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impugnaciones

La conformación del próximo Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua podría definirse hasta finales de este mes y registrar más cambios, que se sumarían a los ya realizados durante la semana recién concluida.

Tras la revocación de las actas de mayoría de cinco candidatos hombres a cargos de magistrado para otorgárselas a mujeres que obtuvieron una votación mayor, aún queda pendiente la situación de tres magistrados electos, quienes podrían quedar fuera del máximo tribunal del estado por razones académicas.

Información del Tribunal Estatal Electoral (TEE) indica que siguen en trámite las impugnaciones contra las constancias de mayoría de Gerardo Javier Acosta Barrera (107 mil 331 votos), José Luis Chacón Rodríguez (74 mil 42) y Rubén Aguilar Gil (69 mil 835).

La candidata a magistrada Judith Ávila Burciaga y el recientemente removido de la lista de ganadores, Héctor Villasana, promovieron recursos en los que señalan que ni Aguilar Gil, Acosta Barrera o Chacón Rodríguez cumplen con los requisitos de elegibilidad.

El principal señalamiento es que ninguno de ellos alcanza el promedio mínimo de calificación exigido en sus estudios profesionales. Según el recurso, Aguilar Gil concluyó la Licenciatura en Derecho con un promedio de 7.5, mientras que Acosta Barrera obtuvo 7.4.

En el caso de Chacón Rodríguez, se le atribuye no contar con un promedio mínimo de 9 en los estudios de especialidad correspondientes a la materia penal, en la que fue electo magistrado.

Además, Aguilar Gil enfrenta otra impugnación por haber sido inscrito mediante “pase directo”, es decir, sin pasar por el filtro de los comités de evaluación o la selección final de candidaturas mediante el sistema de tómbola.

Al momento del registro de aspirantes, ocupaba el cargo de encargado de sala, pero no el de magistrado electo.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) analiza los casos y resolverá a más tardar el 31 de agosto.  El nuevo TSJ rendirá protesta el 1 de septiembre de este año.

La semana pasada, el TEE ordenó revocar cinco constancias de mayoría a candidatos que obtuvieron votaciones menores que candidatas mujeres en la misma elección, pero que habían quedado fuera del TSJ.

Los removidos fueron: Héctor Villasana Ramírez y Jesús David Flores Carrete (Materia Penal), Javier Alberto Torres Pérez (Materia Familiar), así como Saúl Eduardo Rodríguez Camacho y Roberto Andrés Fuentes Rascón (Materia Civil).

En su lugar, se asignaron los cargos a Laura Guadalupe Ocón Bailón e Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez (Penal), Elvia Mariela Salvador Navejas y Adriana Salcido Burrola (Civil), y Sara Julieta Muñoz Andrade (Familiar).

La Defensoría de Instituto Estatal Electoral recibió 72 impugnaciones de grupos y colectivos representantes de poblaciones en situación de vulnerabilidad, por no tener acciones afirmativas “contundentes” para la participación política de las comunidades LGBT+, indígenas, con discapacidad y juventudes en las candidaturas rumbo al 02 de junio del 2024.

Las impugnaciones son del tipo JDC, que son Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales de la Ciudadanía, en los que pidieron obligar a los partidos políticos a postular candidaturas de sus grupos para las diputaciones, alcaldías y regidurías de mayoría relativa y regidurías de representación proporcional.

Los recursos jurídicos se dividieron en 12 impugnaciones correspondientes a grupos de la diversidad sexual, 39 impugnaciones de personas con discapacidad, 20 impugnaciones de personas indígenas y 1 impugnación enfocada a las juventudes.

Los colectivos denunciaron que no se sienten representados, ya que las acciones afirmativas actuales obligan a los partidos a sí incluir en las candidaturas de diputaciones y las candidaturas independientes a postular personas con discapacidad o de la comunidad LGBT, pero el partido puede elegir entre un grupo u otro.

Lo s mismo ocurre con los grupos indígenas, además de que específicamente con esta población, no se cumplió con el principio de progresividad.

Cuatro acciones de inconstitucionalidad presentadas por senadores y diputados de oposición contra diversas reformas, entre ellas la que permite al Ejército operar una aerolínea y la que desapareció el polémico Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), fueron admitidas a trámite por una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En la lista de notificación de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad, la SCJN informó que se designó a una ministra instructora y se ordenó la acumulación de los recursos 121/2023, 123/2023, 139/2023, 144/2023.

“Se admiten a trámite las acciones de inconstitucionalidad que hacen valer, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que puedan advertirse de manera fehaciente al momento de dictar sentencia. Se habilitan los días y horas que se requieran para llevar a cabo la notificación de este proveído”.

En abril de este año, el Congreso de la Unión aprobó reformas a la Ley de Aeropuertos y a la Ley de Aviación Civil, que permiten a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) operar una aerolínea que entrará en operación, según el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, senadores y diputados de la mayoría de Morena avalaron la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Dichas reformas fueron aprobadas durante el llamado “Viernes Negro”.

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