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Las autoridades federales deben encargarse de resolver el problema migratorio, pero están ocupados haciendo campaña, declaró el representante del Gobierno del Estado en Ciudad Juárez, Oscar Ibáñez Hernández.

Ante la acción que emprendió el Gobierno texano para sellar el paso de migrantes hacia su territorio esta madrugada, es el canciller mexicano, Marcelo Ebrard Casaubón, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quienes deben intervenir para enfrentar el conflicto, pero no han hecho nada, señaló.

“A ver si no me llaman la atención; hay dos responsables del Gobierno mexicano que deben ver estas cosas, uno es el canciller Ebrard y el secretario de Gobernación; del secretario de Gobernación depende todo el tema migratorio y del canciller la relaciones internacionales… los dos andan en campaña o en asuntos políticos”, expresó.

Agregó que a ninguno de los dos ha visto que estén al pendiente de este tema.

“Es lo que creo deberían de estar atendiendo, lo digo con todo respeto, pero con toda seriedad”, mencionó.

Dijo que los funcionarios públicos de primer nivel del Gobierno de México “están distraídos” en otras cuestiones, diferentes al conflicto que se enfrenta en esta frontera.

Este tipo de conflictos no se arreglan en la frontera, sino entre los Gobiernos de ambos países, declaró el funcionario estatal.

Autoridades de Chihuahua tendrán una reunión urgente esta tarde para tomar medidas extraordinarias luego que la guardia nacional de Texas selló el bordo del río Bravo para impedir el paso de migrantes desde Ciudad Juárez.

El representante del Gobierno del Estado en la frontera, Oscar Ibáñez Hernández, indicó que la medida fue establecida por el gobernador de Texas, Greg Abbot, por lo que no existe forma de entablar alguna comunicación entre autoridades de ese nivel, pero lo que se busca garantizar desde el lado mexicano es que el tránsito legal continúe.

Señaló que ya se registran problemas porque el Gobierno estatal de Texas está revisando los cargamentos comerciales en los puentes internacionales, incluso los que entran por Santa Teresa, Nuevo México, ya que al llegar a territorio texano son sometidos a inspección.

Por lo pronto, continuó, elementos de corporaciones policiacas locales y de la Guardia Nacional se encuentran vigilando el bordo del lado mexicano para impedir que se levante un campamento como hicieron los venezolanos en semanas pasadas.

Mujeres que han iniciado solicitudes de asilo político en Estados Unidos, permanecen en Ciudad Juárez, con sus casos congelados.

Zurima, una venezolana de 35 años, quien se encuentra en un albergue de la localidad, mencionó que ingresó a Estados Unidos el 12 de octubre pasado en compañía de su esposo y un hijo, donde les tomaron declaración y les iniciaron procesos migratorios.

Narró que cinco días después fueron devueltos a México por esta misma frontera por la cual entraron, pero a dos meses de que ocurrió, no les han llamado para una respuesta.

Indicó que cuentan con un patrocinador en Estados Unidos, requisito para que fueran aceptados los venezolanos, sin embargo a él tampoco le han informado del curso de su proceso.

La situación que vive al momento es de desesperación, porque han querido ingresar legalmente a Estados Unidos, pero se les han presentado estas trabas y sobreviven a duras penas en Juárez.

Rosalía Canales, hondureña de 38 años, mencionó por su parte que inició un caso a través de Las Américas, una organización sin fines de lucro establecida en El Paso, Texas que brinda servicios legales gratuitos y de bajo costo a inmigrantes y refugiados.

Explicó que el pasado 25 de octubre se llenaron los formularios para la solicitud de asilo en Estados Unidos y aunque le dijeron que en ocho días tendría una respuesta, han pasado casi dos meses y no hay información que le haga creer que su caso avanzó.

Dijo que su estancia en Honduras era insoportable, por la situación de inseguridad.

Canales indicó que tenía un negocio en compañía de otras socias, sin embargo comenzaron a extorsionarlas al grado que ya no sacaban ni para pagar la cuota, de tal manera que el negocio tuvieron que cerrarlo ante el miedo de que las atacaran.

Mencionó que luego le robaron en su domicilio y ante el temor de que la dañaran en su integridad física, huyó de su país.

Ahora está en Juárez en espera de una solución a su solicitud de asilo.

Claudia Vargas, una guatemalteca de 44 años, explica por su parte que fue deportada de forma exprés el pasado primero de noviembre.

Ingresó por El Paso y la regresaron a Juárez otra vez, unas horas después.

Cruzó con su hija y aunque los agentes de migración estadounidense pudieron haber considerado su caso por razones de humanidad, decidieron intimidarla para no recibirla.

Mencionó que la hostigaron una y otra vez diciendo que no era su hija, hasta que tuvo miedo de que la fueran a quitar a la niña.

Ante el miedo decidió retornarse a México y ahora permanece de igual forma en un albergue, en lo que decide si intenta ir a Estados Unidos nuevamente.