migrantes

El contar con un censo de migrantes de personas provenientes de otros países es complicado para el Gobierno estatal, señaló el secretario de general de Gobierno Santiago de la Peña Grajeda.

La complejidad se da por circunstancias como, por ejemplo, que no todas las personas que se encuentran en ciudades fronterizas se hallan en albergues, como ocurre en Ciudad Juárez, donde algunas de las personas en movilidad se encuentran en hoteles aledaños al puente internacional.

Por otra parte, señaló, el funcionario estatal, las condiciones que genera el crecimiento del flujo migratorio es preocupante, ya que tal situación pone en jaque al Gobierno estatal y a los municipios, ya que los migrantes tienen necesidades que requieren ser cubiertas, entre ellas, el dar albergue a las personas y alimentación, los cuales son cubiertas por el estado.

Refirió que debido a que el flujo migratorio no es de índole estatal, como parte de la administración lo que se busca es atender a este sector de forma humanitaria.

Sin embargo, recalcó que es necesario que la Federación, que tiene competencia en el tema, trabaje en frenar el flujo, ya que dentro del territorio estatal se cuenta con migrantes provenientes de países como Venezuela, Guatemala, El Salvador, quienes buscan ingresar a Estados Unidos a través de la frontera chihuahuense.

El Gobierno Federal debe investigar el tráfico de personas porque la comisión de este delito propicia que estén llegando más migrantes a la ciudad, declaró el representante del Gobierno del Estado en esta frontera, Óscar Ibáñez Hernández.

“El crimen organizado está involucrado en este fenómeno, es un tema muy serio que debe atender el Gobierno Federal”, mencionó.

Las leyes y los procedimientos que hace el Gobierno Mexicano, consideró, sólo les otorga la estancia legal y eso favorece que se dé el tráfico de personas.

Enfatizó que se tiene que aplicar la ley a las personas que se encuentran en esta circunstancia.

El tráfico de migrantes, dijo, representa un negocio de 30 millones de dólares mensuales según cifras establecidas por funcionarios policiacos.

A algunos de los migrantes se los traen desde sus países de origen con la promesa de cruzarlos, pero difícilmente alcanzan ese propósito.

“Les dicen que los van a cruzar y, lamentablemente, muchos de esos temas terminan muy mal, algunos acaban muertos, algunos extorsionados y la gran mayoría sin poder llegar a Estados Unidos”, comentó.

Ibáñez Hernández opinó que el Gobierno de México debe de deportar a los que ya fueron rechazados por Estados Unidos, no tiene ningún sentido que sigan aquí.

Debe clarificar, además, una política para otorgarles empleo si es que van a permanecer en el territorio nacional.

Representantes de organizaciones civiles que apoyan a personas en condición de movilidad le dijeron que los ayudan a llegar al norte porque acá existen fuentes de empleo, mientras que en el sur son inexistentes.

“Eso es evidente, pero el tema es que el migrante no quiere venir a trabajar aquí, sino cruzar a Estados Unidos y no ayuda que los estén acercando”, dio a conocer.

Dijo que si el Gobierno Mexicano no define una política integral que atienda a los migrantes, ofreciéndoles empleo y que les den a todos los permisos para lograrlo, incluso otorgar incentivos a las empresas para que los contrate.

Hay muchas cosas que se pueden hacer y no sólo decirle al gobierno de Estados Unidos que los regrese a territorio mexicano sin que haya una política definida e integral.

Lo que nos queda, dijo, es atender a los que ya están aquí, informarles cómo está la ciudad y las opciones que tienen al quedarse.

La nomenclatura de la Ley de Migrantes fue modificada a “Ley de Protección y Atención a Migrantes y sus Familias para el Estado de Chihuahua”, dentro de los dos dictámenes aprobados este jueves por el Congreso del Estado, así como varios artículos que la integran.

En el segundo dictamen se estableció el “Día Estatal del Migrante”, a conmemorarse anualmente cada 18 de diciembre.

Dentro de la reforma de la ley de protección de migrantes se modificaron los artículos 64, fracción I de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica; así como 80 y 81 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ambos ordenamientos del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua.

La diputada Ana Georgina Zapata Lucero señaló que estas reformas son necesarias para la evaluación presupuestal, recursos requeridos para que el Estado Mexicano cumpla compromisos signados a nivel internacional.

“Los estados tenemos la obligación de velar por los derechos humanos de los migrantes”, dijo.

Debido a que el estatus migratorio es injerencia de la federación, señaló que con esta reforma también se busca reforzar los lazos entre los tres niveles de gobierno.

Dentro de la lectura del dictamen se dio a conocer que el 90 por ciento de las recomendaciones emitidas por la CNDH son violaciones de los derechos humanos cometidas dentro de una estación migratoria o estancia provisional a cargo del Instituto Nacional de Migración.

Lo anterior, cuando el migrante “irregular” se encuentra privado de su libertad, conforme al procedimiento administrativo migratorio previsto en el artículo 68 de la Ley de Migración.

Por otra parte, se declaró día 18 de diciembre de cada año como “Día Estatal del Migrante”. La creación de esta conmemoración se da por la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1990.

Estos movimientos migratorios se dan porque las personas buscan mejorar la calidad de vida para ellos y sus familias, así como superar las desigualdades económicas, sociales y demográficas de sus países de origen.

Este grupo de la población generalmente enfrenta problemas como hambre, desempleo, conflictos bélicos, persecuciones por motivos políticos, ideológicos o religiosos, así como cambios climáticos y catástrofes naturales.

Ron DeSantis, considerado firme aspirante a la nominación republicana para las presidenciales de 2024, criticó hoy que el gobierno de Estados Unidos esté priorizando la ayuda a la guerra en Ucrania en vez de “defender a la patria” del flujo de drogas desde México.

DeSantis, el gobernador de Florida que aún no oficializa su aspiración presidencial, pero es considerado un fuerte candidato y estrella en ascenso del Partido Republicano, respondió a un cuestionario enviado por la televisora Fox News sobre la guerra en Ucrania.

A diferencia de otros republicanos, como el exvicepresidente Mike Pence, o la exembajadora en la ONU Nikki Haley, DeSantis aseguró que involucrarse más en la guerra entre Ucrania y Rusia “no es prioridad para Estados Unidos”.

Estados Unidos, detalló para el programa de Tucker Carson, “tiene muchos intereses nacionales vitales: asegurar nuestras fronteras, atender la crisis de preparación de nuestras fuerzas armadas, lograr la seguridad y la independencia energéticas y frenar el poder económico, cultural y militar del Partido Comunista Chino”. En cambio, consideró, “enredarse aún más en una disputa territorial entre Ucrania y Rusia no es uno de ellos”.

La declaración fue leída en voz alta por Carlson. De Santis, cuya fuerza quedó evidenciada en las elecciones de medio término de noviembre pasado, aludió a la petición ucraniana de más aviones y misiles a Estados Unidos. “Los F-16 y los misiles de largo alcance no deberían estar sobre la mesa”, indicó.

“Estas maniobras correrían el riesgo de involucrar explícitamente a Estados Unidos en el conflicto y acercarnos a una guerra caliente entre las dos mayores potencias nucleares del mundo. Ese riesgo es inaceptable”.

DeSantis subrayó que “no podemos dar prioridad a la intervención en una guerra extranjera en escalada sobre la defensa de nuestra propia patria, especialmente cuando decenas de miles de estadounidenses mueren cada año a causa del contrabando de narcóticos a través de nuestra frontera abierta y nuestros arsenales de armas críticas para nuestra propia seguridad se están agotando rápidamente”.

Diversos congresistas republicanos, incluyendo el senador Lindsey Graham, están a favor de que se designe terroristas a los cárteles de la droga y que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos actúen contra ellos. Aunque DeSantis no se refirió a este tema, para algunos periodistas que haya tocado el tema de los arsenales “críticos” para la seguridad estadounidense podría ser un indicio de que está abierto a esa posibilidad.