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Migrantes siguen reuniéndose durante el día en el parque Chamizal, en Ciudad Juárez, en las inmediaciones del puente internacional Córdova Américas (Puente Libre), con la esperanza de ser recibidos por el gobierno de Estados Unidos, pese a no contar con cita a través de la aplicación CBP One.

Las personas extranjeras en condición de movilidad se concentran en el conocido “túnel” que forman las estructuras de protección en el paso peatonal del cruce internacional.

De acuerdo a testimonios, agentes norteamericanos los reciben esporádicamente. En ocasiones son recibidos en ese punto hasta 50 migrantes en un lapso de 24 horas.

Las autoridades estadounidenses dan prioridad a migrantes que llegan con esposa e hijos. Los hombres que viajan solos son relegados, aunque también logran pasar, de acuerdo con algunos entrevistados.

Durante el día, elementos de la Guardia Nacional de México acuden “túnel”, para pedirle a las personas migrantes que se retiren de ese espacio bajo custodia del Gobierno Federal. Se alejan momentáneamente y luego regresan para formarse, en espera de ser llamados por las autoridades migratorias de Estados Unidos.

El Instituto Nacional de Migración (INM) en el estado de Veracruz localizó ayer viernes a 129 personas migrantes originarias de Guatemala, Honduras, El Salvador y la India en la caja de un camión tipo torton mientras circulaba por la vereda de Almagres, localidad de San Isidro, municipio de Sayula de Alemán.

De ellos, 51 migrantes de nacionalidad guatemalteca que viajaban en núcleo familiar, fueron trasladados –en un retorno asistido- a la ciudad de Tecún Umán, en aquel país.

Mientras, 19 niños no acompañados provenientes de Guatemala y Honduras fueron trasladados a un albergue del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), donde quedarán bajo la tutela y protección de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado.

En tanto, 59 personas extranjeras adultas quedaron alojados en una sede migratoria como parte de las diligencias de ley, debido a una denuncia presentada por la Policía Estatal ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En el operativo, fueron detenidos 4 presuntos traficantes y dos vehículos que fueron puestos a disposición de la FGR.

El comisionado del Condado explicó que de esos 2 mil que son detectados en la frontera, alrededor de 500 corresponden al sector de El Paso, lo cual es notorio, porque llegaron a cruzar hasta dos mil 500.

Stout refirió en transmisión, que en el centro de procesamiento de migrantes que tienen habilitado en El Paso, para apoyar a migrantes que cruzaron legalmente, se tiene a casi 200 actualmente, cuando su capacidad de atención es para recibir hasta a mil 200 diariamente, lo cual habla del bajo flujo de personas que se tiene en este momento.

Señaló que los migrantes que se ven en las calles de El Paso, tales como los que acampan frente a la iglesia del Sagrado Corazón, es porque no tienen forma de salir de la frontera, cuando esa es su intención, ya que el 99 por ciento de los que llegan a El Paso se van a otras ciudades de Estados Unidos.

Refirió que tienen miedo de ser detenidos por la Patrulla Fronteriza en alguno de los puntos de revisión en carretera.

Afirmó que el Condado de El Paso, trabaja de forma coordinada con ciudades de Texas tales como Austin, Dallas y Houston, para enviar a migrantes a esos lugares, pero son convenios bien realizados, a diferencia de los traslados que ordena el gobernador Gregg Abbott.

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que de 2017 a 2023 se han abierto 119 investigaciones contra agentes de esa institución acusados de presuntas “conductas irregulares” contra migrantes, entre ellas extorsión, pero clasificó como información reservada el nombre de los funcionarios acusados, por un periodo de cinco años.

En una solicitud de información vía Ley de Transparencia hecha por El Universal, se pidió al organismo detallar la fecha, lugar, descripción de queja, nacionalidad del denunciante y si hubo alguna sanción contra los funcionarios acusados. Sin embargo, la Dirección General de Coordinación de Oficinas de Representación señaló que no contaba con la información desagregada como se le solicitó.

“La cantidad de denuncias del periodo de 2017 a 2023 de las cuales la Dirección General de Coordinación de Oficinas de Representación tuvo conocimiento y canalizó al Órgano Interno de Control (OIC) en el INM respecto de conductas aparentemente irregulares cometidas por personas servidoras públicas adscritas a las Oficinas de Representación del INM con la finalidad de que ese órgano fiscalizador en el ejercicio de sus atribuciones conociera los hechos y en su caso determinara la procedencia de realizar las investigaciones correspondientes e iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa respectivos, siendo éstas 119 quejas contenidas en un total de 2 mil 348 fojas”, expuso.

El INM informó que se clasificaron como información reservada los nombres de los agentes migratorios al argumentar que su difusión podría ser susceptible a alguna persecución por parte del crimen organizado por desempeñar actividades en materia de control y regulación migratoria, existiendo “un probable daño real, demostrable e identificable”.

Sostuvo que los agentes migratorios pudieran llegar a ser privados de su libertad o incluso perder la vida a manos de la delincuencia.

“Al revelarse el nombre de los funcionarios se pone en riesgo su vida y seguridad, lo que representaría su identificación plena, haciendo factible que cualquier persona pueda atentar en su contra y cometer actos ilícitos que pongan en riesgo su vida y seguridad personal”, asevera.

Ayer El Gran Diario de México informó que dos agentes del INM fueron captados en video mientras cobraban sobornos a migrantes durante una verificación en la caseta 156, Ojo Zarco, de la carretera Guadalajara-Tepic. Tras mostrar el video al INM informó que ordenó la baja inmediata de ambos elementos y se levantó la denuncia ante la FGR.
En la solicitud de información, Migración argumentó que la publicación de los nombres de los agentes federales de Migración o los servidores públicos con funciones operativas los coloca en un “grave riesgo” y que podría afectar su honorabilidad y su derecho a la presunción de inocencia.

“Hasta en tanto el OIC determine la procedencia o no de algún procedimiento de responsabilidad administrativa en su contra se debe de garantizar el derecho a la presunción de inocencia de los servidores públicos, ya que incluso con la publicidad de sus nombres se podría afectar la oportunidad de llevar a cabo alguna de las garantías del debido proceso”, indicó.

El pasado 6 de abril El Universal reveló que en el Instituto Nacional de Migración agentes y funcionarios aprovechan cualquier oportunidad para obtener dinero de los migrantes y extorsionarlos sin importar su nacionalidad, pues, de acuerdo con testimonios de extranjeros y de integrantes de ONG, les cobran para dejarlos salir de las estaciones, por artículos para servicios básicos (higiene personal) e incluso existen “tienditas” en los centros de detención para vender productos hasta al triple de su costo normal.