La diputada Leticia Ortega Máynez (Morena) cuestionó la labor que realizan tanto la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) como el del Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHM) para erradicar la violencia de género y esclarecer los crímenes en perjuicio de mujeres ocurridos en la entidad.
En la tribuna del Congreso, la legisladora juarense mencionó que, en lo que va del año, se han registrado 198 homicidios dolosos de mujeres, de los cuales, solo 43 se han considerado como feminicidios.
Agregó que tanto el municipio de Chihuahua como el de Juárez, continúan en la lista de las 15 demarcaciones municipales del país con mayor violencia feminicida.
Aunque los feminicidios en Chihuahua y Ciudad Juárez son una preocupación constante, la violencia de género afecta también a otros municipios de la entidad, señaló.
En los últimos años se han impulsado leyes y tratados internacionales para proteger los derechos de las mujeres, pero la violencia sigue siendo un fenómeno alarmante y extendido en todo el país, añadió.
Ante esta situación, ha planteado las siguientes preguntas a las autoridades para conocer con mayor detalle las estrategias implementadas y los resultados obtenidos hasta el momento:
1. ¿Qué medidas ha implementado para prevenir y atender la violencia contra la mujer en el Estado?
2. ¿Qué acciones están realizando desde la Fiscalía General del Estado y el Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMujeres) para prevenir los feminicidios en el Estado?
3. ¿Cuáles son los resultados que se esperan alcanzar con estas medidas?
4. ¿Cuál es la capacitación que reciben los agentes encargados de catalogar o diferenciar un homicidio de una mujer con un feminicidio?
5. ¿Cuáles son los programas de protección a mujeres en situación de riesgo o víctimas de violencia que se encuentran activos en este momento?
6. ¿Cuántos casos de feminicidio ocurridos durante el 2024 han sido resueltos y cuántos permanecen en investigación?
La morenista, quien representa al Distrito II con cabecera en Juárez, calificó de “urgente” la acción de las autoridades de todos los niveles para garantizar justicia para las víctimas y prevenir nuevos feminicidios.
La lucha contra la violencia feminicida debe ser una prioridad en la agenda estatal y nacional, pues la seguridad de las mujeres es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado, concluyó.
