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Los seis empleados federales contra los que procederá penalmente la Fiscalía General de la República (FGR) tras la muerte de 40 migrantes, seguían en sus funciones hasta esta mañana, de acuerdo a fuentes del Instituto Nacional de Migración (INM).

Dijeron lo anterior luego de la versión difundida donde se mencionaba que el comisionado del INM Francisco Garduño y Salvador González Guerrero, delegado del INM en Chihuahua, habrían sido detenidos por elementos de la FGR.

Según las fuentes, siguen en sus puestos también Antonio Molina Díaz, director de Control y Verificación Migratoria; Juan Andrés Molina Reynoso, subrepresentante local del puente Lerdo; Cecilia Sapién, jefa del departamento de Seguridad y Custodia en Janos; así como Eduardo Apodaca Magallanes, jefe de departamento de Recursos Materiales.

Según la ficha de la FGR enviada ayer a los medios de comunicación, los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años señalan, con toda claridad, las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo; e indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos del pasado 27 de marzo en Ciudad Juárez.

“Por todo ello, se ha procedido penalmente en contra de los directivos del INM, Francisco “N” y Antonio “N”, quienes incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes (artículo 214, fracción VI, Código Penal Federal)”, se dio a conocer.

Asimismo, se ha procedido penalmente contra los servidores públicos Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, que se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Fiscalía General de la República investiga al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, luego del incendio en el que murieron 40 migrantes en Ciudad Juárez.

“Hay una investigación que incluye a Francisco Garduño en el caso lamentable de la pérdida de vida de migrantes en Ciudad Juárez”, dijo el jefe del Ejecutivo esta mañana en su conferencia.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó anoche que procedió penalmente contra el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, por presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo.

“No sabemos todavía el alcance, cuál es la acusación, porque son varios los implicados, y hoy en la mañana (en la reunión de Seguridad), se habló de que puede ser que se acuse a algunos por omisión, a otros por homicidios, pero todavía falta que la Fiscalía informe más sobre la investigación y que los jueces sean los encargados de impartir la justicia”, agregó López Obrador.

La Comisión de Asuntos Migratorios, que preside la diputada Rosa María González Azcárraga (PAN), aprobó un proyecto de decreto para reformar los artículos 3, 81,105,109 y 111 de Ley de Migración y así garantizar una presencia máxima de 36 horas a las personas migrantes en territorio nacional una vez que estén en la tutela del Estado mexicano.

“Extender la privación de la libertad por más de 36 horas mientras se resuelve su situación migratoria resulta violatorio de derechos humanos, en virtud de no existir razones particulares relacionadas con la persona”, dice el texto.

Además, validaron el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 36 de la Ley de Migración con la intención de ampliar el plazo establecido en la Ley de Migración, para realizar la revisión migratoria para personas que pretendan ingresar al país y que se ostenten como mexicanas.

“Este procedimiento deberá ser racional y no deberá exceder de 4 horas, excepto en los casos en los que la persona que se ostenta como mexicana solicite expresamente su ampliación.

“En ningún caso el plazo podrá exceder de 24 horas. Durante el tiempo que dure el procedimiento de revisión, la autoridad migratoria deberá brindar todas las herramientas tecnológicas y de comunicación que tenga a su disposición para que la persona de que se trate, complemente o aporte nuevos elementos objetivos de convicción”, señala el dictamen.
Asimismo, avalaron diversos puntos de acuerdo para exigir la protección verdadera de las personas migrantes que transitan por el territorio nacional.

El primero de ellos, es un exhorto al titular de la Secretaría de Gobernación, para que, a través del Instituto Nacional de Migración se salvaguarden los derechos humanos e integridad de las personas migrantes que se encuentran en tránsito dentro del territorio nacional.
El segundo de ellos, solicita a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el gobierno de la Ciudad de México, implementen mecanismos para reubicar en albergues a las personas migrantes que permanecen al exterior de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, “con la finalidad de respetar y garantizar sus derechos humanos”.

En un tercer documento, avaló un exhorto para que el titular del Instituto Nacional de Migración garantice protección y seguridad a las mujeres migrantes durante sus traslados.
También suscribió un llamado con relación a las políticas públicas y programas de acción en materia de migración de retorno a fin de proteger a las personas migrantes.

El quinto dictamen contiene un exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal y a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Instituto Nacional de Migración para que, de manera urgente, se atienda la crisis migratoria que se vive en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Dicha solicitud es con relación a los hechos ocurridos el 12 de marzo pasado donde más de cien personas intentaron ingresar a territorio de los Estados Unidos de manera violenta, “ante una migración no ordenada”.

Adicionalmente, la Comisión de Asuntos Migratorios se reunió con John Robert Hernández, titular de la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes (Conofam).
La diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío (MC) expuso que todas las oficinas de migración en las entidades del país deben tener una oficina de capacitación, “muchos de los estados ni siquiera saben qué hacer en caso de que un migrante muera, no saben cómo repatriar a sus muertos”.

Mario Alberto Torres Escudero, diputado de Morena, aprovechó la presencia de algunos representantes del sistema migratorio en las diversas entidades del país, para preguntarles cómo ha sido su experiencia en materia de presupuesto público “para poder ayudarles desde el Legislativo”.

En su momento, el diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz (Morena) expresó que la capacitación es indispensable «y debemos siempre estar actualizando el marco legal, que vengan quienes tengan las condiciones de sumar a nuestro país».

El diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN) expuso que existen muchas situaciones irregulares en el proceso de migración en México, “creo que hay mucha gente con experiencia en las dependencias de asuntos migratorios en el país”.

La diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortés (Morena) afirmó que el movimiento de migrantes en el mundo está auspiciado por el interés de grandes empresarios y “hay que seguir el hilo del dinero, hay muchos empoderados que continúan haciendo un negocio de la migración”.

De MC, la diputada Olga Zulema Adams Pereyra resaltó que es un negocio el fenómeno de la migración. «No hay ni un sólo centroamericano que haya hablado mal en su trayectoria en México; miles de migrantes hablan de que se les dio de comer y alojamiento”.

John Robert Hernández expresó que “si tuviéramos que definir en una sola palabra la importancia que tiene la Conofam para el país, sería: acompañamiento; por ejemplo, a pesar de la contingencia por Covid-19, en los últimos tres años pudimos atender de manera oportuna a los migrantes, no los dejamos solos cuando más lo necesitaron”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la travesía de migrantes hacía el norte de México es “riesgosa en extremo” y que los secuestros por parte de bandas del crimen organizado no solo ocurren en San Luis Potosí -donde se han rescatado a más de 100 migrantes – sino también ocurre en Guanajuato, Veracruz y Tamaulipas.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal señaló que como estrategia para defender y proteger a los migrantes su gobierno procura ofrecer opciones de trabajo y albergue en el sur y sureste del país, sin embargo, señaló, los migrantes ya vienen con el propósito de llegar a Estados Unidos.

“Acaba de suceder en Matehuala, una situación de secuestro de migrantes por la delincuencia organizada, siempre hemos planteando buscar ofreciendo trabajo, albergue, atención mantener en el sureste a los migrantes porque la travesía hacía el norte es riesgosa en extremo. Entonces tenemos que buscar opciones alternativas”.

“No es nada más en San Luis, es en Guanajuato, es en Veracruz y en Tamaulipas y por eso como estrategia para defender, proteger a migrantes, procuramos que se les ofrezcan opciones de trabajo y albergue en el sur, sureste, sin embargo, ellos vienen con un propósito de llegar a Estados Unidos por eso insistimos mucho en que debe de atenderse el problema en los pueblos de origen de los migrantes”, dijo.