migrantes

Derivado de las diferentes prácticas de “coyotaje” en Ciudad Juárez, se realizó una reunión urgente con la diputada Georgina Zapata, representantes de albergues migratorios además de autoridades de los tres órdenes de gobierno.

En el evento que se realizó en el edificio legislativo se abordó el impacto en la salud, seguridad y legalidad de las personas en situación de migración.

Además, se resaltó la necesidad de una mejor coordinación entre las instituciones, para mitigar “la problemática que azota nuestro estado”.

También se solicitó una comunicación constante y directa entre las instancias involucradas, tanto en Ciudad Juárez, como en la capital del estado.

En la reunión participaron el Albergue Casa del Migrante San Agustín; Linda Flores, de la Casa del Migrante Ciudad Juárez y el presbítero Francisco Bueno.

También estuvo presente por parte del Albergue Municipal “Kiki Romero”, el director de Derechos Humanos del Municipio, Santiago González; el titular de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Thiago Almeida; el delegado en el estado del Instituto Nacional de Migración, Manuel Marín y el titular en la ciudad de Chihuahua, Alberto Gómez.

A la mesa de trabajo acudieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, específicamente de la Unidad de Atención a Pandillas, personal del Consejo Estatal de Población y DIF Estatal.

Al argumentar que la entrega de recursos económicos no es una reparación efectiva del daño, organizaciones no gubernamentales exigen a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) resarcir de forma integral a familiares de víctimas mortales y sobrevivientes del incendio en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez.

A casi cinco meses del incidente donde 40 personas murieron y 27 más resultaron heridas, los organismos resaltan que desde hace más de una década, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido más de 80 recomendaciones al INM por las condiciones “deplorables” dentro de las estancias sin que se tomen en cuenta.

“El dinero no es justicia. La reparación integral del daño para las familias de los migrantes fallecidos, los sobrevivientes y sus familias no puede limitarse a la entrega de recursos económicos, una reparación efectiva del daño incluye medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en lo individual y en lo colectivo.

“La reparación debe tomar en cuenta la gravedad y magnitud del hecho cometido para garantizar la protección de los derechos de las personas, sobre todo en lo relativo a recibir asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral y debida diligencia. Las personas sobrevivientes del incendio tienen secuelas de por vida, incluso neurológicas, situación que la reparación del daño debe tomar en cuenta», explicaron los colectivos a favor de los derechos de los migrantes mediante un comunicado.

El documento, firmado por más de 50 asociaciones, albergues y activistas, hace un llamado a la CEAV “a no seguir ejerciendo sus funciones en la opacidad”, pues señalan que emitir un dictamen y resarcir el daño no es una facultad del INM sino de la CEAV, que a su vez se ha deslindado de su responsabilidad desde hace casi cinco meses.

“Desde las organizaciones que acompañamos a nueve sobrevivientes y a sus familias nos sorprende que sea el INM el que esté dando a conocer que ha realizado reparaciones económicas del daño cuando es facultad de la CEAV. En su comunicado, el instituto, lejos de brindar datos concretos sobre la reparación del daño, evidencia carencias en el proceso, por ejemplo, pone en riesgo a las familias al hablar de montos económicos asignados, menciona datos que son parte de una investigación que está en curso, usurpa funciones y no se habla de la reparación del daño a los sobrevivientes.

Lo que nos muestra es la insistencia del INM de incidir en la investigación judicial, la urgencia de cerrar el caso y el actuar impune de su titular, Francisco Garduño Yáñez», manifestaron.
Los firmantes del comunicado exigen al gobierno federal incidir en el caso solicitando a la CEAV que cumpla sus funciones y sacar al INM del proceso; tomar en cuenta a todos los sobrevivientes en la toma de decisiones; crear medidas adecuadas de no repetición y brindar claridad a las víctimas sobre los procesos reparatorios.

“Hay personas con impactos permanentes a su salud física y neurológica que les impedirá retomar sus proyectos de vida, lo que los ha dejado con dificultades económicas en su estancia en México y a sus familias en sus lugares de origen”, exponen.

Al INM le solicitan acatar por completo y no “parcialmente” la recomendación 111VG/2023, en la que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) establece que no cumplió con su labor de garantizar el derecho a la integridad y seguridad de las personas.

“Reparar el daño no es sólo entregar un recurso económico, sino la sanción de las autoridades responsables, acceso a la justicia y garantías de no repetición, menos que eso es simulación.

“México debe replantear su política migratoria con la participación de organizaciones expertas que acompañan a las víctimas de este y otros casos de graves violaciones a derechos humanos”, señalaron.

Además, exigen a Garduño Yáñez una disculpa pública en la que los sobrevivientes y sus familiares se encuentren presentes y separarse del cargo mientras el proceso penal en su contra esté abierto.

Tras informarse que el lunes se rescataron a 230 migrantes hacinados en un tráiler en Puebla, el Instituto Nacional de Migración (INM) reportó este miércoles 16 de agosto que, en coordinación con elementos de las Fuerzas Armadas, auxilió y rescató en Veracruz a 137 personas provenientes del continente africano, abandonadas en un autobús.

El INM indicó que la madrugada de este martes, agentes federales de Migración recibieron una llamada telefónica en la que se informó de la localización de un autobús de pasajeros sobre la carretera antigua Las Choapas-Nanchital.

Al llegar al lugar, se corroboró que en el autobús fueron abandonadas 137 personas extranjeras, 129 de Egipto y ocho de Mauritania, que no pudieron acreditar su estancia regular en territorio mexicano.

“Después de verificar el estado de salud de todas las personas, se pudo contabilizar, que en el grupo viajaban dos menores de edad no acompañados, un núcleo familiar conformado por dos personas, así como 125 adultos de nacionalidad egipcia y ocho adultos de Mauritania”, señaló Migración.

Durante el rescate, el personal del Instituto identificó que las personas extranjeras portaban una pulsera con un nombre propio como distintivo característico que utilizan los grupos de tráfico de personasT

odos los extranjeros adultos fueron llevados a la Estación Migratoria Acayucan para continuar con su proceso administrativo migratorio, donde también se les brindó atención médica.

El núcleo familiar y los menores no acompañados fueron trasladados a la Oficina de Canalización de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) y Núcleos Familiares y se le notificó a la Procuraduría de Protección de (NNA).

La noche de este lunes 14 de agosto se realizó un “rescate masivo” en Puebla de 230 personas migrantes de nacionalidad guatemalteca y uno de El Salvador, que viajaban en un contenedor metálico adaptado en la caja de un tráiler, informó el Instituto Nacional de Migración (INM).
En coordinación con Guardia Nacional y la Policía Estatal de Puebla, se detectó a la unidad circulaba por la autopista México-Puebla, a la altura del municipio de Tlaltenango, Puebla, por lo que le marcaron el alto al chofer.

Poco antes de las 22:00 horas, mientras se realizaba la inspección del camión, se escucharon golpes y gritos en la parte trasera y al abrir una de las puertas quedó expuesta una compuerta en la que se observaron niñas y niños sostenidos por adultos.

Agentes federales de Migración comprobaron que al interior del compartimento eran trasladados, sin alimento y ventilación, 84 mujeres y ocho hombres adultos; 120 menores acompañados; 18 adolescentes no acompañados de Guatemala y un hombre de El Salvador.

Los núcleos familiares y los menores de edad no acompañados fueron llevados al Albergue Provisional de Procesamiento y Canalización de Puebla.