desvío de recursos procede del año 2019, donde se fincaron las averiguaciones en el Juicio de Responsabilidad Administrativa identificado como E 034/2022-2.

Juicio que inició tras presentarse una denuncia por parte de la ASE, luego que ésta reuniera los elementos suficientes sobre los convenios de concertación con una persona moral y con una persona física con las cuales guarda una relación personal y de negocios.

El 14 de octubre de 2020 fue cuando la ASE recibió una denuncia ciudadana. El 10 de mayo de 2021, la dependencia estatal inició una auditoría al instituto que encabezaba Santa Rosa que concluyó el 15 de diciembre del mismo año con la presentación la resolución ante la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado de Chihuahua.

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) inhabilitó para ocupar cargos públicos al exdirector del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física (ICHD), Juan Pedro Santa Rosa González, por cometer actos de conflicto de interés en operaciones por 1.36 millones de pesos.

La sentencia, emitida este 16 de febrero, se derivó de una denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua (ASE), después de que ésta encontrara los contratos del ICHD con la empresa “LBE Chihuahua, S.A.P.I. de C.V.”, sociedad de la cual el exfuncionario era el secretario de su Consejo de Administración.

En un comunicado, la ASE informó que “Juan N.”, como lo refiere en su informe a los medios de comunicación, firmó convenios de concertación con una persona moral y con una persona física, Tomás N., accionista y presidente del Consejo de Administración de dicha empresa con las cuales guarda una relación personal y de negocios.

Esos movimientos corresponden a la revisión de la Cuenta Pública 2020, que corresponden al periodo de gobierno de Javier Corral Jurado.

De los resultados obtenidos en la auditoría que se le practicó al ICHD, se pudo conocer que el día 7 de enero de 2020, es decir, apenas 43 días después de la constitución de “LBE Chihuahua, S.A.P.I. de C.V”, Juan Pedro Santa Rosa, quien para entonces era director de ese organismo de gobierno, firmó un convenio con dicha empresa por 516 mil pesos.

El motivo del contrato era la de hacer promoción del basquetbol femenil, varonil y juvenil en el estado de Chihuahua.

Luego, el 1 de septiembre de 2020, el mismo funcionario firmó el convenio de concertación de acciones número 22/2020 por 767 mil 826.93 pesos, cuyo objeto fue el concertar acciones y coordinar esfuerzos con la finalidad de fomentar y apoyar a la Liga Profesional de Basquetbol de Chihuahua, con la persona moral “LBE CHIHUAHUA, S.A.P.I. de C.V.”, representada por su apoderado legal, el C. Tomás N.

El 14 de octubre de 2020, la ASE recibió una denuncia ciudadana en la cual principalmente se relató que servidores públicos adscritos al ICHD, entre ellos su exdirector, crearon sociedades con la finalidad de verse beneficiados con contratos de prestación de servicios profesionales para la promoción del deporte en el estado de Chihuahua.

Desahogada la audiencia inicial e integrado en su totalidad el expediente de presunta responsabilidad administrativa, la ASE lo remitió al TEJA el día 27 de abril de 2022, quien el día 16 de febrero de 2023, resolvió que se acreditó la existencia de responsabilidad administrativa a cargo del C. Juan N, inhabilitándolo para ocupar cargos públicos.