medida cautelar

Durante la conferencia de esta mañana en Palacio Nacional, la secretaria de Seguridad y Protección ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, negó que Ovidio Guzmán hubiera sido liberado por el gobierno de Estados Unidos.

Sin embargo, confirmó que por parte de la Embajada de Estados Unidos se le hizo saber que Ovidio tuvo un cambio de medida cautelar, aunque no se le especificaron los detalles.

Mencionó que existen indicios de que la medida cautelar se habría cambiado ya que Ovidio Guzmán sería testigo protegido, sin embargo, están a la espera de la confirmación de ese dato, por parte del gobierno de EU.

“Esperamos la información oficial sobre esta detención dado que el Gobierno de México colaboró en esta extradición y por supuesto, en la captura”, comentó.

La titular de la SSPC dijo que continuarán trabajando con el gobierno de Estados Unidos en estas detenciones que han venido realizando con inteligencia y con el apoyo de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional.

Este miércoles se dio a conocer que la jueza de control en Chihuahua, Hortensia García Rodríguez, habría girado un oficio donde se ordena dejar sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva que enfrenta el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, esto debido a que se cumplió con el máximo de 2 años establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Duarte Jáquez se encuentra fuera del Cereso de Aquiles Serdán y está en el hospital desde el domingo pasado, donde fue intervenido por un padecimiento del corazón, sin embargo, se prevé que sea mañana a las 15:00 horas cuando se desarrolle la audiencia para definir el cambio de medida cautelar.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que aún con ello el proceso penal del exgobernador continúa, ya que hay al menos 18 causas penales en su contra en espera.

César Jáuregui Moreno, fiscal general del Estado, explicó que el detenido continúa su proceso penal y el cambio de medida cautelar no se dará hasta que se realice una audiencia, en la que el imputado tiene que estar presente.

Ante esto, aclaró que el exmandatario sigue sujeto a proceso; además sigue con todas las causas pendientes esperando únicamente la autorización del gobierno norteamericano, para aplicar el principio de excepción y ser juzgado por la causa diversa a la de la extradición.

Además, señaló que la Fiscalía de Chihuahua tiene la total y absoluta convicción de que se van a obtener sentencias condenatorias, ya que los expedientes están perfectamente integrados y el exgobernante enfrentará la justicia con una sentencia ejemplar determinada por los jueces y que incluirá sin duda la reparación del daño al patrimonio de la gente de chihuahua.

Jáuregui fue enfático al señalar que lo que ocurrió, fue que el juez de ejecución remitió un documento a las autoridades del CERESO, a efecto de notificarles el vencimiento de los dos años sobre los cuales se establece que una persona puede estar sujeta a prisión preventiva dentro de un juicio que se le sigue por una causa penal.

“Lo que el juez de ejecución hace es decirle al CERESO que ha precluido ese término y en consecuencia se necesita fijar otro tipo de medida cautelar. En estos momentos el exgobernador está hospitalizado y no se puede desarrollar una audiencia en donde él no se encuentre presente”, añadió Jáuregui.

Abundó en que esto no quiere decir que al cambiar la medida cautelar cambie la situación jurídica del imputado, ya que él continúa sujeto a proceso y sus bienes asegurados por la Fiscalía para garantizar la reparación del daño, en caso de que la resolución de los jueces sean en su contra.

“El cambio de la medida cautelar es por el vencimiento del tiempo que puede estar una persona en prisión preventiva en el caso de un juicio. Eso es lo que está ocurriendo. Pero hay que destacar que ningún juicio nos ha podido ganar; él hizo todo lo posible por salir antes de este caso, se hicieron 4 o 5 audiencia donde se solicitó el cambio de medida antes de estos 2 años. Ninguno le fue concedido. Solo se habla de cambio de medida cautelar que lo sigue sujetando a proceso y en espera de una sentencia”.

El Fiscal recordó que hay una fila de 18 causas penales en su contra y todas solicitando al gobierno de Estados Unidos que le permita a Chihuahua iniciar el proceso penal en su contra ya que, solo se puede juzgar por el caso que dio pie a la extradición.

Jáuregui fue enfático al señalar que hay la plena confianza de que el exgobernador va a enfrentar la justicia, a obtener una pena ejemplar y va a reparar el daño que realizó a los chihuahuenses.

Ante esto, de quedar en libertad y en proceso penal, se pediría por parte de la Fiscalía que el exgobernador porte brazalete, arresto domiciliario o limitaciones de movilidad, y todas las medidas que eviten que se evada de la acción de la justicia.

Ayer se realizó una audiencia en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, a fin de revisar la medida cautelar del exgobernador César Horacio D.J., a solicitud de su equipo de defensa legal.

La medida cautelar de prisión preventiva, correspondiente al proceso judicial que se inició el pasado 23 de agosto, fue revisada por un Juez de Distrito, bajo el expediente de la causa penal 1260/2017.

Sin embargo, el juzgador a cargo de la audiencia, decidió que el imputado por el delito de peculado agravado, por un monto de 120 millones de pesos en perjuicio del gobierno estatal, deberá permanecer en prisión preventiva.

La defensa del exgobernador ha argumentado que el estado de salud de su defendido es delicado, ya que a decir de sus médicos, no solo padece de una cardiopatía, sino también de alta presión, piedras en los riñones, síndrome de colon irritable e incluso un tumor en uno de los riñones que está en estudio.

Durante la celebración de la audiencia intermedia, que se prolongó por dos semanas, las sesiones se interrumpieron continuamente para revisar los signos vitales del imputado, así como para llevarlo a sus citas médicas, de terapia y psicológicas.

Minutos antes de las 10 de la mañana de este viernes se retomaron los trabajos de la audiencia para la revisión de la medida cautelar de César Horacio D.J., imputado por los delitos de peculado y asociación delictiva.

La revisión se da cuando el imputado está a punto de cumplir tres años en prisión preventiva y en vísperas de iniciar la audiencia intermedia de su proceso judicial, en el que el Gobierno del Estado le atribuye un daño al erario por 96 millones de pesos.

La jueza Delia Valentina Meléndez ha escuchado los testimonios de diversos personajes, entre médicos y personal del Cereso 1 de Aquiles Serdán, así como de médicos particulares que han atendido las afecciones a la salud del exmandatario.

Ayer jueves la audiencia se desarrolló a lo largo de 12 horas, en las cuales también se desahogaron pruebas documentales, mediante las cuales el Ministerio Público ha buscado demostrar que el estado de salud del imputado es estable y no grave.

Por su cuenta, la defensa ha sostenido la tesis contraria: que el estado de salud del imputado es grave, que sufrió un infarto al corazón el pasado 23 de abril.

Además, que el Cereso 1 no tiene las condiciones adecuadas ni para atenderlo, ni para llevarlo a un centro médico de tercer nivel, donde debería ser atendido en caso de sufrir algún otro incidente que afecte su salud y que incluso, pudiera llevarlo a perder la vida.