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“Vamos a llevar a cabo una investigación exhaustiva” fue la respuesta del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Gilberto Loya Chávez, al ser cuestionado sobre denuncias de acoso laboral dentro de la Subsecretaría de Movilidad, mismas que dijo pudieran derivar en acoso sexual.

El funcionario señaló que este caso ya fue enviado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya que se tiene que atender la problemática sin importar en el área que se encuentren, en especial aquellas que puedan atentar contra mujeres.

Loya Chávez señaló que se tomarán las medidas que sean necesarias, tanto para la investigación como el resultado de la indagatoria, para conocer qué fue lo que pasó y tomar las medidas pertinentes.

Lo anterior, dijo, con la finalidad de que no se vuelva a repetir alguna situación similar dentro de las áreas o subsecretarías de Seguridad Pública estatal.

Cabe recordar que en el mes de marzo de 2022 elementos del área de Movilidad fueron separados de su cargo, luego de que una mujer denunciara la violación sufrida por parte de un elemento de Vialidad.

Ante esto no solamente el acusado fue retirado de su puesto, sino también al grupo que fue designado a tareas administrativas. Posterior a esto la Gobernadora dio a conocer un protocolo de actuación, que establece que las mujeres no serían detenidas por elementos masculinos.

Del 1 de enero al 29 de agosto de 2021, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha iniciado 31 carpetas de investigación en contra de al menos 23 aplicaciones denominadas “montadeudas”, por diversos delitos como cobranza ilegítima, fraude, fraude telefónico y hasta sexting.

Las llamadas empresas “montadeudas” ofrecen préstamos vía Internet bajo un modelo equiparado a la extorsión, por lo que se busca sancionar hasta con 7 años de prisión esta modalidad.

Estas apps se promueven con la promesa de dar préstamos, sin pasar por el Buró de Crédito, sin requisitos y en 5 minutos: se les conoce como “montadeudas”, pero no tienen control de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El modelo de cobro de interés diario que aplican, supera las tasas que las instituciones reguladas aplican, afectando grandemente a los ciudadanos.

La modificación al Artículo 224 del Código Penal del Estado de Chihuahua, propuesta por el diputado priista Omar Bazán, incorpora un inciso Xl, donde se impondrán las penas previstas en el artículo anterior, (7 años) a personas, despachos u organizaciones que simulan o se ostenten como intermediarios o instituciones financieras, para engañar y defraudar al público que busca un préstamo o crédito.

Dicho esquema ha venido creciendo a la par de las empresas de tecnología financiera (fintech) con el agregado de que roban tu información, extorsionan y hacen mal uso de los datos personales.

El Gobierno Federal ha identificado 660 aplicaciones que otorgan préstamos, hacen cobranzas indebidas y hacen mal uso de los datos personales para extorsionar.

En menos de un minuto, los montadeudas se apoderan de información personal bancaria, teléfonos de contacto, fotos y videos, dejando a los usuarios expuesto al acoso cibernético y a la extorsión.

Las llamadas apps “montadeudas” ofrecen créditos fáciles, aparentemente sin garantías y con bajos intereses. 

Sin embargo, sin previo aviso cambian las condiciones, con lo que los préstamos se vuelven impagables, realizan depósitos no solicitados o incluso exponen a los clientes a delitos como extorsión.

Lo anterior,  ya que al momento de utilizarlas, piden la entrega de datos personales sensibles como el ID del teléfono, lista de contactos, cámara y micrófono, galería de fotos, redes sociales e información íntima.

Estas alertas no han frenado la proliferación de estas aplicaciones. Con sólo buscar “montadeudas” en las distintas plataformas de distribución digital, como Google Play, se obtienen cientos de resultados de entidades financieras legítimas y otras no registradas.

De acuerdo con el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, la estafa parte de la oferta de un préstamo fácil e inmediato, prácticamente sin requisitos, pero luego, los intereses incrementan sin previo aviso hasta volverse impagables y ahí empiezan las amenazas para extorsionar al deudor.

Para el cobro, los delincuentes, que ya habían solicitado desde la app acceso al teléfono de la víctima, amenazan con exhibirla y desprestigiarla con sus contactos, difundir material íntimo o lastimarla a ella y a sus familiares.

Llegan incluso a hacer montajes o amenazan a la gente con ser exhibidos como abusadores sexuales, pederastas, o de matar a sus familias.

La Fiscalía puntualizó que no todas estas aplicaciones son operadas por empresas irregulares, ya que muchas de ellas se encuentran debidamente registradas ante las autoridades financieras competentes.

Sin embargo, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) advierte que algunas entidades financieras que otorgan crédito y tarjetas de crédito a través de aplicaciones móviles y páginas de Internet pueden resultar fraudulentas.

El nombre de Antonio Enrique Tarín García apareció a lo largo de diversas investigaciones de presuntos actos de corrupción que se habrían cometido durante la gestión del gobernador César Duarte Jáquez.

No solo eso, también aparece, presumiblemente, en la denuncia que un testigo protegido bajo el “criterio de oportunidad”, interpuso contra el exfiscal especializado que llevó la investigación en su contra, Francisco González Arredondo.

Información publicada por el exgobernador Javier Corral Jurado en su periódico digital “La Resistencia”, el testigo protegido, en su calidad de “Denunciante”, relató que su jefe directo, Antonio Tarín, le pidió poner en orden la documentación de las empresas fachada que se utilizarían para los desvíos de la Operación Safiro”.

El diario, que afirma haber tenido acceso al expediente que se le sigue al González Arredondo, señala que Tarín García había sido clave en la instrumentación de la “Operación Safiro”, con la cual se desviaron más de 200 millones de pesos del erario estatal hacia las campañas del PRI en las elecciones del 2015.

El testigo, identificado como “El Denunciante”, declaró ante el Ministerio Público que los recursos antes mencionados se entregaron a las compañías Sisas, Sinnax, Samex y Despacho de Profesionistas Futura.

Todas ellas se constituyeron en el mismo día, ante el mismo notario público y con domicilios fiscales ubicados en terrenos baldíos o en casas de personas de bajos recursos.

Tiempo después, Antonio Tarín le dijo que las citadas empresas ya no iban a mandar más documentación. Ante lo anterior, continúa El Denunciante, “me da la orden de que regularice todo, es decir, que me invente todo, y me ponga a trabajar en la documentación faltante”. 

“Me dijo que era una orden directa del entonces gobernador del Estado, César Duarte. Es así como se cumplió con el compromiso de entregar los 250 millones de pesos al PRI nacional”, dijo en la averiguación contra González Arredondo.

González Arredondo estuvo a cuyo cargo la integración de los expedientes de la llamada “Operación Justicia para Chihuahua” que emprendió el gobierno de Javier Corral para investigar y sancionar presuntos actos de corrupción cometidos en el sexenio de Duarte.

En la parte final del periodo de Corral, el ex “fiscal anticorrupción”, como se le llamaba en términos mediáticos, asumió la titularidad de la Fiscalía en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada.

El 22 de noviembre, González Arredondo fue detenido por efectivos de la Fiscalía General del Estado. Se le acusaba de haber aplicado tortura psicológica contra el testigo que ahora se identificaba como “El Denunciante”.

El proceso contra el exfiscal, que aún sigue su curso, pero ahora en instancias federales, tiene inscrito en diversos puntos el nombre de Antonio Enrique Tarín García.

La mañana del 7 de abril del 2023, la Fiscalía General del Estado confirmó la muerte de Tarín García por suicidio. 

En el mismo comunicado donde ratifica la identidad de la persona que había saltado desde un puente elevado de la avenida Homero, al norte de la ciudad, la dependencia informó que las causas contra Tarín quedaban sobreseídas.

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación en torno al suicidio de Antonio Enrique T. G., de 37 años de edad, informó Francisco Martínez Valle, Fiscal de Distrito de la Zona Centro.

Dijo que las indagatorias iniciales arrojan que la persona llegó hasta las inmediaciones del puente ubicado en la avenida Homero y Periférico de La Juventud en su vehículo particular, del cual descendió con el resultado ya conocido.

De acuerdo con el informe de la Policía Municipal, como primeros respondientes, se recibió un reporte de una persona fallecida que se lanzó del puente del Libramiento, indicó.

La escena fue procesada por peritos de Servicios Periciales, en tanto que personal del Servicio Médico Forense se encargó de trasladar el cuerpo a las instalaciones del C4 para practicar la necropsia de ley correspondiente.

Se espera hoy mismo realizar la entrega a la familia, una vez que se realicen las diligencias correspondientes relacionadas con la carpeta de investigación.

Posteriormente se brindarán mayores informes relacionados con esta persona.

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