La reducción a las percepciones de los juzgadores federales, tal como lo pretende aplicar el Órgano de Administración Judicial (OAJ), viola la Constitución y tratados internacionales, además de poner en riesgo la independencia del Poder Judicial frente al Ejecutivo, afirmaron integrantes de la agrupación Juzgadoras y Juzgadores Federales (Jufed).
En un comunicado, la Jufed rechazó la medida proyectada para 2026 al considerar que violentaría el artículo 94 constitucional, que establece que la remuneración de magistrados de circuito, jueces de distrito y otros funcionarios no puede ser disminuida durante su encargo.
El posicionamiento responde a la propuesta de reducir los ingresos de los juzgadores con el fin de que ninguno gane más que la presidenta de la República, tal como lo marca el artículo 127 constitucional.
La agrupación agregó que el artículo 123 de la Carta Magna prohíbe la disminución del salario de cualquier persona trabajadora, independientemente de su función.
A ello se suma la postura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual México forma parte, que ha sostenido que la inamovilidad del salario judicial es un requisito indispensable para garantizar la independencia de los jueces.
“Así lo ha interpretado el tribunal interamericano: sin remuneraciones estables, no hay independencia; sin independencia, no hay justicia; y sin justicia, no hay democracia posible”, señaló.
La Jufed advirtió que reducir los ingresos de ministros, magistrados y jueces altera el equilibrio entre poderes, rompe contrapesos y envía un mensaje de subordinación.
“Cuando el salario se convierte en instrumento de control, la imparcialidad deja de ser garantía y se vuelve un riesgo”, afirmó la organización.
“Lo que está en juego no es un ingreso personal. Lo que está en juego es la arquitectura institucional que permite que, cada día, podamos resolver controversias sin temer represalias económicas derivadas de nuestras decisiones”, agregaron.
Si se concreta la reducción salarial, alertaron, también estará en riesgo “la confianza ciudadana en que los tribunales siguen siendo un lugar de equilibrio, no de obediencia”.
¿Por qué el reclamo?
El OAJ aprobó nuevos tabuladores salariales en septiembre de 2025 para ajustar las percepciones de los altos mandos del Poder Judicial de modo que ninguno gane más que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, conforme al artículo 127 constitucional.
Además de implicar recortes sustanciales a los ingresos mensuales de ministros, magistrados y jueces de distrito, se eliminarían prestaciones previas y todos quedarían como derechohabientes del Issste.
El OAJ aclaró que los salarios de mandos medios y operativos no serían modificados, a fin de evitar afectaciones laborales en el personal que no forma parte de la estructura superior.
