incendio

De acuerdo a la tarjeta diaria de incendios de la Comisión Nacional, el estado de Chihuahua mantiene hasta el 29 de marzo a las 21:30 horas, 5 incendios activos y 4 incendios liquidados en 70 hectáreas de superficie, con un total de 136 combatientes.

Los incendios activos permanecen en Guadalupe y Calvo en la comisaria de Llano del Salado bajo control al 100 por ciento; en el Ejido San José Aguayo y el Ejido de San Ignacio de Arareco del municipio de Bocoyna al 40 y 70 por ciento de control en este momento y cuya superficie afectada asciende a 27 hectáreas.

También en la propiedad de Agua Caliente de Peña, se reporta activo otro incendio en proceso de atención, con una hectárea afectada; mismo caso del incendio activo en el Ejido Santa Anita de Guachochi con una superficie preliminar de 4 hectáreas.

Al momento, los incendios liquidados se reportan en el municipio de Guerrero en Ejido Javier Rojo Gómez y Ejido Heredia; en el municipio de Guadalupe y Calvo en la comunidad Buena Vista de Atascaderos y por último, en el municipio de Guachochi en Ejido Basihuare, Ejido Choguita y Ejido Tetahuichi.

La Conafor informó que cuenta con un sistema de alertas tempranas con información satelital que detecta puntos de calor, 130 campamentos, 70 torres de control, 487 vehículos, 60 carros bomba y el apoyo de Sedena, Semar, Conagua y los Gobiernos Estatales para el uso de helicópteros con helibaldes, en caso de ser necesario.

Para reportar incendios forestales puede llamar al 800 737 00 00 o al 911.

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña recordó que a un año del siniestro en Ciudad Juárez, en el que fallecieron 40 personas y 27 resultaron migrantes heridos, no hay sentenciados ni reparación del daño a las víctimas y sus familias.

“Las personas sujetas a proceso no han sido sentenciadas y siguen ostentando sus puestos en el Gobierno Federal y van a Juárez a cumplir con el requisito del juzgado, en esta fecha recordar la obligación de la Federación para vigilar los derechos de los ciudadanos”, denunció.

El funcionario estatal señaló que esto es prueba de la falta y omisión de una política migratoria en la frontera, en la que se esperan medidas de no repetición y que es lamentable que el Instituto Nacional de Migración reinicie trabajos en el recinto donde ocurrió el trágico accidente.

“No sé si el plan sea volverlo a poner en funcionamiento, pero que el tiempo no nos haga olvidar y se haga justicia a las víctimas y que se inicie aprovechando el aniversario una política migratoria seria y eficaz”, concluyó.

El 27 de marzo de 2023, la Estación Provisional Migratoria Lerdo del Instituto Nacional de Migración, sufrió un incendio, cobrando la vida de personas provenientes de Centro y Sudamérica, principalmente de Guatemala, Venezuela, El Salvador y Honduras.

Hasta el momento, el caso se mantiene congelado, hay dos venezolanos y un guardia detenido, así como 6 empleados federales, mientras que los mandos principales del INM permanecen en libertad.

A un año del incendio que cobró la vida de 40 migrantes y dejó otros 27 lesionados en la estación provisional migratoria Lerdo en Ciudad Juárez, el Instituto Nacional de Migración anunció que se eliminaron candados y cerrojos en puertas de acceso internas de estaciones migratorias y estancias provisionales.

A través de un comunicado de prensa, el INM anunció que de igual manera se retiraron barrotes de puertas y ventanas y se sustituyen por acrílicos

En el periodo 2019-2024, 13.4 millones de personas migrantes extranjeras arribaron al país de manera irregular en su intento por llegar a la frontera norte, se informó.

La medida tiene como fin garantizar la no repetición de hechos que atenten contra la integridad y vida de las personas migrantes extranjeras que transitan en contexto de movilidad.

El Instituto Nacional de Migración (INM) afirmó que trabaja en la mejora y modernización de sus espacios de alojamiento e infraestructura con el propósito de responder a su misión de atender con perspectiva humanista y de respeto a los derechos humanos.

De las 54 estancias con las que cuenta el INM para alojar a la población migrante, 33 continúan suspendidas temporalmente desde el 29 de abril de 2023, cuando el instituto solicitó formalmente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) certificar sus condiciones y determinar cuáles deben cerrar, rehabilitarse o continuar, se dio a conocer.

En tanto, 17 ofrecen atención integral con capacidad para alojar cuatro mil 786 personas; cuatro de estas sedes con alta capacidad de concentración: Tapachula, Chiapas (960); Acayucan, Veracruz (836); Villahermosa, Tabasco (532), e Iztapalapa, Ciudad de México (502), añade el comunicado.

A partir del 20 de junio de 2023, la autoridad migratoria señala que implementó un programa integral y progresivo en materia de protección civil para sus espacios de alojamiento.

Dicho programa consiste en la instalación de puertas de emergencia, retiro de rejas, eliminación del uso de candados y cerraduras en todas las áreas de tránsito y flujo interno de las personas alojadas, así como la eliminación de barrotes de puertas y ventanas, instalación de vidrio plástico y detectores de humo.

De las 54 estaciones migratorias, 53 cuentan con equipos de extinción de incendios; de manera permanente se supervisa su operatividad y la carga vigente de los extintores, afirman.

A la fecha se han instalado mil 511 detectores de humo en espacios de alojamiento migratorio y en nueve instalaciones se han colocado tomas de agua para incendio (hidrantes), así como 23 alertas sísmicas, añaden.

El INM refirió que se ordenó el retiro inmediato de las rejillas de protección metálica de medallones y costados de 424 unidades vehiculares de transporte que se utilizan para el traslado de personas migrantes extranjeras en el país.

En cuanto a las 33 estaciones provisionales que dejaron de funcionar temporalmente, después de la revisión y supervisión de la CNDH se acondicionaron en materia de protección civil y mecanismos de desalojo inmediato en casos de emergencia, se aseveró.

Actualmente, la estación migratoria Lerdo-Stanton de Ciudad Juárez, Chihuahua, se encuentra bajo resguardo de la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de la carpeta de investigación derivada del incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023.

De 2019 a la fecha, han ingresado a observar instalaciones migratorias 33 mil 149 representantes de dichas instancias. En ese mismo lapso, el INM registró el tránsito por territorio mexicano de 13 millones 492 mil 177 personas migrantes irregulares, lo que convierte a México en uno de los países en el mundo con mayor flujo de seres humanos que buscan llegar a los Estados Unidos por cualquier medio, apunta el comunicado.

Cumplir de manera inmediata la recomendación de la CNDH, relativa a la reparación del daño a las 90 víctimas reconocidas del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez y la separación del cargo al Comisionado Nacional Francisco Garduño Yáñez, mientras se resuelve su situación jurídica, exigió el Congreso de Chihuahua al Gobierno federal.

A la Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Auditoría Superior de la Federación les solicitó:

Valorar con realismo la eficacia de los programas temporales como “Vuelta a la Patria”, así como remitir de inmediato a esa soberanía el contenido integral del convenio firmado entre México y el gobierno de Nicolás Maduro para su análisis.

También les pide responder: ¿Cuánto dinero destinará realmente el Gobierno Federal a este programa? ¿De dónde saldrán esos recursos? ¿Se desviarán partidas de programas sociales dirigidos a mexicanos? ¿Por qué se prioriza el apoyo a un país extranjero por encima de las necesidades de los connacionales? La cantidad de venezolanos migrantes en México asciende a cientos de miles, ¿están calibrados los apoyos económicos para hacer frente a esta posible avalancha?

Otra de las peticiones es que hagan pública y transparente toda la información relativa al total de los recursos que se destinarán al convenio “Vuelta a la Patria”, así como el origen específico de esos fondos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Finalmente, les solicita que se implementen mecanismos de control, seguimiento y auditoría puntuales que garanticen que los recursos económicos enviados a Venezuela arriben de manera íntegra y transparente a los migrantes retornados, sin desviaciones ni actos de corrupción.