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Ocho sobrevivientes del incendio dentro de la estación provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, alzaron la voz para pedirle al gobierno mexicano una serie de acciones que les garanticen la verdad, justicia y reparación del daño.

Su postura se presenta luego de que durante esta semana una reunión con senadores del Grupo de Trabajo Plural de Seguimiento a los hechos ocurridos el lunes 27 de marzo de 2023 en la estación ubicada en el puente Lerdo-Stanton, en esta frontera.

Los sobrevivientes señalaron que el incendio les dejó secuelas de por vida, en su salud física y mental, ya que a algunos de ellos les amputaron partes de su cuerpo.

“Las autoridades migratorias no nos escucharon ni protegieron, nos dejaron encerrados a merced del fuego mientras gritábamos y pedíamos ayuda. Mientras estábamos inconscientes en el hospital, muchas de nuestras familias se enteraron del incendio por las noticias en la televisión, en México nos culpaban de lo sucedido”, dicen los migrantes en un posicionamiento que se compartió después de la reunión con los Senadores.

A más de cien días de haber ocurrido el incendio que dejó 27 lesionado y 40 migrantes fallecidos, aseguran que algunos de ellos continúan en atenciones médicas, algunos con secuelas neurológicas, con movilidad limitada, con quemaduras externas e internas de órganos e incluso uno de ellos perdió un brazo.

“Algunas autoridades mexicanas nos tratan con desprecio. Aunque el Instituto Nacional de Migración ha solventado nuestros gastos de hospedaje y alimentación, es muy difícil para nosotros recordar esos uniformes, los mismos que portaban a quienes gritamos por auxilio y nos ignoraron, o subir a esas camionetas, las mismas que nos llevaron a la cárcel migratoria en Ciudad Juárez, señalaron los migrantes sobrevivientes.

Además, reclamaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no les ha dado información clara, tampoco conocen sus expedientes médicos, ni saben cuánto tiempo van a seguir bajo cuidado médico o qué va a pasar con ellos.

Por esa razón, los migrantes lanzaron seis peticiones al gobierno de México las cuales son:
Información periódica sobre las acciones que están realizando las autoridades para garantizar verdad, justicia y reparación del daño.

Como segunda petición está la atención a sus necesidades económicas y de salud física y mental en México y sus países de origen, así como la inscripción de todas las víctimas y sus familias al Registro Nacional de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

También solicitaron facilitación por parte de la CEAV, de valoraciones psicosociales independientes de todas las víctimas, se les regresen sus pertenencias que ahora tiene la Fiscalía General de la República y que no existan represalias contra ellos y sus familias en México y en sus países de origen.

Además, pidieron una reunificación familiar, es decir, traer a sus hijas e hijos, quienes se quedaron en sus países de origen, así como atención médica a sus familias que están cuidándolos mientras están en proceso de recuperación.

Los ocho migrantes, víctimas del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez están siendo acompañados en su lucha de verdad y de justicia por organizaciones como: Familia Asylum Access México, Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C. (DHIA), Fundación para la Justicia (FJEDD), Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), entre otros.