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El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) inhabilitó por un año para participar en adquisiciones, servicios, arrendamientos, servicios u obras públicas y el pago de 40 mil pesos contra J.C.A.M., particular que presentó documentos alterados para obtener un apoyo económico.

A través de un comunicado de prensa, se dio a conocer que la Auditoría Superior (ASE) presentó la denuncia tras la revisión al Plan Emergente de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas por Covid-19, implementado en el 2020 por el Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades del Estado de Chihuahua (Fideapech).

Se señala en el informe que el particular se benefició con 40 mil pesos (mismo monto a resarcir), destinados por el Fideapech como ayuda para el pago de nómina a las empresas que se vieron afectadas por la pandemia.

El ahora sancionado presentó 12 recibos por pago de sueldos, supuestamente timbrados por el SAT, y, que al realizar la auditoría resultaron apócrifos, se indicó.

Los comprobantes citados antes eran requisito central para acreditar la necesidad señalada en el programa ejercido en la Cuenta Pública 2020, agrega el reporte.

En la sentencia se estableció la conducta como dolosa, pues la alteración de los recibos tenía el fin de solicitar y obtener el beneficio económico, situación que ahora es causa de la inhabilitación y penalidad monetaria, se especificó.

La resolución del TEJA emitida por la Quinta Sala Unitaria a cargo de la Magistrada Priscila Soto Jiménez fijó la existencia de responsabilidad por la falta grave de utilización de información falsa y notificada a la ASE como parte denunciante, apunta el reporte.

 Mónica Vargas Ruiz, exsecretaria de Función Pública en el último periodo del gobierno de Javier Corral, fue sancionada por el Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de la Función Pública.

Lo anterior a pesar del amparo interpuesto por la que fuera funcionaria de la Función Pública en la administración corralista.

Vargas fue inhabilitada por lo que no podrá ejercer cargos públicos por tres meses, sanción que giró la OIC de la SFP del actual gobierno estatal.

La sanción tiene que ver con la investigación administrativa que abrió el OIC en marzo del año 2022, resultando ahora en una inhabilitación de cargos públicos.

En junio del 2022 llegó Mónica Vargas a comparecer a las oficinas de la SFP en la Calle Victoria, acompañada de sus abogados, sin hacer declaraciones públicas.

Parte de la investigación era sobre posible inacción judicial de la dependencia cuando ella estuvo al frente en contra de exfuncionarios duartistas.

Según el expediente de la sanción ahora girada, habría incurrido en una responsabilidad administrativa en el incumplimiento de la obligación de proporcionar de información y por una falta de aclaraciones en observaciones que sentó en el acta de entrega-recepción.

El extesorero de la administración municipal anterior, Gerardo “N”, fue inhabilitado 10 años luego de que la Auditoría Superior del Estado (ASE) le acreditara el desvío de recursos, por la contratación simultánea de dos particulares para la realización de funciones propias de su encargo como servidor público.

La sanción fue notificada esta semana por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) a la ASE, tras la determinación del Pleno de la existencia de responsabilidad administrativa grave cometida por el exfuncionario durante el ejercicio 2019, se informó a través de un comunicado de prensa.

Al realizar la fiscalización de la Cuenta Pública 2019, la Auditoría Superior encontró la contratación de dos despachos para tramitar ante la Secretaría de Hacienda estatal la devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR), cuando no era necesario realizar ningún procedimiento para ello, se indicó.

La resolución detalla que entre las causas que motivaron la sanción fueron: falta de evidencia del trabajo prestado por los despachos contratados.

También se incluye la injustificada contratación de los particulares al ser facultades y obligaciones del tesorero municipal la labor para la cual fueron requeridos y el incumplimiento a cabalidad de los requisitos legales para llevar a cabo la misma.

Estas precisiones fueron hechas por la ASE en el informe de auditoría y posterior presentación de expediente al TEJA, se informó.

Esta es la primera sentencia de inhabilitación por un periodo de 10 años obtenida por la ASE para un funcionario municipal del primer nivel y el segundo caso en determinarse esta misma penalidad, señala el reporte.

Como parte de las consideraciones previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la resolución está sujeta a la posibilidad de impugnación por parte del sancionado, apunta la ASE.

Gerardo “N”, fue tesorero del municipio durante la administración del hoy diputado federal Armando Cabada.

(mr)

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