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La nomenclatura de la Ley de Migrantes fue modificada a “Ley de Protección y Atención a Migrantes y sus Familias para el Estado de Chihuahua”, dentro de los dos dictámenes aprobados este jueves por el Congreso del Estado, así como varios artículos que la integran.

En el segundo dictamen se estableció el “Día Estatal del Migrante”, a conmemorarse anualmente cada 18 de diciembre.

Dentro de la reforma de la ley de protección de migrantes se modificaron los artículos 64, fracción I de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica; así como 80 y 81 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ambos ordenamientos del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua.

La diputada Ana Georgina Zapata Lucero señaló que estas reformas son necesarias para la evaluación presupuestal, recursos requeridos para que el Estado Mexicano cumpla compromisos signados a nivel internacional.

“Los estados tenemos la obligación de velar por los derechos humanos de los migrantes”, dijo.

Debido a que el estatus migratorio es injerencia de la federación, señaló que con esta reforma también se busca reforzar los lazos entre los tres niveles de gobierno.

Dentro de la lectura del dictamen se dio a conocer que el 90 por ciento de las recomendaciones emitidas por la CNDH son violaciones de los derechos humanos cometidas dentro de una estación migratoria o estancia provisional a cargo del Instituto Nacional de Migración.

Lo anterior, cuando el migrante “irregular” se encuentra privado de su libertad, conforme al procedimiento administrativo migratorio previsto en el artículo 68 de la Ley de Migración.

Por otra parte, se declaró día 18 de diciembre de cada año como “Día Estatal del Migrante”. La creación de esta conmemoración se da por la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1990.

Estos movimientos migratorios se dan porque las personas buscan mejorar la calidad de vida para ellos y sus familias, así como superar las desigualdades económicas, sociales y demográficas de sus países de origen.

Este grupo de la población generalmente enfrenta problemas como hambre, desempleo, conflictos bélicos, persecuciones por motivos políticos, ideológicos o religiosos, así como cambios climáticos y catástrofes naturales.

Ron DeSantis, considerado firme aspirante a la nominación republicana para las presidenciales de 2024, criticó hoy que el gobierno de Estados Unidos esté priorizando la ayuda a la guerra en Ucrania en vez de “defender a la patria” del flujo de drogas desde México.

DeSantis, el gobernador de Florida que aún no oficializa su aspiración presidencial, pero es considerado un fuerte candidato y estrella en ascenso del Partido Republicano, respondió a un cuestionario enviado por la televisora Fox News sobre la guerra en Ucrania.

A diferencia de otros republicanos, como el exvicepresidente Mike Pence, o la exembajadora en la ONU Nikki Haley, DeSantis aseguró que involucrarse más en la guerra entre Ucrania y Rusia “no es prioridad para Estados Unidos”.

Estados Unidos, detalló para el programa de Tucker Carson, “tiene muchos intereses nacionales vitales: asegurar nuestras fronteras, atender la crisis de preparación de nuestras fuerzas armadas, lograr la seguridad y la independencia energéticas y frenar el poder económico, cultural y militar del Partido Comunista Chino”. En cambio, consideró, “enredarse aún más en una disputa territorial entre Ucrania y Rusia no es uno de ellos”.

La declaración fue leída en voz alta por Carlson. De Santis, cuya fuerza quedó evidenciada en las elecciones de medio término de noviembre pasado, aludió a la petición ucraniana de más aviones y misiles a Estados Unidos. “Los F-16 y los misiles de largo alcance no deberían estar sobre la mesa”, indicó.

“Estas maniobras correrían el riesgo de involucrar explícitamente a Estados Unidos en el conflicto y acercarnos a una guerra caliente entre las dos mayores potencias nucleares del mundo. Ese riesgo es inaceptable”.

DeSantis subrayó que “no podemos dar prioridad a la intervención en una guerra extranjera en escalada sobre la defensa de nuestra propia patria, especialmente cuando decenas de miles de estadounidenses mueren cada año a causa del contrabando de narcóticos a través de nuestra frontera abierta y nuestros arsenales de armas críticas para nuestra propia seguridad se están agotando rápidamente”.

Diversos congresistas republicanos, incluyendo el senador Lindsey Graham, están a favor de que se designe terroristas a los cárteles de la droga y que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos actúen contra ellos. Aunque DeSantis no se refirió a este tema, para algunos periodistas que haya tocado el tema de los arsenales “críticos” para la seguridad estadounidense podría ser un indicio de que está abierto a esa posibilidad.

Al grito de “déjenos pasar, queremos pasar” cientos de migrantes, la mayoría de ellos venezolanos, irrumpieron la tarde de ayer en el Puente Internacional Paso del Norte, en Ciudad Juárez, con el fin de que las autoridades de Estados Unidos les den respuesta ante su situación migratoria.

Pasado el mediodía, los migrantes fueron llegando, algunos con niños, para exigir que los trabajadores mexicanos de las casetas del cruce internacional les dieran la oportunidad de cruzar hasta la mitad del puente y llegar a Estados Unidos.

Luego de estar por varios minutos en las casetas de peaje del puente de entrada, irrumpieron por la fuerza llegando a la mitad del cruce fronterizo, en los límites de Ciudad Juárez y El Paso, Texas.

En ese lugar cantaron frente a los agentes del departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) el himno nacional venezolano y gritaron sus demandas: “Queremos pasar”; “tenemos derechos”; “que nos vengan a ayudar, que nos vengan a apoyar”.

Los agentes del CBP colocaron alambre de púas, malla ciclónica y dispararon algunas granadas de gas pimienta para evitar la llegada de los migrantes, quienes no se intimidaron.

Algunos explicaron a El Universal que llevan meses en espera de lograr una cita en la aplicación CBP One “que lanzó hace un par de meses el gobierno de Estados Unidos para que los migrantes puedan hacer sus trámites de manera legal” sin conseguirlo y por eso se unieron para pedir una respuesta de las autoridades o que los dejaran pasar.

Otros aseguraron que les hicieron llegar un mensaje, donde les decían que durante el domingo se abriría la frontera y podrían cruzar a Estados Unidos.

Los agentes del CBP les explicaron que los dejarían pasar solo por el muro fronterizo, por lo cual la mayoría corrió hasta la barrera a unos metros del puente; sin embargo, tampoco lograron cruzar debido al despliegue de seguridad que la Guardia Nacional de Texas mantiene desde diciembre pasado.

Esta situación provocó que el Puente Paso del Norte quedara cerrado hasta las 18:00 horas. El Puente Córdova Américas estuvo cerrado de manera intermitente: “Es injusto que hagan esto los migrantes. No saben cómo afectan. Muchos cruzamos por este puente para ir a trabajar y está cerrado. Nos afectan a todos”, reclamaron algunos usuarios.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos evidenció la falta de coordinación y la ausencia de un protocolo en la atención a los menores migrantes, tras una intervención que llevó al aseguramiento de personas en movilidad, el 17 de septiembre de 2021, en la ciudad de Chihuahua.

La recomendación número 31/2023 emitida el 28 de febrero al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, se especifica la violación de sus derechos humanos a 21 menores en movilidad.

Dentro de las observaciones la dependencia derechohumanista destacó que no existe un sistema de acciones coordinadas que se lleven a cabo en el tema de atención a menores en situación migratoria.

Los hechos se registraron el 17 de septiembre del 2021, con la detección de 340 migrantes en el municipio de Chihuahua que se encontraban hacinados en una bodega, de los que 21 eran menores, en su mayoría de nacionalidad guatemalteca.

Las dependencias federales involucradas son el Instituto Nacional de Migración, Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y la Procuraduría Federal de Niños Niñas y Adolescentes (NNA).

Por tal motivo, se solicitó a dichas instancias dentro de la recomendación se dé atención médica y psicológica atendiendo a sus necesidades específicas, y en caso de requerirlos, proveerles de los medicamentos. Dentro de las medidas se solicitó la inscripción de los menores al registro nacional de víctimas.

Esta es la cuarta recomendación que emite la CNDH sobre este caso, dos fueron dirigidas a las autoridades estatales y municipales; las otras dos son para la autoridad federal cuya delegación tiene como sede la ciudad de Chihuahua.

Otro de los puntos que pide la recomendación es capacitar y formar a los servidores públicos en materia de derechos humanos referente a la aplicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como a la seguridad jurídica.

Estas capacitaciones se enfocarán en servidoras públicas en funciones de investigación, de la Subdelegación de Procedimientos Penales-Zona Centro, de la FGR en el estado de Chihuahua.