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Es necesario no solo que se declare una emergencia humanitaria, también que se reaccione ante los graves riesgos que representa la crisis migratoria que se tiene aquí y que ya ha provocado pérdidas millonarias a la economía local, dijo Mario Cepeda, presidente de Coparmex en la frontera.

Es una medida indispensable porque dentro de poco tiempo podrían llegar los miles de migrantes que hoy ingresan a Estados Unidos pero mañana pudieran ser rechazados y deportados a México, declaró el líder patronal.

El Congreso del Estado aprobó ayer martes el solicitar al ejecutivo federal la declaratoria de Emergencia Humanitaria para Ciudad Juárez debido a la actual crisis migratoria, declaratoria que implica no solo la asignación de recursos extraordinarios, sino también acciones contundentes por parte del Gobierno Federal para enfrentar la problemática.

Mario Cepeda, presidente en Juárez de la Confederación Patronal de la República Mexicana, consideró que esa declaratoria es una medida indispensable.

“Estamos ante una crisis más allá de lo que alcanzamos a ver. Desde que llegan al país los migrantes entran de manera descontrolada, sin monitoreo ni nada. Se habla de 2 mil 500 personas diarias que están entrando por la frontera de Chiapas. Esa gente se está repartiendo en el país pero principalmente están llegando a Chihuahua y empezando a generar problemas de riesgo a las personas. El peligro de que los agarren los cárteles, que los extorsionen, que los secuestren, que los incorporen al crimen organizado.”, declaró.

Manifestó que la gran mayoría de los migrantes vienen sin información clara sobre el proceso a seguir para poder migrar legalmente a los Estados Unidos.

“Cuando cruzan el río ya están en territorio norteamericano y el gobierno tiene la obligación de procesarlos bajo sus leyes. Por eso los están dejando entrar, lo que no quiere decir que los han aceptado como migrantes. La mayoría no califica para un asilo político, entonces probablemente el 80 por ciento de los migrantes los van a deportar en un año, con lo que se nos va a venir un problema grandísimo”, aseguró.

Dijo que el gobierno norteamericano al tener también recursos limitados en lugar de atender el tráfico de exportaciones está canalizando los que tiene disponibles al procesamiento de los migrantes.

“Se han hecho muchos esfuerzos por extender los horarios de cruce. Incluso se está hablando de que se está gestionando para abrir el cruce de Santa Teresa 24 horas para agilizar y que no haya ese rezago”, agregó.

En lo personal, mencionó, nos preocupa que llegue a ser la cantidad de migrantes tan grande aquí en la frontera, que el grado de desesperación llegue a ser tanto que se quieran cruzar como ya ha habido intentos y que la autoridad americana decida cerrar la frontera por completo. 

“La pregunta es cómo los vas a atender, cómo vas a satisfacer sus necesidades. Sí estamos en una emergencia. Sí debería el Gobierno Federal declarar una emergencia en la frontera, porque eso además de lo humanitario, de salud, de delincuencia, pues nos va a causar un impacto económico muy alto en la frontera”, señaló.

Declaró que hay empresas locales que aún no logran restablecer sus actividades normales o han cerrado porque no tienen capacidad para almacenar, ya dejaron de producir y pagan medios salarios a su gente.

“Esto ya nos está afectando económicamente a la ciudadanía aquí en Ciudad Juárez, entonces es necesario, importantísimo que se reaccione, no nada más que declaren, que tomen acción”, expuso Cepeda.

Con la utilización del helicóptero y drones la Policía Municipal vigila desde el aire el paso de migrantes para ofrecerles seguridad, informó el director de Seguridad Pública, Julio César Salas.

De esa forma la Policía Municipal apoya a autoridades estatales y federales para tener ubicados los grupos de migrantes que viajan en tren, en tránsito por esta ciudad y que se dirigen a la frontera de Ciudad Juárez, indicó.

El municipio también asegura que en caso de emergencia dispone de 800 lugares para alojarlos en cuatro albergues.

El Poder Legislativo de Chihuahua por unanimidad realizó un exhortó para que el Instituto Nacional de Migración y el Sistema Nacional del DIF garanticen la seguridad, estancia, salud y alimentación de niñas, niños y adolescentes migrantes en Ciudad Juárez. 

Rocío Sarmiento, diputada del PAN, expuso que los flujos migratorios de la población infantil en contexto de movilidad humana han aumentado exponencialmente en el último decenio, siendo el 23% del total de la población migrante internacional en el continente americano, de acuerdo con lo señalado por Unicef.

La diputada dijo que de acuerdo a cifras más recientes, entre enero de 2022 y marzo de 2023, fueron asegurados 90 mil 114 niñas, niños y adolescentes en condición migratoria irregular, de los cuales 10 mil 554 (12%) fueron deportados, de conformidad con datos del Instituto Nacional de Migración (INM). 

“Originarios de América del Sur y Centroamérica, arrastran rezagos económicos y sociales que históricamente son detonantes de la migración. Con estos datos nos queda claro que la niñez migrante ha sido un fenómeno lastimoso y recurrente que va en aumento desde 2014 a la fecha”, agregó. 

Aseguró que hay muchos niños que se llaman “de circuito”, que están en la frontera norte, principalmente en Ciudad Juárez y Tijuana, y que se llaman así porque van y vuelven, ya que el crimen los utiliza para traficar personas y sustancias y, por su edad, no los pueden detener en Estados Unidos, entonces los regresan. 

“Hay niños que han hecho hasta 300 vueltas, al final los criminales se aprovechan de los niños, que son quienes corren más riesgos”, agregó. 

La diputada recalcó que la estrategia del gobierno mexicano es abrir Centros de Asistencia Social, CAS, públicos y  privados,  con asociaciones que brinden servicios de acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar, pero que estás deben ir acompañados del desarrollo de estándares de calidad para lograr la atención integral de acuerdo con principios consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Y recordó que la reunión de Coordinación Binacional con el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez y el general de División, Norberto Cortés Rodríguez; de Troy Miller, comisionado de CBP del Gobierno de Estados Unidos; Manuel Padilla, asesor general del CBP, y la gobernadora Maru Campos, uno de los acuerdos fue habilitar albergues para atender en especial a niñas niños, y adolescentes. 

“Sin embargo, no se ha llevado a cabo esta acción, ni implementado garantías de protección a las niñas, niños y adolescentes que transitan por el territorio nacional en calidad de migrantes”, acusó.  

Por lo que llamó a los diputados a exhortar al Instituto Nacional de Migración para actualizar urgentemente  el Protocolo de actuación para asegurar el respeto a los principios y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en procedimientos administrativos migratorios. 

También, al H. Congreso de la Unión a fin de que dé cumplimiento al Transitorio Tercero del Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en materia de Infancia Migrante. 

Y que se destine en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024, los recursos necesarios para la operación de los Centros de Asistencia Social. 

Además del funcionamiento de las Procuradurías de Protección, de conformidad con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su reglamento. 

Por último, que el titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia de la Administración Pública Federal, a la mayor brevedad, asuma las responsabilidades administrativas correspondientes para que las niñas, niños y adolescentes migrantes y/o refugiados sean beneficiados con las políticas públicas que el Estado Mexicano tiene previstas para garantizar sus derechos humanos. 

El llamado fue aprobado en todos sus términos por unanimidad con 27 votos a favor.

Con 18 votos a favor y 10 en contra, el Congreso del Estado de Chihuahua aprobó por mayoría solicitar a la Secretaría de Gobernación Federal realice de manera urgente un empadronamiento de personas migrantes que se localicen en Ciudad Juárez y verificar si pertenecen algún grupo criminal identificados como “maracuchos” o “tren de Aragua”. 

Lo anterior, para que de comprobarse que pertenecen a alguno de esos grupos, se les aplique de inmediato el “retorno asistido” o repatriación a sus países de origen, a quienes acusaron de caracterizarse por asesinatos violentos y crear pánico en los bandos contrarios como forma de control.

El encargado de dar lectura al llamado fue el diputado Gabriel García Cantú, en representación del Grupo Parlamentario del PAN, quien señaló que en los últimos días, han surgido una serie de notas periodísticas, en las cuales, se manifiesta, que existen indicios importantes para determinar que hay grupos de migrantes que pertenecen a grupos delincuenciales como “maracuchos” o “tren de Aragua”.

El diputado dijo desconocer si se cumple con la Ley de Migración, y si el Gobierno Federal cuenta con un registro de los migrantes que ingresan al país, su destino y solvencia de gastos en México. 

“Es por ello que solicitamos a la  titular de la Secretaría de Gobernación se realice de manera urgente, un empadronamiento de todas las personas migrantes que se encuentran en Ciudad Juárez, para que indiquen nombre completo, domicilio, ocupación y demás datos relevantes que permitan conocer quien verdaderamente se encuentra en nuestras calles”, expresó el legislador estatal. 

Gabriel García justificó que no haya política migratoria y se “permita a diestra y siniestra la entrada de extranjeros”, aunque también dijo que no se puede generalizar y que la iniciativa no busca criminalizar a las personas migrantes, aunque solicite registro de todos. 

“Como ya se dijo anteriormente, estos grupos delincuenciales son peligrosos, por lo que el no saber si las personas extranjeras que ingresan a nuestro país pertenecen o no a estas bandas criminales, coloca en un estado de vulnerabilidad a los juarenses”, puntualizó.

El diputado de Morena y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Gustavo de la Rosa Hickerson, dijo que el censo de los migrantes para conocer a quienes integran bandas criminales en los países centroamericanos se trata de una persecución a priori en contra de las personas migrantes en territorio estatal.

“La diferencia es que se propone un censo universal, no nada más de niños, esta sola propuesta busca exacerbar prejuicios contra migrantes… se arroja la duda, de cuales de aquellos migrantes serán tipos peligroso que pueden perturbar la paz de los juarenses, una ciudad construida por migrantes”, indicó el legislador.

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