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La Fiscalía de Operaciones Estratégicas, a través de la Unidad Modelo de Atención al delito de Secuestro, obtuvo un auto de vinculación a proceso dictado en contra de tres implicados en el cautiverio de 15 víctimas.

Este jueves en la continuación de la audiencia inicial, el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica de los imputados Daniel R.R., Axel Gerardo A.R. y Pablo C.C., por los delitos de secuestro agravado y desaparición forzada cometida por particulares.

Derivado de las investigaciones ministeriales, se acreditó la probable responsabilidad de los imputados por hechos cometidos en un domicilio ubicado en la Colonia Hacienda de las Torres en Ciudad Juárez, donde mantuvieron a las víctimas privadas de su libertad.

Luego de escuchar argumentos acusatorios, el órgano jurisdiccional dictó auto de vinculación a proceso en contra de Daniel R.R., Axel Gerardo A.R. y Pablo C.C., quienes enfrentaran su proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Para lo cual se fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Cabe hacer mención que cinco de las víctimas, entre ellas un menor de edad son originarios de El Salvador, una de Ecuador, tres de Guatemala, entre ellas una menor de edad, una de Honduras, una del Estado de México, dos del estado de Aguascalientes y dos de Guanajuato.

El titular de la Comisión de Derechos Humanos, Néstor Armendáriz Loya destacó en su último informe de actividades correspondiente al 2023, en el que aseguró que aún hay asignaturas pendientes en materia de derechos humanos, ya que existen dependencias que no establecen mediciones para la reparación del daño y justicia en el estado.

“Esto se traduce en un incumplimiento para reparar las violaciones a los derechos humanos. Hay grandes retos en la materia, con especial cuidado con personas migrantes, personas desplazas, las personas desaparecidas, la seguridad, el agua y la violencia contra las mujeres”, afirmó Armendáriz Loya.

En total dijo que se han emitido en 2023, 55 recomendaciones, 18 acuerdos y 43 medidas cautelares para garantizar que las víctimas reciban el apoyo necesario.

Y que la Comisión Estatal ha acompañado y acudido a los lugares donde se suscitan los hechos que requieren intervención inmediata como lo son Ceresos, estaciones migratorias, localidades con índices de desplazamiento forzado, instituciones educativas, entre otros.

El ombudsman reiteró que la voluntad y unidad es requerida para la construcción de estrategias, en la que se debe situar la dignidad humana en el centro de todas las actividades del ente público, lo cual reconoció no es sencillo materializarlo, ya que representa un “complejo desafío”.

Asimismo, destacó el trabajo consolidado a través de 6 foros regionales en el estado para generar el diagnóstico, que dará paso al Primer Programa Estatal de Derechos Humanos, que calificó como un gran avance para no vulnerar la dignidad humana de las y los chihuahuenses.

“Respetables diputadas y diputados, quiero externar mi profunda gratitud, hemos recibido el respeto apoyo y colaboración constante, cumplir eficazmente con las demandas de la sociedad”, concluyó.

Personal de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) entregó diversos apoyos a las familias de migrantes que se encuentran asentadas de forma temporal, en un espacio situado en el sur de la ciudad de Chihuahua.  

Carla Rivas, titular de la dependencia, dijo que distribuyeron 150 cobijas, que serán de gran ayuda ante los bruscos cambios de temperatura que se registran en esta temporada invernal, así como 200 botellas de 500 mililitros de agua purificada.

La funcionaria estatal enfatizó que periódicamente reciben reportes y solicitudes de apoyo, para grupos de personas en condición de movilidad, a las cuales se les brinda la atención que requieren. 

 Las personas son provenientes de países como Venezuela, Ecuador, Colombia, Honduras, Perú y Chile. Viven momentáneamente en casas de campaña y tienen como objetivo trasladarse a la frontera con Estados Unidos.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló este lunes a favor del gobierno federal para que pueda retirar el alambre de púas que las autoridades de Texas colocaron en la frontera con México para frenar a los migrantes.

El alto tribunal dio la razón a la Administración de Joe Biden con cinco votos a favor y cuatro en contra.

Las políticas antiinmigración del gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, han suscitado varias quejas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Abbott también ha autorizado la instalación de barreras flotantes en el río Grande, cerca de Eagle Pass, y ha permitido a los agentes detener y encarcelar a miles de inmigrantes acusados de allanamiento de morada. La administración también ha impugnado estas medidas ante los tribunales federales.

Un tribunal federal de apelaciones obligó el mes pasado a los agentes federales a dejar de cortar la alambrada. Un gran número de inmigrantes han cruzado Eagle Pass en los últimos meses.

En los documentos judiciales, la administración dijo que el alambre impide que los agentes de la Patrulla Fronteriza lleguen a los migrantes cuando cruzan el río y que, en cualquier caso, la ley federal de inmigración prevalece sobre los propios esfuerzos de Texas para detener el flujo de migrantes en el país.

Las autoridades de Texas han argumentado que los agentes federales cortan la alambrada para ayudar a los grupos que cruzan ilegalmente el río antes de detenerlos para su procesamiento.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y los jueces Amy Coney Barrett, Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan y Sonia Sotomayor se pusieron del lado de la Administración. Los jueces Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Clarence Thomas votaron con Texas.

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