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Este miércoles se instalaron las comisiones unidas de Desarrollo Social y de Derechos Humanos y Atención a Migrantes en el Congreso del Estado, en las que se analizará la iniciativa de Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad en la entidad.

Esta comisión está encabezada por legisladores de Morena, Magdalena Rentería y Gustavo de la Rosa Hickerson, quienes llevarán a cabo las reuniones, revisiones y dictamen correspondiente que garantice los derechos de este sector de la población, con seguridad médica y laboral.

En esta comisión también participan las y los diputados Ivón Salazar, Carlos Olson, Gabriel García Cantú, Rocío Sarmiento, Roberto Carreón y Luis Aguilar.

Hoy la Diputada de Acción Nacional, Rocío Sarmiento, presentó iniciativa con el propósito de derogar los decretos con fecha de 11 de abril y 25 de mayo de 1849, así como el del 31 de julio de 1880 en lo correspondiente a la Ley 4ª. de la Sección de Milicia y Guerra, a través de los cuales se faculta al Gobierno del Estado de Chihuahua a contratar voluntarios nacionales y extranjeros para hacer la guerra contra los llamados “indios bárbaros”, fijando cuotas por indio muerto o prisionero.

La conocida como Ley de Cabelleras, o como Contratas de Sangre, fue una ley que durante la segunda mitad del siglo XIX tuvo su más amplia aplicación en la guerra que libraron el pueblo mexicano y el pueblo apache, o n´dee/n´nee/n´dé.

Durante su exposición de motivos, la legisladora explicó la historia que se ha escrito alrededor del pueblo a quienes la cultura popular ha registrado con el nombre de apaches a raíz de los diversos documentos por los que se conoce su historia, y cuyo término, que significa “enemigos”, les fue asignado por los españoles a partir de su señalamiento por tribus contrarias a ellos.

Añadió que, hacia el último cuarto del siglo XVIII, aproximadamente en 1780, es cuando se encuentra la primera evidencia de que los gobiernos del norte tomaron la drástica medida de poner precio a los apaches, ofreciendo la cantidad de cien pesos por la cabeza de cada uno que se matara o que se lograra capturar.

En Chihuahua, la Junta de Guerra había pretendido imponer precios sobre las cabelleras de indios muertos en acción de guerra, pero el Consejo de Gobierno desaprobó la medida por considerarla inmoral.

A pesar de las intensas presiones sociales, el Gobierno aún esperaba que las acciones de pacificación, o que la defensa de los pobladores con el apoyo de las milicias locales, pudieran ser más exitosas que los contratos con mercenarios cazadores de cabelleras. Añadió Sarmiento.

Mencionó que el 11 de abril y el 25 de mayo de 1849 el Congreso del Estado de Chihuahua emitió dos decretos como complemento uno del otro, los cuales fueron publicados en el Periódico Oficial del Estado.

“A través de esas disposiciones, el Congreso del Estado de Chihuahua facultó al Gobierno para que pueda hacer la guerra contratando voluntarios, sean estos nacionales o extranjeros, y fija la cantidad de 200 pesos para pagar por cada indio de armas muerto, 250 por cada prisionero de esta clase, así como 150 pesos por cada india de cualquier edad o indio menor de catorce años presos”, complementó la legisladora panista.

Rocío Sarmiento expresó que lo más cercano a la intención de reivindicar los actos del gobierno contra los apaches a través de la Ley de Cabelleras o las Contratas de Sangre, fue la firma de la Reconciliación de La Paz entre el pueblo apache y el Gobierno de Chihuahua realizada en el año 2000, la cual ha sido documentada por fuentes periodísticas nacionales y locales, y promovida por la Asociación Civil, Proyecto Chihuahua Apache.

Por último, la legisladora destacó que: “El alcance de nuestra propuesta, tiene un alto significado social, humano, constitucional y legal, compromete nuestros valores y nuestra ética como legisladores y, al derogar la Ley de Cabelleras, nos permite dejar huella en la historia parlamentaria de Chihuahua al cumplir con nuestra obligación política y humanitaria, pero lo que es más importante, nos permite saldar la deuda ancestral con el pueblo apache, o n´dee/n´nee/ndé”.

La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional presentó una iniciativa para fomentar el uso de los Sistemas de Retención Infantil en los vehículos cuando se transporte a niños y niñas de 0 a 6 años de edad.

La propuesta fue presentada por la diputada Andrea Daniela Flores Chacón, durante la sesión 198 de la Segunda Diputación Permanente del Congreso del Estado.

En su comparecencia expuso que su iniciativa, con carácter de decreto, es con la finalidad de reformar las fracciones VII del artículo 36, VII del artículo 48 y XII del artículo 50; así como adicionar las fracciones VIII al artículo 48, XIII al artículo 50 y el inciso G) al artículo 91, todos de la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua.

Al referirse a la exposición de motivos, destacó que en México, los accidentes de tráfico son una de las principales causas de lesiones y muertes de niños y niñas, y la falta de uso de sistemas de retención infantil es un factor importante que contribuye a estas estadísticas alarmantes.

Dijo que según la Secretaría de Salud, esos accidentes son la principal causa de muerte en menores de entre 5 y 14 años, y la mayoría de estos decesos son causados por la falta del anclaje de una silla infantil para que los bebés y niños vayan sujetos adecuadamente y más seguros en caso de una frenada brusca o sufrir un accidente.

“Además, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) informó que el 80% de los niños que fallecen en accidentes viales en México no llevaban un sistema de retención infantil”, agregó Flores Chacón.

La iniciativa tuvo consenso y pasó a la Comisión de Revisión.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado aprobó el dictamen para modificar el Código Administrativo del Estado de Chihuahua y otorgar 10 días por permiso de paternidad.

En comunicado de prensa del Grupo Parlamentario de Morena, se informó que se dio un paso firme que ayude a garantizar un derecho fundamental a la convivencia familiar, al extender el permiso de paternidad a los trabajadores del Estado de 5 a 10 días hábiles, luego de analizar y discutir la iniciativa con carácter de decreto presentada por la diputada América García.

En reunión de Comisión la diputada del Partido Trabajo, Jael Argüelles Díaz, en su carácter de presidenta, así como el diputado de Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, expresaron su voto en sentido positivo.

La Organización Internacional del Trabajo señala que los permisos de paternidad permiten conciliar la vida laboral con la familiar, ya que en base a estudios de dicha institución los hombres que hacen uso de su licencia correspondiente tienen mayores niveles de involucramiento paterno, además de ser un factor determinante para que exista una participación igualitaria en los cuidados y el desarrollo del infante.

El comunicado señala que este decreto reformará el artículo 92 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, a fin de extender el permiso de paternidad y salvaguardar este derecho.

“Con esta extensión del periodo se podrán atender los días más críticos posterior al parto y con ello apoyar tanto a la mamá como al recién nacido en los días posteriores”, explicó la legisladora por Morena, América García.