irregularidades

La tarde de ayer, la Fiscalía General del Estado (FGE) llevó a cabo cateos en tres centros médicos de la ciudad de Chihuahua —la Clínica Diet Center, el Centro Médico Colón y el Hospital Central— en seguimiento a denuncias por presuntas prácticas irregulares en cirugías plásticas y tratamientos estéticos.

De acuerdo con la investigación, en estos espacios se realizaban procedimientos quirúrgicos sin que los médicos responsables contaran con la especialidad requerida ni con las licencias correspondientes, lo que configura posibles delitos de usurpación de profesión y práctica indebida del servicio médico.

Las diligencias incluyeron el aseguramiento de documentos y equipos vinculados con las cirugías estéticas. La Fiscalía sostuvo que las acciones buscan frenar actividades médicas fuera de norma y garantizar la seguridad de los pacientes.

El diputado de Morena, Óscar Castrejón solicitó revisar al representante del Poder Judicial como parte de la comisión especial de selección, José Alfredo Fierro Beltrán, de quien dijo fue uno de los magistrados que en el 2013 eligió el Congreso del Estado durante el Gobierno de César Duarte Jáquez.

“Por parte del Poder Ejecutivo se nombró al Licenciado Andrés Alfredo Pérez Howlet, un personaje vinculado de forma muy cercana al Partido Revolucionario Institucional y con un parentesco por afinidad con dirigentes del Partido del Trabajo”, agregó.

El diputado Castrejón añadió que existía una suspensión para que la 67 Legislatura no llevara a cabo la votación de ternas aludidas hasta en tanto se resolviera el amparo promovido por una Juez de Control del Distrito Morelos.

“Sin embargo, un recurso de queja que tenía que haberse sustanciado en el Primer Tribunal Colegiado de Circuito que tenía prevención, extrañamente fue turnado al Segundo Tribunal, donde trabaja el hijo del licenciado José Caín Lara Dávila, quien está en la terna de la 4ta. Sala Penal Distrito Bravos para ser votado en este Congreso”, argumentó.

Castrejón reiteró que Lara Dávila fue secretario de Estudio y Cuenta con el magistrado Luis Villegas Montes en una Sala Civil, “participa activamente en promover y defender a candidatos o candidatas del Partido Acción Nacional”.

Asimismo que, en la octava Sala Civil División Morelos, se encuentra Fernando Mendoza Ruiz “vinculado con el magistrado José Alfredo Fierro Beltrán, de quien fue secretario de Estudio y Cuenta en la Magistratura, su cercanía y amistad no permiten que los otros aspirantes hayan sido analizados con la misma objetividad o parcialidad”.

Por otro lado, el diputado morenista señaló que en la Primera Sala Civil Regional Bravos, la aspirante María Ávila Serna, fue acusada junto con la gobernadora María Eugenia Campos y otro co-acusado más, “en causa penal sobre corrupción, lo que pondría en duda el cumplir con el requisito de la buena fama”.

Mientras que uno de los propuestos para la Sala Civil y Familiar Regional de Hidalgo identificado como Julio César Merino Enríquez, fue magistrado electoral encargado de resolver las quejas que durante el proceso electoral del 2021 se hicieron a la candidatura de la gobernadora Campos Galván.

El legislador Castrejón añadió que sobre el principio de Paridad de Género, la finalmente se votaría por tres Magistraturas para hombres y solo 2 Magistraturas para mujeres, lo cual no cumple y viola dicho principio.

Este posicionamiento se iba a presentar en la sesión ordinaria, misma que fue suspendida por falta de quorum; ya que a las 16:30 horas, se programaron las comparecencias de aspirantes a magistraturas en la Junta de Coordinación Política.

Irregularidades como licitaciones “amañadas y la subcontratación de una empresa ligada al regidor Isaac Díaz fueron denunciadas por el diputado David Oscar Castrejón Rivas, quien especificó que los actos de corrupción se dan en el programa de Instalación de Luminarias.

“La denuncia de corrupción es del municipio de Chihuahua que se está caracterizando en este tipo de actos, desde que sacó una convocatoria dirigida”, declaró Castrejón Rivas.

Entre las irregularidades que señaló fue que la licitación que tuvo un techo financiero de 285 millones de pesos; la empresa Teletec ofertó la instalación del alumbrado por 284 millones 600 mil pesos, situación que “sin lugar a dudas esta amañado esto”, dijo el congresista.

Esta licitación propuso clausulas para que solo se registrara un participante, porque se dirige a las características que tiene esta empresa; a esto se suma que la empresa que se encuentra ligada al regidor Isaac Díaz fue subcontratada por la empresa Teletec, situación que genera un conflicto de intereses.

Empresa bloqueada por Santiago de la Peña y Héctor

A esta empresa se le dio un revés en la administración de Javier Garfio se contó con un proyecto de mil 200 millones de pesos, pero se detectó un conflicto de intereses ya que el representante de la empresa de apellido Saldaña tenía un hijo trabajando en la administración por lo que se determinó “conflicto de intereses”.

Este bloqueo lo presentó quien fungiera en aquel entonces oficial mayor, Santiago de la Peña Grajeda, y quien actualmente funge como secretario general de Gobierno en la administración de María Eugenia Campos Galván. Así como de quien fuera síndico del municipio de Chihuahua, Héctor Barraza, también con un puesto dentro del gobierno estatal.

Castrejón Rivas dijo que sería interesante que se les cuestionara ahora para conocer si tienen la misma opinión respecto al tema.

Como antecedente se recalcó que, si bien estos hechos se dieron durante la gestión de Javier Garfio, las licitaciones se concedieron cuando éste pidió licencia para aspirar a la candidatura de gobernador, situación que no le fue favorable por lo que una vez que regresó a su cargo tomó medidas.

A esta anomalía, se suma otras que trae por todo el país, en estados como Veracruz, donde en Xalapa tienen una denuncia por fraude por más de 45 mdp, por concepto de compra de luminarias. En Zitácuaro, Michoacán tiene denuncia de conflicto de intereses.