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México

Ante el conflicto israelí-palestino, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana saldrán este lunes 9 de octubre rumbo a Tel Aviv, Israel, para trasladar a personas mexicanas que buscan salir del país “tras la violencia que se registra en la región desde este fin de semana”.

Los vuelos están coordinados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la SRE; uno salió después de las 10:00 horas y el otro se tiene previsto que salga por la tarde.

“Las personas que han manifestado su interés en regresar en dichos vuelos humanitarios son alrededor de 300, como informó el presidente, aunque este número se está actualizando constantemente”, indicó la Cancillería a cargo de Alicia Bárcena.

En su conferencia de hoy, López Obrador indicó que “hay apuntados alrededor de 300 mexicanos que quieren salir de Israel” en el segundo vuelo que se tiene contemplado salga por la tarde.

La SRE apuntó que el Gobierno de México, a través de su Embajada en Israel y de la Oficina de Representación en Palestina, se ha mantenido al pendiente del desarrollo de los acontecimientos para atender las consultas y llamadas de personas mexicanas que viven o están visitando esos países, además de identificar a las personas que han manifestado interés de evacuar y coordinará los esfuerzos necesarios para lograr esto.

Agregó que a través de la Embajada de Israel, el Gobierno de México está en contacto con los familiares de los dos mexicanos y la mexicana desaparecidos, y mantiene comunicación con las autoridades de Israel.

A través del Centro de Información y Atención a Personas Mexicanas (que opera 24 horas), del Centro de Enlace Diplomático y de la Embajada de México en Israel se han atendido 336 llamadas y correos electrónicos, brindando asistencia personalizada sobre la situación actual en la región.

Se tienen registrados en Israel aproximadamente 5 mil personas mexicanas residentes; 2 en la Franja de Gaza y 35 en Cisjordania.

La administración de Estados Unidos urgió al gobierno mexicano a realizar un progreso significativo en el tema de la política energética mexicana que considera afecta a empresas estadounidenses.

Ello porque desde julio del 2022 la Oficina de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR con sus siglas en inglés) inició consultas con el gobierno mexicano por considerar que diversos cambios en las regulaciones de la industria eléctrica y petrolera discriminan a sus empresas, lo que es contrario al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Además, el gobierno de Joe Biden pidió llevar un monitoreo transparente de las importaciones de acero y aluminio que llegan a México porque preocupa que estos productos lleguen al mercado estadounidense.

Preocupa a EU falta de transparencia en importaciones de aluminio de México

En una reunión bilateral entre las ministras de comercio estadounidense y mexicana, en el marco del Diálogo Económico de Alto Nivel y del CEO Dialogue US-México, la titular de la USTR, Katherine Tai, dijo a la secretaria de Economía de México, Raquel Buenrostro, que les preocupa la “falta de transparencia” en las importaciones de aluminio y acero que llega a México de terceros países.

La USTR explicó en un comunicado que las ministras coincidieron en la importancia de reforzar el monitoreo del comercio de dichos productos y que instruirán a sus equipos para trabajar en la reinstalación del régimen de monitoreo de las exportaciones de México.

Por otra parte, Tai externó la preocupación a Buenrostro -quien está de visita por Washington D.C- en torno a la metodología que se usa para fijar las cuotas del espectro radioeléctrico, ya que ello inhibe la competencia en el sector de telecomunicaciones.

Juárez y México están perdiendo oportunidades con la presencia de migrantes en la frontera, pues se trata de mano de obra en algunos casos bien calificada que podría ingresar a laborar de manera temporal en la industria local.

Para ello, sin embargo, se tiene que trabajar en la reestructuración de las leyes migratorias de Estados Unidos y de México que obstaculizan y dificultan esa contratación, consideró Alejandro Sandoval Murillo, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Grupo Ciudad Juárez.

El economista habló sobre el cierre del área comercial en el puente Libre ordenado por las autoridades norteamericanas el pasado lunes 18 de septiembre, con objeto de trasladar a ese personal hacia el cruce de Zaragoza para colaborar en el procesamiento de migrantes que se está haciendo en ese punto de cruce.

Dijo que una consecuencia negativa con ese cierre es la restricción a la movilidad de los tractocamiones y sus cargas comerciales, un problema financiero que dijo quizá al principio no sea tan grave pero que conforme transcurran los días y no se dé una solución óptima podría generar problemas y consecuencias graves.

Estados Unidos, errático y descontrolado

“El tema migratorio, que es el origen, es uno que se ha manejado muy mal y con descontrol por parte de los dos países involucrados, más los países de origen y que obviamente provoca ese tipo de conceptos.

Estados Unidos ciertamente tiene la prerrogativa, como la puede tener México, de cerrar su frontera de manera plena. Lo hizo en la pandemia, algo que pudiera ser impensable en este tiempo.

Ocurrió, y ahora lo hace en este efecto con el puente Libre, pero también tenemos que reconocer que el Gobierno de Estados Unidos ha sido errático en el manejo de la temática migratoria y dos, aún con los cambios de gobierno y las presuntas promesas electorales del actual presidente de los Estados Unidos.

“Realmente, esa posición errática no ha cambiado y quizá al contrario, ha agravado algunos de los mecanismos procedimentales para resolver los problemas de los migrantes, y ante esto es que se dan esta consecuencias”, declaró el presidente del IMEF.

empleo

México: dejar de lado las oportunidades

Dijo que, en ese sentido, se trata de una responsabilidad institucional tanto de Estados Unidos como de México, cuyo Gobierno manifestó que tampoco ha sabido manejar el tema dejando pasar a los migrantes, pero dejándolos en una situación de incertidumbre y a su suerte o con apoyos mínimos, o tal vez arrestándolos y sujetándolos a la posibilidad de eventos como el del 27 de marzo, en que murieron 40 migrantes por negligencia de las autoridades migratorias.

“Eso demuestra que no hay una planeación para manejar el problema, y un costo de oportunidad que se está dejando ir al no regularizar a los migrantes de una manera óptima, declaró.

“En Estados Unidos, analistas han señalado que dentro de esos grupos migrantes hay una perspectiva de capacidad o de capacitación, hay gente muy capacitada de la que se puede echar mano de una manera planificada y eficiente, con lo que se podrían resolver los problemas de productividad hacia el futuro. Al respecto, se puede hablar con Sergio Colín de Index y te dirá que hay necesidad de mano de obra que no se subsana localmente por múltiples factores internos del país”, agregó.

“Ahí hay oportunidades. El decir que los migrantes no quieren trabajar es un argumento falaz. No puedes pensar que esos 30 mil migrantes que llegan a Juárez y se estancan aquí, de todos, nadie quiera trabajar. Es absurdo y más cuando hay la incertidumbre de cuándo van a cruzar, que puede ser de seis meses a dos años, entonces, ¿por qué no regularizar temporalmente y aprovechar esa mano de obra en lo que están aquí y en vez de tener estos problemas?”, cuestionó.

Legislación mal estructurada

La ley migratoria, dijo, da pauta para que eso suceda, pero solo en su parte sustantiva, ya que por su carácter radical y conflictivo, no permite que se cumplan los parámetros necesarios para que se den esas contrataciones.

“Esto, porque si yo quiero contratar un empleado migrante, tengo que sacarlo del país, darle su carta de invitación para que la presente en el puerto de entrada. Yo no lo puedo sacar a El Paso. Lo tengo que sacar a Guatemala o Belice. ¿Con qué dinero voy a hacer eso si es una operación pequeña local? Eso no tiene lógica. La legislación no está bien estructurada. Se han hecho esfuerzos importantes por organismos empresariales que han logrado ciertos acuerdos con Migración o con Sedena para lograr estos efectos. Entiendo que no ha habido los resultados esperados”, agregó.

“Tenemos que trabajar en que mejore la reestructuración de nuestras políticas públicas, específicamente en las leyes migratorias de Estados Unidos y de México (…) las posturas tanto de los demócratas como de los republicanos han permitido que este problema crezca y de alguna manera ese es el origen de este problema”, señaló Sandoval.

Destacó que en consecuencia con el cierre del puente Libre se contabilizan pérdidas por varios millones de dólares diariamente. Agregó que si el problema se resuelve en los siguientes días, quizá la repercusión negativa sea leve.

“Ciertamente que el tema es como una bomba de tiempo si no se resuelve (…) porque el hecho de no pasar tus productos y tener que buscar vías alternas genera un costo que la maquiladora tiene que repercutir eventualmente en precios y en medio de un ciclo inflacionario que nomás no cede. Esto está repercutiendo en precios por cuestiones de  malas planeaciones de políticas públicas tanto en Estados Unidos como de México, y eso pues no es algo grato”, opinó el economista Sandoval.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) realizan el primer encuentro de afrodescendencias en México, en el cual convocaron a 66 personas líderes del movimiento afromexicano, con el propósito de impulsar la agenda de igualdad y no discriminación en el país.

La reunión se realizó en el municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero, un lugar significativo donde inició la lucha por los derechos afrodescendientes en México.

Los participantes compartieron experiencias de vida, herramientas históricas de resistencia para la preservación de su cultura y retos para fortalecer políticas públicas incluyentes con la finalidad de escuchar y visibilizar a los representantes del pueblo y comunidades afromexicanas.

El racismo, clasismo y las narrativas discriminatorias fueron los temas dialogados en las mesas de trabajo, los participantes plantearon reflexiones sobre esfuerzos de transformación cultural y fortalecimiento de acciones a favor del pueblo y las comunidades afromexicanas.

En la inauguración del encuentro participó la presidenta del Conapred, Claudia Olivia Morales Reza, el coordinador general de Derechos Indígenas del INPI, Hugo Aguilar Ortiz, junto a autoridades del estado y de dicho municipio.

Morales Reza destacó que para construir políticas públicas de inclusión “hay que escuchar a las personas que viven y enfrentan la discriminación”, y señaló que “no hay una sola forma de ser afrodescendiente, hay diversas intersecciones y todas deben ser escuchadas”.

Tenemos que seguir avanzando desde la resistencia y resiliencia, pero con orgullo, para no dejar a nadie atrás, ni a nadie afuera, añadió.

La presidenta del Conapred dio la bienvenida a personas participantes de los estados de Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz, Guerrero y Oaxaca.

El coordinador general de Derechos Indígenas del INPI, Hugo Aguilar Ortiz, dijo que la experiencia de la población afrodescendiente/afromexicana en Cuajinicuilapa es muy importante, debido a que ha mantenido una resistencia activa en la recuperación de su memoria.

“La existencia colectiva de los pueblos indígenas y afromexicano es la plataforma para alcanzar una vida más justa, digna y libre de discriminación”, afirmó.

Compartió que desde el INPI trabajan en el catálogo nacional de pueblos y comunidades indígenas y afromexicana, a fin de reconocer y visibilizar la presencia de estas poblaciones.

También asistió el presidente municipal de Cuajinicuilapa, Edgardo Paz Rojas y la presidenta del comisariado ejidal de Cuajinicuilapa, Aurea Micaela Peñaloza Pérez, quien destacó que este encuentro se haya realizado en el bastión de las personas afromexicanas en la Costa Chica del estado de Guerrero.

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