Desde su creación en agosto del 2023, este juzgado es pionero en su tipo en ayudar a jóvenes de 12 a 17 años para que se reincorporen a la sociedad.
Desde que fue inaugurado por el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), el Juzgado Cívico para Adolescentes atendió a 405 menores de edad que, por diferentes causas, se vieron involucrados en la comisión de faltas administrativas, que cuyos padres también son citados para conocer la importancia del cuidado de sus hijos y las posibles soluciones para evitar la reincidencia en ellos.
El principal objetivo de contar con un juzgado de este tipo en el Municipio de Chihuahua y considerado como pionero en el país, radicaba en la necesidad de atender de manera focalizada a las y los adolescentes que infringen el Reglamento de Justicia Cívica y que estaban propensos a caer en las redes de la delincuencia, para, de manera conjunta sociedad y gobierno, encontrar alternativas de ayuda para ellos con terapias psicológicas, trabajos comunitarios, cursos u oficios especializados, entre otros.
El Juzgado Cívico para Adolescentes fue puesto en marcha en agosto del 2023, está ubicado en la Comisaría Centro de la Policía Municipal y cuenta con un equipo multidisciplinario compuesto por un juzgador, un médico, una trabajadora social, un psicólogo, un oficial de acuerdos y agentes de custodia que están presentes durante las audiencias.
Además, debido a los cambios que recientemente se presentaron en el citado reglamento, ahora los padres de las y los jóvenes, deberán comparecer ante el juez cívico cuando éstos sean llevados por los policías, con el fin de ser informados y apercibidos sobre tales conductas, al ser ellos los principales responsables de su cuidado y, en su defecto, recibir las amonestaciones necesarias que les sean impuestas.
Miguel Villa Acosta, juez cívico de la DSPM, dijo que, desde agosto del 2023 a la fecha, han sido presentados en audiencia 332 hombres y 73 mujeres de entre 12 y 17 años por infracciones menores, las cuales, de no ser atendidas en tiempo y forma, tanto por los padres o tutores legales como por la propia autoridad, eventualmente éstas pueden llegar a convertirse en ilícitos.
