libertad

El aspirante a la alcaldía por Morena-PT, Miguel La Torre Sáenz, señaló que es muy raro y curioso que la audiencia de César Duarte, haya sido movida de los últimos de mayo al 5 de junio, y que es altamente probable que este acordado que pueda seguir su proceso en libertad.

“Una interpretación mía, es que Gobierno del Estado se movió para que pasará el proceso electoral, porque saben del costo político que hay, el día que César Duarte vaya a seguir su proceso en libertad en su casa, ese costo político será cargado hacia el gobierno local, y eso es lo que quieren evitar en el proceso electoral”, comentó Miguel La Torre Sáenz.

Indicó que les han mencionado en campaña a la ciudadanía que el 5 de junio es la audiencia, y “que eso sea un dato que la gente tenga, que no sea un dato oculto para pasar el proceso electoral” al momento de ejercer su voto.

La Torre Sáenz aseveró que es inevitable que el tema César Duarte tenga impacto electoral, ya que siempre juega en el ambiente electoral el exgobernador, como en el 2016 cuando el PAN ganó prácticamente todo, en el 2018 cuando no “andaba huyendo” y en el 2021, porque hay un rechazo popular a la figura del exmandatario.

“El día que César Duarte se vaya a su casa, va a ser un descalabro para el gobierno estatal”, puntualizó.

Por su parte, el expresidente municipal 2010-2013, Marco Adán Quezada y ahora candidato a la diputación federal por Morena, señaló que César Duarte “es parte de la ecuación y vasos comunicantes” con parte del funcionariado actual.

“La gobernadora fue denunciada penalmente ante la FGE por pertenecer a la nómina secreta de César Duarte, y quien presentó la denuncia en contra de ella, fue precisamente, el dirigente del PRI, hoy candidato Alejandro Domínguez, esos son los vasos comunicantes, que estaban señalados anteriormente, hoy están unidos”, comentó.

Quezada Martínez argumentó que tanto María Eugenia Campos Galván y Alejandro Domínguez, ahora están juntos e impulsan el Frente Amplio por México y la coalición Fuerza y Corazón por México, entre el PRI-PAN y PRD.

“Yo me pregunto, hoy, ¿qué los une?, si antes estaban confrontados y se señalaban por actos de corrupción, hoy tienen otros intereses seguramente y veremos el día 5 de junio, cuáles son los verdaderos intereses”, concluyó.

La gobernadora María Eugenia Campos Galván indicó que apelará la decisión del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) de absolver a Enrique López Acosta conocido como “El Cumbias” y a quien se le imputó como probable responsable de la masacre de Creel.

El sujeto fue arrestado e investigado como probable responsable del evento que terminó con la vida de ocho personas en la región de Creel, en marzo del 2010, cuando fue detenido y desde entonces se le investigó como probable responsable del caso.

“Hablamos con el fiscal en la madrugada, es un tema que vamos a seguir, vamos a apelar la decisión del tribunal”, dijo la gobernadora Maru Campos en entrevista esta mañana.

Agregó que “El Cumbias” es un generador de violencia con una larga trayectoria delincuencial, por lo que “vamos a hacer todo lo posible para que vuelva a donde tiene que estar”.

El exgobernador César D.J., se presenta hoy nuevamente ante la jueza del caso en audiencia en la que su defensa solicitará la revisión de la medida cautelar, por cuestiones médicas.

La audiencia está programada a las 9:30 horas en una de las salas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

La defensa busca que el exmandatario acusado de peculado por 96.6 millones de pesos y asociación delictuosa, siga su proceso en libertad.

Previamente la juez ya ha negado esa solicitud a la defensa en varias ocasiones.

La defensa presentará hoy nuevamente argumentos que buscan acreditar que la vida del exmandatario está en riesgo, particularmente por sus problemas de presión.

La exoneración de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez denota que hubo persecución y una serie de actos por parte del exgobernador Corral que no fueron apegados a derecho” , afirmó el dirigente estatal del PRI, Alejandro Domínguez.

“La Coneja”, como le apodan a Gutiérrez, enfrentó juicio penal y presión por ser uno de los acusados por el gobierno de Javier Corral de haber participado en la “Operación Safiro”.

El dirigente del partido tricolor señaló que esto refleja los errores en las indagatorias, fallas e “investigaciones a modo” que se dieron en el tema, dentro del quinquenio pasado.

Con esto se sentará un precedente de los errores y dolo que existió en las investigaciones de la administración que encabezó Javier Corral, puntualizó el dirigente estatal del PRI.

“Queda claro que ni la constitucionalidad, ni las pruebas, ni el debido proceso se cuidó en el gobierno de Javier Corral”, dijo.

El priista recalcó que con esto se comprueba poco a poco la persecución en contra de actores políticos del PRI, ya que como partido no tienen injerencia en el Poder Judicial, menos en materia federal.

Cabe recordar que el exgobernador Javier Corral inició una serie de acciones dentro de lo que se llamó “Operación Justicia para Chihuahua”, donde se investigaron a más de 300 exfuncionarios y convirtió a 85 de ellos en testigos protegidos.

Gutiérrez Gutiérrez fue detenido por recibir recursos para actividades proselitistas, requerimiento que fue autorizado por el exgobernador César Duarte. Para lo cual el exsecretario general del PRI utilizó empresas de su propiedad denominadas Jet Combustibles S.A. de C.V., y Promotora de Señalamiento Integral S.A de C.V., para presentación de facturas.

Dentro de las investigaciones se presentaron dos facturas, la primera por la cantidad de 904 mil por concepto de servicio de mantenimiento general de edificios, en un contrato simplificado entre la empresa Promotora de Señalamiento Integral S.A de C.V., y la Secretaría de Hacienda.

Mientras que la segunda factura, de 835 mil 520 pesos, por el concepto de traslado aéreo de personal, en un contrato entre la empresa Jet Combustibles S.A de C.V., y la Secretaría de Hacienda; ambos pagos se los hicieron a la cuenta personal de Alejandro Gutiérrez el día 23 de diciembre de 2015.

Sin embargo, dentro de las investigaciones se demostró que estos servicios no fueron prestados, ya que solo fue una simulación para realizar los procedimientos administrativos que justificaran la salida del dinero, según fue dado a conocer por el entonces gobernador Javier Corral.