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juicio

La segunda causa penal contra el ex gobernador César Horacio D.J., en la que se le imputa el desvío de 120 millones de pesos, carece de sustento legal para ser considerada dentro del orden penal, y en cambio, pertenece al orden administrativo, indicó la defensa del imputado.

Bajo el número de expediente 1260/2017, la causa penal versa sobre la persona moral Kepler Solutions, a la que supuestamente se le benefició con recurso público de hasta 120 millones de pesos y cuya responsabilidad se atribuye a personajes como Gerardo Villegas, Antonio Tarín y finalmente al ex gobernador.

Juan Carlos Mendoza, uno de los abogados del ex funcionario público, indicó que la Fiscalía General del Estado no está tomando en cuenta que el fondo del asunto es administrativo, toda vez que nunca se fiscalizó el asunto ni se agotó por la vía administrativa.

“Debieron instaurar un proceso por la vía administrativa como la ley lo señala, así tiene que ser, incluso el Código penal así lo señala en el artículo 13 y 34, y la Ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, en sus artículos 10, 15 y 16, dice que debieron instaurar un procedimiento administrativo”, comentó el abogado.

Por otro lado, recordó que al ex gobernador se le imputaron responsabilidades administrativas en siete procesos, mismos que ya concluyeron y de los cuáles fue exonerados.

“Uno de ellos, el expediente 05/2022 también ya tiene sentencia del Tribunal colegiado del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, el que ya en sentencia pública, en audiencia pública, y por medio de un tribunal colegiado ya lo exoneró”, indicó el abogado.

Será el próximo 26 de octubre cuando inicie el juicio contra Javier Corral Jurado y el Gobierno del Estado de Chihuahua por el daño moral que denunció César Horacio D.J, dijo el abogado defensor del exmandatario preso en el penal de Aquiles Serdán, Juan Carlos Mendoza.

Mendoza señaló que la próxima semana se desarrollará el desahogo de la demanda de daño moral que fue presentada en el año 2021 por el exgobernador imputado por peculado agravado y asociación delictuosa. 

En el juicio civil, el demandante exige una reparación del daño por 3 mil millones de pesos.

“Demandamos al Gobierno del Estado y a Javier Corral en lo particular por daño moral; en dicho juicio, que con los conocidos artilugios y artes propios de dilación y mala fe del Gobierno del Estado, figura que había sido declarado en rebeldía, interpuso un incidente en contra del emplazamiento, por lo que tuvimos que volver a emplazar”, explicó el abogado. 

Dijo que por ello se ha prolongado tanto el proceso e indicó que se iniciará la etapa preliminar, que es donde se puede llegar a un acuerdo. 

Explicó que básicamente hay unas exclusiones de prueba por ambas partes, en las que se analizan si hay hechos no controvertidos, ver si se pueden acotar y se ofrecen las pruebas, se excluyen y se dicta la fecha para el juicio en un plazo no mayor de 40 días.

El proceso se difirió porque así lo pidieron los abogados de Duarte, en razón de la “inhumana carga de trabajo de las últimas semanas”, en las que se desarrolló la audiencia intermedia y la audiencia inicial por la segunda causa penal en su contra.

La jueza Delia Valentina Meléndez, encargada de la audiencia intermedia que se desarrolla desde hace más de una semana contra el exgobernador César Horacio D.J., solicitó a la representación social que disminuya la cantidad de testigos para presentar en el juicio oral. 

La lista de 196 testigos fue leída entre el lunes y martes de la semana pasada, al inicio del proceso judicial, que ya se prolongó por más de 10 días. 

Se trata de la audiencia intermedia, correspondiente a la causa penal 3041/2019 que le imputa al exgobernador los delitos de peculado y asociación delictuosa, con perjuicio al erario por 96.6 millones de pesos.

La jueza señaló que deberán reducir la lista de testigos y presentar a personas que aporten información valiosa y útil para determinar si el imputado en efecto es responsable de los delitos que se le atribuyen. 

Por su parte, la defensa presentó una lista de más de un millar de personas, por lo que se especula que la misma observación se hará al equipo de abogados del exgobernador.

Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), comparece nuevamente ante el juez de Control del Reclusorio Norte, Genaro Alarcón López, por el caso Agronitrogenados en el que está acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Se trata de una audiencia intermedia en la que se dará a conocer si la defensa de Lozoya Austin y Petróleos Mexicanos, la Unidad de Inteligencia Financiera llegaron a un acuerdo reparatorio.

Por este caso, Lozoya Austin ofrece 3.4 millones de dólares de dólares de reparación del daño por la compra a sobreprecio de la planta chatarra Agronitrogenados a la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), del empresario Alonso Ancira, cuando estuvo al frente de Pemex.

Al llegar al Reclusorio Norte, Miguel Ontiveros, abogado de Emilio Lozoya Austin, aseguró que existen todas las condiciones para llegar a un acuerdo con Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y aseguró que no van a aceptar ninguna prórroga.

“La privación de la libertad ilegítima en agravio de Emilio Lozoya Austin, las condiciones ilegítimas en las que se encuentra su señora madre, su hermana, su esposa, ya no aguantan más tiempo. Entonces nosotros no solamente no vamos aceptar ninguna prórroga, sino que tampoco vamos aceptar ninguna solicitud de prórroga para estos efectos, vamos con todo el ánimo de proceder a la firma del acuerdo en los términos aprobados por el Consejo de Administración de Pemex”, indicó.

El litigante afirmó que las condiciones de salud de Lozoya Austin se han agravado desde que fue extraditado a México procedente de España, y ahora, dijo, se encuentra delicado sin precisar cuáles son los padecimientos que tiene.

“Se encuentra delicado y por eso quiere resolver este asunto lo antes posible, no está bien físicamente ha sido un sometimiento muy duro a una prisión preventiva injustificada que consideramos ilegítima“.

En caso de llegar a un acuerdo con Pemex y la UIF sobre el caso Agronitrogenados, el juez suspenderá el proceso penal contra Emilio Lozoya Austin.

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