El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, advirtió que el decreto denominado de Fortalecimiento Financiero del Estado por considerarlo “inconstitucional” y producto de una votación en el Pleno del Congreso que tenía vicios de origen.
El legislador aseguró que sí es posible demandar la nulidad del mencionado marco legislativo ante la Corte, porque se aprobó con una cantidad de votos menor a las dos terceras partes que establece la legislación estatal para avalar la contratación de un crédito o la reestructuración de otros ya existentes.
Según el líder del grupo morenista, la votación realizada en el pleno no cumplió con los requisitos constitucionales, ya que, aun cuando la Mesa Directiva sostuvo que había quórum de 33 diputadas y diputados, el decreto solo obtuvo 20 votos a favor, cuando se requerían al menos 22 para integrar las dos terceras partes.
Estrada Sotelo señaló que, al momento del pase de lista, había 33 diputados presentes en la sesión, por lo que se requerían 22 votos para aprobar una reforma de esa naturaleza.
El hecho de que tres diputadas se encontraran fuera del recinto al momento de votar no quita que se necesitara la asistencia de 33 diputados y, por tanto, la necesidad de 22 votos, afirmó.
Además, precisó que al revisar decreto por decreto, el propio registro legislativo evidencia que en la votación participaron 31 legisladores, por lo que la mayoría calificada exigida era de 21 votos, cifra que tampoco se alcanzó.
Además de todo, es inconstitucional, afirma
Acerca del Paquete Económico, el cual incluía la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, mas la mencionada “Ley de Fortalecimiento Financiero del Estado”, afirmó que viola la constitución del país, porque no garantiza las subvenciones que debe dar el gobierno a las personas que padecen alguna discapacidad.
“El problema no es solo político, es constitucional. La aritmética legislativa es clara y no admite interpretaciones a conveniencia”, sostuvo el coordinador de Morena, quien anticipó que el decreto será impugnado por no cumplir con los principios de legalidad y certeza jurídica.
El diputado morenista también advirtió que el paquete aprobado contiene otras disposiciones que podrían vulnerar derechos constitucionales, como la omisión de garantizar la pensión universal para personas con discapacidad, el incumplimiento del presupuesto participativo del 5% establecido en la Constitución local y una Ley de Derechos que impacta directamente a sectores vulnerables.
En este último punto, Estrada Sotelo destacó el incremento en el costo de estudios médicos y servicios del DIF estatal, como la electromiografía, cuyo precio —dijo— se duplicó, afectando a personas sin acceso a sistemas de seguridad social.
Asimismo, cuestionó la legalidad del aumento al Impuesto Sobre Nóminas, al considerar que podría violar los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, al concentrar la carga fiscal en un solo sector productivo.
“El decreto se presentó como un mecanismo de fortalecimiento financiero, pero en realidad exhibe debilidad jurídica y una falta de sensibilidad social”, afirmó el legislador, quien subrayó que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que determine su constitucionalidad.
Finalmente, Estrada Sotelo sostuvo que el caso pone en evidencia prácticas legislativas que, lejos de fortalecer las finanzas públicas, debilitan la confianza institucional y el Estado de derecho en Chihuahua.
