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La tarde de este miércoles se registró un enfrentamiento entre un grupo de migrantes venezolanos y elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) y Guardia Nacional en la zona Centro de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Los primeros reportes indican que los migrantes comenzaron una discusión contra los elementos del INM, cuando estos buscaban realizar una inspección en el Hotel Ursula, ubicado en la avenida Francisco Villa y 16 de Septiembre, en la Zona Centro y donde la mayoría de los huéspedes son de origen extranjero.

Aparentemente al momento que los agentes del INM intentaron ingresar al hotel, los migrantes comenzaron a lanzar piedras e impedir el paso de los agentes al lugar.

A raíz de ello se generó un fuerte operativo de seguridad en toda la zona donde se localiza el hotel, ya que los migrantes lanzaron consignas contra los agentes e incluso piedras y algunos de ellos se salían por las ventanas del lugar.

El operativo continúa por la tarde de este miércoles en la zona por parte de los tres niveles de gobierno, sin embargo, no se habla de personas detenidas o lesionadas.

Los migrantes señalaron que la reacción se debe a que a diario son víctimas de abusos y ataques por parte de los agentes de INM y de diversas corporaciones policiacas en Juárez, quienes según aseguran, los extorsionan, roban e intimidan cuando transitan por la zona Centro de la ciudad.

Hasta la tarde de este miércoles las autoridades no habían emitido alguna postura al respecto.

De forma paulatina deben desaparecer las casetas de peaje para que las carreteras cumplan con un libre tránsito en todo el estado, es lo que considera la diputada de Morena, Leticia Ortega Máynez, tras señalar lo que se debería tener como meta para esas vías de comunicación.

“Todas las casetas en la república mexicana representan una acción que los gobiernos neoliberales ha venido generando, es decir, la privatización de facto de las carreteras y sus mantenimientos” declaró la congresista, quien dijo que es un derecho fundamental que se reactive el libre tránsito en el país.

Ortega Máynez tocó el tema del incremento de las carreteras, poniendo como ejemplo el tramo carretero de Chihuahua a Juárez, donde dijo que se tiene que trasparentar la captación y corroborar que lo recabado en las casetas de peaje se destina realmente a la rehabilitación y mejora carretera, ya que son muy pocos los tramos y la carretera no tiene mejoras. En este tramo, explicó, es un trayecto corto y son muy pocos los kilómetros a los que se da mantenimiento. Sumado a que esto representa un gran desembolso para los ciudadanos.

Cabe recordar que en el 2023 se incrementaron las tarifas de las autopistas de cuota federal luego de un año sin realizarse cambios, el incremento fue de un 7.82 por ciento, tomando en cuenta la inflación ocurrida en el curso del año. Este incremento tendrá vigencia a partir del primer día marzo del 2023 y se estimó de acuerdo con la inflación del periodo diciembre de 2021 a diciembre 2022.

Pese a que no se han dado a conocer las cifras oficiales, con un estimado la caseta a Villa Ahumada que tiene un costo de 104 pesos la motocicleta y 209 el automóvil con el incremento quedarían con 112 pesos y 225 pesos respectivamente. Mientras que las casetas de Camargo y Jiménez que tienen un costo de 39 pesos para las motocicletas y 79 para los automóviles incrementarán a 42 pesos y 85 pesos respectivamente.

Mientras que la caseta Sacramento que tiene un costo de 53 para las motocicletas y 107 para los automotores incrementará cuatro pesos en el caso de las motocicletas con lo que llegará a costar 61 pesos y los vehículos tendrá que pagar 115 pesos.

La caseta de Cuauhtémoc cuesta actualmente 128 pesos incrementará a 138 pesos por vehículo, mientras que las motocicletas de 63 pesos pagarán 67.

Al menos 33 personas murieron y más de 20 resultaron heridas cuando un autobús que transportaba migrantes cayó a un precipicio la madrugada de este miércoles en el área de Gualaca, en el oeste de Panamá.

El mayor de bomberos en la provincia de Chiriquí, Edilberto Armuelles, precisó que en el accidente, ocurrido a las 4.30 hora local de este miércoles (9.30 GMT), murieron al menos 33 personas y otras 23 resultaron heridas.

Entre los heridos hay al menos cinco menores de edad, dos de ellos con lesiones graves, según informaron los medios locales. Aún no se han dado detalles sobre la identidad de las personas fallecidas.

De acuerdo con la información disponible, en el transporte viajaban 66 migrantes en tránsito que estaban en albergues de la provincia de Darién, frontera con Colombia, y eran trasladados a otro en Chiriquí, en los límites con Costa Rica.

Panamá, al que el año pasado llegaron tras atravesar la selva del Darién 248 mil 284 migrantes irregulares que viajan hacia Norteamérica, una cifra inédita, recibe a estos viajeros en estaciones donde toman sus datos biométricos y les ofrecerles asistencia de salud y alimentación, tras lo cual son trasladados en buses hacia la frontera con Costa Rica para que sigan su camino.

“Teníamos varios años que no se daban estos accidentes con buses y víctimas fatales”, comentó a EFE el subcomisionado de Tránsito de la Policía Nacional, Emiliano Otero.

El ministro de Seguridad Pública, Juan Pino, confirmó que en el transporte viajaban tanto personas nacionales de Panamá como “migrantes que estaban en tránsito” por el país.

Pino lamentó este hecho “doloso, que nadie quiere” que ocurra, y afirmó que hay que esperar los resultados de las investigaciones para saber con precisión qué causó el accidente.

Las primeras versiones indican que el conductor del autobús intentó dar un giro en la carretera, pero perdió el control, colisionó con otro y cayó al barranco.

El presidente panameño, Laurentino Cortizo, expresó su “mucha tristeza” ante este suceso y afirmó que “el obierno de Panamá brinda todas las atenciones médicas a los heridos”.

El sistema DIF nacional en colaboración con el DIF estatal propiciaron la instalación de un nuevo albergue con capacidad para 300 migrantes y la ampliación a 100 lugares más para el ya existente, anunció la gobernadora Maru Campos.

La mandataria resaltó que con esta infraestructura se garantiza la seguridad de los migrantes que ingresan legalmente a la entidad y precisan atención particularmente ante las temperaturas congelantes.

Destacó que aunque no es obligación directa de la administración estatal atender a los migrantes, hay un deber moral para atenderlos.

“Los migrantes ingresan con sus formatos otorgados por el Gobierno Federal y es un deber moral atenderlos, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados”, detalló Maru Campos.