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ley de amparo

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua (TSJ), Marcela Herrera Sandoval, advirtió que el proyecto de reformas a la Ley de Amparo, actualmente en discusión en el ámbito federal, representa un retroceso en la protección de los derechos humanos y fue elaborado sin un debate amplio y transparente.

“Este debate a la Ley de Amparo se dio en un marco de agilidad jurídica, con rapidez que no corresponde a la trascendencia del tema”, señaló la magistrada al subrayar que una modificación de fondo requería foros de discusión no solo en la Ciudad de México, sino en todos los estados del país.

Sin debate nacional

Herrera consideró que la propuesta reduce los alcances del amparo y limita la posibilidad de que las y los ciudadanos puedan defenderse frente a actos de autoridad.

“Se disminuyen los derechos hacia las y los ciudadanos, y esto pone muy en riesgo lo que es esta figura, que durante muchos años protegió a los individuos frente a arbitrariedades”, expresó.

En su mensaje ante medios de comunicación de la capital del estado, la presidenta del TSJ insistió en que la reforma no es un asunto exclusivo de abogados o jueces, sino que debe involucrar a la sociedad en general.

La nueva Ley de Amparo, como está contemplada, disminuye los derechos de las y los ciudadanos y pone “muy en riesgo lo que es esta figura que durante muchos años protegió a los individuos, y sobre todo frente a actos de autoridad sobre los ciudadanos”, subrayó.

Riesgo al Estado de derecho

“Este tema es de todos los ciudadanos, en donde debemos exigir a nuestros legisladores un debate serio y no una reforma al vapor o a lo oscurito, cuando se trata de derechos fundamentales”, concluyó.

Herrera Sandoval convocó a la ciudadanía a mantenerse atenta y a exigir un análisis exhaustivo en el Congreso de la Unión, pues consideró que la propuesta “puede vulnerar gravemente el estado de derecho en México”.

Finalmente, aclaró que la discusión sobre la Ley de Amparo no debería justificarse como parte de la reforma al Poder Judicial, ya que, a su juicio, se trata de procesos distintos que no deben confundirse.

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, se manifestó en contra del proyecto de reformas a la Ley de Amparo anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia “mañanera” de este viernes 19 de septiembre, al considerar que no requiere modificaciones.

“Con ese tipo de reformas pareciera que se busca acotar el alcance, restringiendo la protección de los derechos de los ciudadanos”, afirmó el funcionario estatal.

Al ser cuestionado sobre el proyecto presentado por la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, De la Peña señaló que, en su estado actual, la figura del amparo mexicano es motivo de elogios en el ámbito internacional.

“El corazón del juicio de amparo es eso: la protección de los derechos de los ciudadanos frente a eventuales abusos de la autoridad”, comentó.

Respecto a la iniciativa que se enviará a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación, consideró que cualquier intento de sobrerregulación de la figura del amparo, o de acotar los supuestos en los que puede utilizarse, iría a contrapelo de los derechos de los ciudadanos que se sienten agraviados por la autoridad.

“Me parece que es un contrasentido del espíritu de esta figura, que tanto orgullo ha dado a los juristas mexicanos”, expresó.

En cuanto al argumento de reformar la ley para evitar que sea una vía de escape para presuntos delincuentes, De la Peña advirtió que equivaldría a limitar el acceso a la protección de los derechos del “ciudadano de a pie”.

“Si hay delincuentes o algunos vivales que han abusado de esta figura, me parece que, con esta reforma, por unos la vamos a pagar todos”, concluyó.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio el visto bueno a la reforma que ha sido llamada de “supremacía constitucional” para fortalecer que quede improcedente el juicio de amparo con las reformas constitucionales, ello con el objetivo de blindar las iniciativas que sean aprobadas en este y próximos gobiernos.

La mandataria federal explicó brevemente que lo que establece el Artículo 61 de la Ley de Amparo pasará a la Constitución, es decir que no habrá juicio de amparo, controversia constitucional o acción de inconstitucional en circulación y próximas que puedan proceder contra las reformas que sean aprobadas en el Congreso de la Unión.

Ante la pregunta expresa de si esta reforma no dejaba desprotegidos a los mexicanos, la mandataria aseguró que la Ley de Amparo “ya los protege” y que la reforma se enfocará en la improcedencia del juicio de amparo, aunque ello aún no queda claro, pues hay especialistas que acusan que esto podría vulnerar los derechos humanos, publicó Infobae.

“Pues ya está en la Ley de Amparo, está protegido en la ley de amparo, y la idea de ellos es pasarlo a la constitución. Nada más queda esta parte del Artículo 61 inciso uno que pase a la constitución, las otras entiendo que ayer mismo las retiraron, es lo que me informa la Consejería Jurídica (de la Presidencia, Ernestina Godoy)”, aseguró.

Adán Augusto adelanta retirar modificaciones

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores, Adán Augusto López Hernández, adelantó que presentarán una reserva para retirar el agregado propuesto en el Artículo 1 que estipula “en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio de control de convencionalidad”.

Ello quería decir que el Estado no estaría obligado a proteger los derechos humanos de su población, sea por el Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, y que solo debe respetarse lo que establece la Constitución, según la explicación de especialistas.

“Seguramente retiraremos es la propuesta en cuanto a la modificación del Artículo primero de la Constitución, específicamente a la convencionalidad de las leyes, esto es nos vamos a limitar al 103, 105 y 107 constitucional”, dijo López Hernández en entrevista con Ciro Gómez Leyva por Radio Fórmula.

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados ha dado luz verde a la minuta proveniente del Senado que propone reformas a la Ley de Amparo, se informó a traés de un comunicado de prensa.

Con una votación de 19 a favor y 14 en contra, los legisladores integrantes de esta comisión aprobaron cambios en los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, específicamente en lo que respecta a la suspensión del acto reclamado e inconstitucionalidad de normas generales.

Estas modificaciones establecen que en los juicios de amparo que determinen la inconstitucionalidad de normas generales, las suspensiones dictadas no tendrán efectos generales en ningún caso.

Además, el dictamen aprobado en comisión suprime el último párrafo del artículo 129, que otorgaba al órgano jurisdiccional de amparo la facultad de conceder la suspensión en casos excepcionales, incluso cuando ello pudiera causar una mayor afectación al interés social.

Estas reformas buscan fortalecer el principio de legalidad y garantizar una mayor certeza jurídica en los procedimientos de amparo en el país. Ahora, la minuta será sometida a votación en el pleno de la Cámara de Diputados para su eventual aprobación.

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