18 de Marzo 2026
La gobernadora Maru Campos envió mensajes desde su redes sociales para decir que se encuentra trabajando al límite de sus capacidades y junto al gabinete de Seguridad de su gobierno.
“Hemos sostenido constantes reuniones de planeación y monitoreo de acciones con el objetivo de obtener los resultados que garanticen la tranquilidad en la ciudad”, dijo a través de un hilo de Twitter.
Se propuso poner todo el esfuerzo para salvaguardar la seguridad y el bienestar de la sociedad juarense.
En operativo conjunto, fuerzas de los tres niveles rastrean a parte de un grupo criminal que logró huir tras agredir en las horas recientes a la autoridad y perder a dos de sus pistoleros.
La búsqueda, que también incluye a Noriel Portillo alias “El Chueco” es integradas por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, de la Agencia Estatal de Investigación y la Fiscalía de Distrito Zona Occidente por las inmediaciones del municipio serrano de Bocoyna.
La acción conjunta se da también en atención al reporte de presencia de personas armadas en la comunidad de Sisoguichi, así como en seguimiento a los hechos en que fueran abatidos por fuerzas estatales dos integrantes de un grupo criminal.
Al respecto, se informó que luego de ser aplicados los protocolos correspondientes, se pudo identificar a las dos personas fallecidas con el nombre de Irvin P.P. de 31 años y a Edi Fernando H. L., de 30 años de edad.
Los elementos de las fuerzas del orden continúan en recorridos y trabajos de inteligencia en la zona para brindar seguridad y localización de vehículos y personas relacionadas con los citados hechos delictivos
La búsqueda se realiza en los poblados de Bocoyna, Sisoguichi y San Juanito, incluyendo brechas y caminos que conducen a los municipios de Carichí, Guerrero y Urachi.
El operativo también coadyuva con la presencia de seguridad previamente implementado para localizar a Noriel Portillo Gil a “El Chueco”.
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó a través de un comunicado que es respetuosa de las etapas procesales, así como de las estrategias técnicas y jurídicas realizadas por los intervinientes, pero se declara imposibilitada para atender la atracción requerida por la Fiscalía General de la República.
“Por lo anterior, se puntualiza lo siguiente en torno a la Causa Penal 3776/22: El 21 de noviembre, le fue cumplimentada una orden de aprehensión Francisco G. A., probable responsable del delito de tortura”, detalla el documento.
Agrega que el 22 de noviembre inició la judicialización con la formulación de imputación y el órgano jurisdiccional le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.
Detalla que el 26 de noviembre, una Juez de Control del Distrito Judicial Morelos le dictó el auto de vinculación a proceso y fijó tres meses para la investigación complementaria.
“La carpeta de investigación derivó por la vista que dio el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a esta representación social, lo cual fue ratificado por la víctima con identidad reservada”, detalló.
“El cuidado al debido proceso nos obliga a actuar con diligencia, siempre cuidando los principios de legalidad, seguridad jurídica y el acceso a la justicia para las víctimas”, detalla el documento.
“Por lo anterior, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua se encuentra imposibilitada jurídicamente, toda vez que por la etapa en que se encuentra el procedimiento (carpeta judicializada), se pasó a ser parte del proceso y NO AUTORIDAD, por lo cual, está sujeta a las determinaciones que tome el Juez”.
Destacó que el delito de tortura trastoca la dignidad de la persona, es por ello que la creación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, está enfocada a favorecer en todo tiempo la protección más amplia de los derechos de las personas víctimas.
“Es por eso que esta Fiscalía, actúa siempre con estricto apego al estado de derecho, a los derechos humanos de las partes involucradas en el procedimiento, cumpliendo cabalmente con los estándares internacionales en materia de procuración de justicia”.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) presentará una denuncia penal contra funcionario o funcionarios de la administración anterior por el desvío de 98.6 millones de pesos (MDP) hacia una empresa de consultoría financiera que no entregó el trabajo para el cual se le contrató.
En la revisión a la Cuenta Pública del 2019, anteúltima del gobierno de Javier Corral Jurado, la ASE encontró que la Secretaría de Hacienda de esa administración pagó la suma antes mencionada al despacho “López Elías Finanzas Públicas, S.C.” a nombre de Pedro López Elías por servicios profesionales para la reestructura de la deuda pública de Chihuahua.
Sin embargo, aunque el pago se realizó, no existen evidencias de que la empresa antes citada haya ejecutado las actividades para las que se le contrató.
Además de lo anterior, se encontró la probable irregularidad de haber utilizado la figura del Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago entre el Estado de Chihuahua y Banco Regional S.A para realizar el pago.
De esa forma, se hizo la contratación “de manera discrecional y directa al despacho, obviando la aplicación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua”.
Al no sujetarse a esa normatividad, se perdió la oportunidad de buscar mejores condiciones de contratación para el estado.
Tampoco se contaba con la suficiencia presupuestal que establece la legislación en la materia, ni se hicieron las investigación de mercado, el dictamen de excepción y la autorización del Comité Especial, establecer en el contrato las garantías y penas convencionales, y registrar el contrato en el Sistema Electrónico de Compras.
El 4 de julio se constituyó el Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago entre el Estado de Chihuahua y Banco Regional S.A., estableciendo como obligación del Banco contratar la prestación de los servicios que el Estado le instruya por escrito.
Esa misma fecha, el entonces Secretario de Hacienda instruyó al Fideicomiso la contratación de “López Elías Finanzas Públicas, S.C.”.
Mediante una auditoría forense, la ASE encontró que la firma contratada en realidad hizo poco a cambio del dinero que se le pagó, ya que, de 170 actividades que debieron de haber ejecutado, 137 corresponde a relatorías o documentos oficiales que elaboró la propia Secretaría de Hacienda, mientras que las otras 33 no fueron presentadas.
Además, se encontraron entregables fechados desde enero del 2019, es decir, antes de que se celebrara el contrato.
El informe de Cuenta Pública señala que, en marzo de 2022 se entrevistó a personal del Departamento de Información Financiera de Hacienda, manifestando que participaron activamente en las actividades objeto de la contratación de prestación de servicios, de las cuales algunas de ellas se llevaron a cabo incluso sin apoyo del despacho.
Otra observación advierte que la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas (UCEF) de la SHCP emitió un total de 52 prevenciones, ya que los contratos de crédito que se pretendían inscribir en el Registro Público Único no estaban apegados a la normatividad aplicable,
Por lo anterior, la ASE presentará respectivas denuncias administrativas y penales contra quien o quienes resulten responsables.
