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El secretario de Salud de Chihuahua, Gilberto Baeza Mendoza, informó al Congreso del Estado que su meta es lograr un abasto sostenido de medicamentos superior al 80 por ciento durante el año próximo.

En comparecencia celebrada este 10 de diciembre ante la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del Congreso del Estado, el funcionario expuso los proyectos contemplados en la propuesta presupuestal para 2026.

Las proyecciones y diagnósticos de Baeza Mendoza recibieron cuestionamientos de parte de la diputada Jael Argüelles Díaz (Morena), quien advirtió una “falta de información y de estrategias claras” para enfrentar los principales problemas del sector.

De acuerdo con el funcionario, el presupuesto para salud asciende a 9 mil 492 millones 20 mil 846 pesos, de los cuales 734 millones serán destinados específicamente a la compra de medicamentos y material de curación.

Explicó que la Secretaría opera a través de seis capítulos presupuestales —desde servicios personales hasta inversión pública— y detalló que el enfoque para 2026 incluye “mantener finanzas ordenadas, garantizar servicios esenciales y reforzar los programas de prevención”.

Baeza destacó, además, que en materia de bienestar animal la dependencia realizará 29 mil esterilizaciones con el objetivo de reducir la presencia de animales en calle, además de llevar a cabo dos campañas anuales de vacunación antirrábica.

A su vez, la bancada de Morena, en voz de la diputada Jael Argüelles Díaz, acusó al secretario de desconocer datos fundamentales del sector y de no presentar estrategias frente a retos como la precariedad laboral del personal médico, el desabasto de insumos y la alta mortalidad por rickettsiosis.

Argüelles cuestionó a Baeza sobre recortes presupuestales, situación hospitalaria y contratación de personal, sin obtener —según señaló— explicaciones sólidas. También reclamó la falta de información pública sobre la adquisición de vacunas antirrábicas y la ausencia de metas epidemiológicas claras.

“Hoy no vimos a un secretario informado o preparado; vimos improvisación y desconocimiento en un momento en el que la salud de las y los chihuahuenses no admite titubeos”, expresó la legisladora.

Durante el intercambio, el secretario defendió la consistencia de la propuesta presupuestal y aseguró que la dependencia “trabaja para fortalecer el sistema con responsabilidad financiera y enfoque en la prevención”, aunque evitó profundizar en algunos de los señalamientos realizados por la oposición.

En la comparecencia estuvieron presentes diputados del PAN, Morena, MC, PVEM y PRI, quienes continuarán el análisis del Paquete Económico 2026 durante los próximos días.

Trabajadores del sector salud expusieron que el desabasto de medicamentos e insumos en clínicas y hospitales del país es ya un problema de seguridad nacional, que tiene su origen en la entrega de contratos a una decena de empresas que están inhabilitadas por el propio gobierno y que no cuentan con la infraestructura para surtirlos, pero por medio de prácticas de corrupción son beneficiadas por funcionarios del IMSS y del ISSSTE.

Ante senadores de varios partidos, trabajadores de ambos Institutos denunciaron, entre ellos médicos y enfermeras que pidieron el anonimato por temor a represalias, señalaron que un ejemplo de esta acción se dio este martes 1 de agosto, cuando las direcciones generales de éstos adjudicaron de manera directa el contrato con la licitación número LA-50-GYR-050GYR988-T-7-2023 a la empresa Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico, el cual ejercerá a partir de este mes de agosto de 2023 y hasta el 2025.

Con esta empresa, aseguraron, también resultaron favorecidas las siguientes ocho empresas: Disimed+Medicash+Centrum Promotora Internacional; Hemoser; Intermet; Laboratorios San Ángel; Biodist; Atlantis Operadora de Salud; Igsa y Elismart.

Dichas empresas en conjunto afirman, ejercerán un presupuesto de 14 mil 475 millones 804 mil 690 pesos.

El problema, consideraron, es que el Gobierno Federal sigue adjudicando de manera directa los contratos, sin licitación, a citadas 10 empresas inhabilitadas por la SFP, sólo para favorecer a sus amigos empresarios, a fin de que cubran el abasto de medicamentos e insumos sin que garanticen ni cuenten con infraestructura para su distribución, para el periodo de 2023 al 2025.

Ante ello, solicitaron al Congreso de la Unión, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría de Superior de la Federación, realicen una investigación exhaustiva sobre esas adjudicaciones directas de contratos, con el fin de evitar el desvío y mal uso de recursos públicos del presupuesto federal.

También alertaron al presidente Andrés Manuel López Obrador de la intención de ambas direcciones generales de privatizar los Servicios Médicos Integrales y no rendir cuentas del presupuesto de entre 35 mil y 38 mil millones de pesos, asignado para el abasto de medicamentos e insumos, así como de la compra de equipo quirúrgico para el presente año.

Señalaron que la intención de favorecer a estas empresas privadas con jugosas ganancias se da con la complacencia del director general del IMSS, Zoé Robledo, a pesar de la instrucción presidencial por acabar con ese proceso simulado de privatización que tanto dañó al ISSSTE en las pasadas administraciones federales.

Señalan que en el caso de Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico, es una de las 10 empresas que en agosto de 2023 fueron inhabilitadas siete años por la Secretaría de la Función Pública (SFP), por incurrir en prácticas monopólicas, evasión de reglas de licitación y por vender sus productos a sobreprecio.

Las compañías sancionadas fueron: Estudios de Laboratorio para Red de Laboratorios de Vigilancia e Investigación epidemiológica, con número de licitación LA-50-GYR050GYR988- T-1-2023; Hemodiálisis interna, con número de licitación LA-50-GYR050GYR988- T-3-2023; Tamiz metabólico neonatal ampliado, con número de licitación LA-50-GYR050GYR988- T-14-2023; Digitalización PostProcesamiento, Almacenamiento y Distribución de la Imagen, con número de licitación LA050GYR988- E23-2022.

Así como Cirugía Cardiovascular y Torácica, con número de licitación LA050GYR988- E17-2022; Estudios de Laboratorio clínico, con número de licitación LA-50-GYR050GYR988- T-7-2023; Banco de Sangre, con número de licitación LA- 50-GYR050GYR988- T-8-2023; Anestesia, con número de licitación LA-50 GYR050GYR988- T-9-2023; Procedimiento de Mínima Invasión, con número de licitación LA-50-GYR050GYR988- T-17-2023; y Hemodinámica y Radiología Intervencionista, con número de licitación LA-50-GYR050GYR988- T-16-2023.

De acuerdo con el portal del Seguro Social, recordaron, en el 2021 se compró equipo terapéutico para todas las operaciones hospitalarias y entregaron medicamentos a pacientes por la cantidad de 7 mil 565 millones de pesos.

Empero, dos años después las licitaciones directas de los Servicios Médicos Integrales representan una bolsa de 35 mil o 38 mil millones de pesos, demasiado atractiva para las empresas que siempre han saqueado el erario y, sobre todo, para funcionarios corruptos del Seguro Social y de la 4T, manifestaron los trabajadores del IMSS.

En mayo de este año, el Gobierno federal redujo 47.8 por ciento los recursos destinados al programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, en comparación con el mismo mes del 2022, denunció el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

Señaló que es criminal que las autoridades dejen de invertir en la salud; y criticó que, por el contrario, los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, partido en el poder, hayan aumentado el gasto en la contratación de espectaculares para promocionar su imagen, de cara a la elección del 2024.

“Dejar de invertir en la salud es criminal. Mientras el gasto de las corcholatas de Morena va en aumento en espectaculares y publicidad en todo el país en los servicios de salud no hay medicinas y los enfermos están esperando por atención médica”, lamentó en un comunicado.
Expuso que, con la reducción citada, se pasó de ejercer mil 427.5 millones de pesos a sólo 789.2 millones de pesos, que equivale a una reducción de casi la mitad del presupuesto del programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral.

“Esto es muy alarmante, ya que es el gasto para la salud de la población más vulnerable, que carece de seguridad social y que ha sufrido desde la desaparición del Seguro Popular. Estos subejercicios del gasto son la evidencia clara de que el gobierno federal sigue experimentado, ahora que también desapareció al Insabi, es incapaz de poner en marcha los servicios de salud”, apuntó Ramírez Barba.

Detalló que el Gasto Programable Pagado del Sector Público destinado a la salud en nuestro país, disminuyó en 4 mil 967 millones de pesos, es decir, una caída del 16.6% en el periodo enero-mayo de 2023, con respecto del mismo periodo de 2022.