El Congreso del Estado aprobó la Ley de Indulto del Estado de Chihuahua, que otorga a la gobernadora María Eugenia Campos Galván la facultad de conceder la libertad a personas privadas de la libertad en condiciones de vulnerabilidad.
La nueva legislación abre la puerta al perdón del Estado para madres que crían a sus hijos dentro de los penales, personas mayores de 70 años, enfermos terminales y sentenciados con padecimientos crónico-degenerativos o con deterioro físico que les impida cumplir su condena sin afectar su dignidad.
Solo podrán acceder al beneficio quienes sean delincuentes primarios, es decir, personas que no cuenten con antecedentes penales y que estén cumpliendo una sentencia irrevocable dictada por un juez.
Indulto con rostro humano
El beneficio también aplicará para quienes tengan hijos menores de 14 años o con alguna discapacidad que les impida valerse por sí mismos, siempre que la persona sentenciada sea su única cuidadora o cuando las niñas y niños vivan con ella dentro del centro penitenciario.
“La creación de una ley específica en materia de indulto permitirá instrumentar una política pública que favorezca la reinserción social efectiva, la protección de la dignidad humana y la cohesión familiar”, expresó la diputada Nadia Xóchitl Contreras Herrera, del PAN, integrante de la Comisión de Justicia.
La legisladora señaló que con la nueva norma se eliminan las restricciones excesivas que antes hacían prácticamente imposible el otorgamiento de un indulto, al prohibir su aplicación en amplios catálogos de delitos sin considerar circunstancias humanitarias.
“Esta ley representa un paso hacia la humanización de la justicia penal en Chihuahua”, concluyó.
