maru campos

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó a través de un comunicado que es respetuosa de las etapas procesales, así como de las estrategias técnicas y jurídicas realizadas por los intervinientes, pero se declara imposibilitada para atender la atracción requerida por la Fiscalía General de la República.

“Por lo anterior, se puntualiza lo siguiente en torno a la Causa Penal 3776/22: El 21 de noviembre, le fue cumplimentada una orden de aprehensión Francisco G. A., probable responsable del delito de tortura”, detalla el documento.

Agrega que el 22 de noviembre inició la judicialización con la formulación de imputación y el órgano jurisdiccional le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

Detalla que el 26 de noviembre, una Juez de Control del Distrito Judicial Morelos le dictó el auto de vinculación a proceso y fijó tres meses para la investigación complementaria.

“La carpeta de investigación derivó por la vista que dio el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a esta representación social, lo cual fue ratificado por la víctima con identidad reservada”, detalló.

“El cuidado al debido proceso nos obliga a actuar con diligencia, siempre cuidando los principios de legalidad, seguridad jurídica y el acceso a la justicia para las víctimas”, detalla el documento.

“Por lo anterior, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua se encuentra imposibilitada jurídicamente, toda vez que por la etapa en que se encuentra el procedimiento (carpeta judicializada), se pasó a ser parte del proceso y NO AUTORIDAD, por lo cual, está sujeta a las determinaciones que tome el Juez”.

Destacó que el delito de tortura trastoca la dignidad de la persona, es por ello que la creación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, está enfocada a favorecer en todo tiempo la protección más amplia de los derechos de las personas víctimas.

“Es por eso que esta Fiscalía, actúa siempre con estricto apego al estado de derecho, a los derechos humanos de las partes involucradas en el procedimiento, cumpliendo cabalmente con los estándares internacionales en materia de procuración de justicia”.

La Auditoría Superior del Estado (ASE) presentará una denuncia penal contra funcionario o funcionarios de la administración anterior por el desvío de 98.6 millones de pesos (MDP) hacia una empresa de consultoría financiera que no entregó el trabajo para el cual se le contrató.

En la revisión a la Cuenta Pública del 2019, anteúltima del gobierno de Javier Corral Jurado, la ASE encontró que la Secretaría de Hacienda de esa administración pagó la suma antes mencionada al despacho “López Elías Finanzas Públicas, S.C.” a nombre de Pedro López Elías por servicios profesionales para la reestructura de la deuda pública de Chihuahua.

Sin embargo, aunque el pago se realizó, no existen evidencias de que la empresa antes citada haya ejecutado las actividades para las que se le contrató.

Además de lo anterior, se encontró la probable irregularidad de haber utilizado la figura del Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago entre el Estado de Chihuahua y Banco Regional S.A para realizar el pago.

De esa forma, se hizo la contratación “de manera discrecional y directa al despacho, obviando la aplicación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua”.

Al no sujetarse a esa normatividad, se perdió la oportunidad de buscar mejores condiciones de contratación para el estado.

Tampoco se contaba con la suficiencia presupuestal que establece la legislación en la materia, ni se hicieron las investigación de mercado, el dictamen de excepción y la autorización del Comité Especial, establecer en el contrato las garantías y penas convencionales, y registrar el contrato en el Sistema Electrónico de Compras.

El 4 de julio se constituyó el Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago entre el Estado de Chihuahua y Banco Regional S.A., estableciendo como obligación del Banco contratar la prestación de los servicios que el Estado le instruya por escrito.

Esa misma fecha, el entonces Secretario de Hacienda instruyó al Fideicomiso la contratación de “López Elías Finanzas Públicas, S.C.”.

Mediante una auditoría forense, la ASE encontró que la firma contratada en realidad hizo poco a cambio del dinero que se le pagó, ya que, de 170 actividades que debieron de haber ejecutado, 137 corresponde a relatorías o documentos oficiales que elaboró la propia Secretaría de Hacienda, mientras que las otras 33 no fueron presentadas.

Además, se encontraron entregables fechados desde enero del 2019, es decir, antes de que se celebrara el contrato.

El informe de Cuenta Pública señala que, en marzo de 2022 se entrevistó a personal del Departamento de Información Financiera de Hacienda, manifestando que participaron activamente en las actividades objeto de la contratación de prestación de servicios, de las cuales algunas de ellas se llevaron a cabo incluso sin apoyo del despacho.

Otra observación advierte que la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas (UCEF) de la SHCP emitió un total de 52 prevenciones, ya que los contratos de crédito que se pretendían inscribir en el Registro Público Único no estaban apegados a la normatividad aplicable,

Por lo anterior, la ASE presentará respectivas denuncias administrativas y penales contra quien o quienes resulten responsables.

La Gobernadora Maru Campos firmó la Carta de Adhesión al nuevo Código de Ética del Estado de Chihuahua, en el marco de la conmemoración por el Día Internacional contra la Corrupción.

Campos manifestó que erradicar el cáncer de la corrupción es un deber moral y ciudadano.

“Es un imperativo que viene del proyecto de bien común del que todos formamos parte”, afirmó durante el acto celebrado en el salón 25 de Marzo, del Palacio de Gobierno.

El documento incluye las reglas de integridad que tienen la finalidad de guiar el desempeño y actividades de los servidores públicos, desde la actuación, la información, las contrataciones, licencias, permisos, la autorización de concesiones, los programas gubernamentales, trámites y servicios, procesos de evaluación, que se realizan, entre otros trámites.

Además, al integrarse los consejos de ética en las dependencias, se promueve un trato digno e igualitario entre las personas al fomentar una cultura incluyente.

La mandataria estatal enfatizó que los servidores públicos tienen un papel determinante en el combate contra la corrupción, no solo porque son visibles a la ciudadanía, sino por el impacto y la trascendencia que tienen sus decisiones, acciones y palabras.

“Debemos tener claro que cada decisión que tomamos no termina en el escritorio en el que laboramos, sino que se traduce en cosas muy concretas, como las medicinas que dejan de recibir nuestros niños, los planteles educativos en los que se forman o los parques en los que juegan”, agregó.

La firma de este Código de Ética, añadió, será guía y recordartorio permanente de que ella y su equipo de colaboradores, han sido encomendados con la impostergable labor de ser líderes en el camino hacia el bien común.

“Cualquier propósito ejecutado desde el servicio público, que no lleve consigo este propósito, será un refuerzo para que ese terrible circulo vicioso que es la corrupción continúe”, expresó, tras afirmar que este tema no debe convertirse nunca en una bandera política.

Antonio Aguirre López, abogado general de la Universidad Autónoma de Chihuahua, dio a conocer que la institución que representa realiza esfuerzos de colaboración con los estudiantes, para que detecten prácticas deshonestas al interior y el resultado de estos esfuerzos hará un cambio en la formación de ese sector de la sociedad, que les corresponde atender.

En su intervención, la secretaria de la Función Pública, María de los Ángeles Álvarez Hurtado, informó que el Gobierno del Estado ha tomado medidas contundentes para atacar la corrupción que amenaza a la sociedad.

Indicó que se ha trabajado incansablemente para realizar acciones concretas y obtener logros reales en este tema, por lo que reafirmó el compromiso de trabajar en la prevención y erradicación de este mal, que tanto daño ha hecho a México y a Chihuahua.

Durante su visita de ayer, la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, promocionó el proyecto de Plataforma Centinela en el Parque Central de Ciudad Juárez, donde informó que para enero próximo el 80 por ciento de las escuelas fronterizas contarán con vigilancia a través de esta plataforma.

En el acto, donde también estuvo presente el secretario de Seguridad Pública estatal, Gilberto Loya Chávez, se realizó una demostración de como trabajará el sistema, que le permitirá a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) contar con vigilancia en todo el territorio del estado.

Así, ante cualquier llamado de emergencia se podrá acudir a dar seguimiento a los incidentes que ponga en riesgo la integridad de la ciudadanía.

Campos Galván dio a conocer que en el Parque Central contará con 22 cámaras PTZ, las que se apoyarán con botones de pánico, módulos de información y banners informativos, además de drones para video vigilancia aérea y luces guía.

Esa tecnología tendrá una inversión de 18 millones de pesos.

La participación de la ciudadanía, dijo, es vital para la consolidación de la plataforma al contar con la posibilidad de que las cámaras de vigilancia instaladas en negocios o viviendas particulares, puedan ingresar en el sistema.

En el acto, Loya Chávez dio a conocer la creación de brigadas para la seguridad escolar y que, a partir de enero de 2023, ocho de cada 10 escuelas juarenses contarán con cámaras de vigilancia para su protección.