militares

En cinco años de gobierno, generales o vicealmirantes en retiro ocupan posiciones clave dentro de la estructura de la Administración Pública Federal, así como elementos en activo en obras prioritarias del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde el inicio de la presente administración el general de División en retiro, Audomaro Martínez Zapata, es el titular del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), órgano encargado de la inteligencia del Estado mexicano.

El general en retiro Luis Rodríguez Bucio, en mayo de 2019 fue designado como comandante de la recién creada Guardia Nacional (GN).

Cuatro años más tarde, el 16 de enero pasado, el presidente López Obrador lo nombró como nuevo subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Ese mismo día, el Mandatario federal también designó al general retirado David Córdova Campos como nuevo comandante de la Guardia Nacional (GN).

El 30 de noviembre de 2021, el presidente López Obrador nombró a Jens Pedro Lohmann Iturburu, general de división de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y quien fungía como director normativo de Administración y Finanzas del ISSSTE, como nuevo titular de los Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (Birmex).

El general brigadier retirado, Isidoro Pastor Román, es el director del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en el Estado de México.

El 7 de junio de 2022, al vicealmirante piloto aviador retirado, Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño, quien fue designado como nuevo Director General del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Este miércoles, el Presidente nombró como nuevo titular de la Agencia Nacional de Aduana (ANAM) al general de división en retiro André Georges Lusson van Fullón, exsubsecretario de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en lugar de Rafael Marín Mollinedo dejará la dirección de Adunas para ser representante México ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).

En los proyectos prioritarios del gobierno también se han designado a personal militar y naval.

El 5 de enero pasado, asumió como nuevo director del proyecto del Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec, el vicealmirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, de la Secretaría de Marina – Armada de México.

El general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, quien tuvo a su cargó la construcción del AIFA, ahora tiene a su a cargo de la construcción de tres tramos del Tren Maya que conectará cinco estados del sureste mexicano.

Suman ocho los militares de tropa detenidos, luego que la jueza Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, giró 16 órdenes de aprehensión contra oficiales y soldados por su presunta responsabilidad en el caso Ayotzinapa, a petición de la FGR que el año pasado se había desistido.

La madrugada de este miércoles cinco elementos más del 27 Batallón de Infantería de Iguala, fueron ingresados a la prisión del Campo Militar 1-A, en la Ciudad de México, que se sumaron a los 3 detenidos durante el martes, informaron fuentes cercanas al caso.

Faltan 8 elementos por ser detenidos, entre ellos, el coronel Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón de Infantería con sede en Iguala, acusados de los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada relacionados con la desaparición de los 43 normalistas.

De esta manera, un total de 12 militares están presos en el Campo Militar 1-A por el caso Ayotzinapa, incluyendo al general José Rodríguez Pérez; el capitán José Martínez Crespo; el subteniente Fabián Pirita Ochoa; el sargento Eduardo Mota Esquivel.

El capitán José Martínez Crespo fue el primer militar detenido en noviembre de 2020, por la desaparición de los jóvenes, acusado de los delitos de delincuencia organizada, homicidio y desaparición forzada.

Según las investigaciones, Martínez Crespo estaba al frente de un grupo de militares que recabó información sobre los hechos ocurridos, la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, a los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en el municipio de Iguala, Guerrero.

En agosto del año pasado, un juez del Estado de México libró 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; a 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; más 11 policía estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.

Sin embargo, se desistió de 16 órdenes de captura, mismas que volvió a solicitar y las obtuvo.

Por delitos contra la disciplina militar, la Fiscalía General de Justicia Militar cumplimentó 16 órdenes de aprehensión contra los militares involucrados en la presunta ejecución extrajudicial de cinco civiles armados en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ocurrida en mayo pasado.

Los detenidos ya fueron vinculados a proceso por el juez Primero de Control de la Primera Región Militar, con sede en la Ciudad de México, quien les dictó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que quedaron presos en la prisión militar del Campo Militar 1-A, en la capital del país, informó este sábado la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Indicó que dichos mandamientos judiciales se cumplimentaron con absoluto respeto al debido proceso y a los derechos humanos de los imputados, por presuntamente configurarse delitos contrarios a la disciplina militar.

Ratifica Sedena compromiso con DH tras caso en Nuevo Laredo

La dependencia aclaró que este proceso es independiente a la investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR), con la cual, aseguró, colabora a fin de que se determinen las responsabilidades correspondientes en el orden federal.

“La Secretaría de la Defensa Nacional ratifica el firme compromiso con el pueblo de México de actuar en todo momento en el cumplimiento de sus misiones, con irrestricto apego al respeto de los derechos humanos y a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, garantizando que ningún acto contrario a la legalidad que hubiere sido perpetrado por parte de alguno de sus elementos quede impune”, indicó la dependencia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hubo un posible “ajusticiamiento” en y se investiga una “ejecución extrajudicial”, en el caso de Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde elementos del Ejército mexicano detuvieron a cinco personas y luego aparecieron muertos.

En conferencia de prensa, el también Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas condenó los hechos y dijo que no se puede permitir excesos en uso de la fuerza o violaciones a los derechos humanos.

“Cuando hay un abuso, un exceso, cuando se violan derechos humanos tiene que castigarse a los responsables y ya se inició el proceso para profundizar en la investigación y ya están a punto de ponerse a disposición a los responsables ante las autoridades competentes”.

El Universal y el diario “El País” dieron a conocer un video en el cual se observa a elementos del Ejército que alteraron la escena en la que cinco hombres murieron en un incidente registrado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 18 de mayo.

El mandatario dijo que todos los elementos castrenses que participaron en los hechos serán puestos a disposición de las autoridades.

“Pero de entrada la misma Sedena está recomendando que se actúe por el presunto delito de ejecución extrajudicial. Si es la FGR la que hará su trabajo, pero no hay encubrimiento, porque no toleramos la violación de los derechos humanos y repito, no somos iguales, lo mismo en el caso Ayotzinapa y en donde haya violación a los derechos humanos”.

Acusó que en los gobiernos anteriores “las masacres” se ordenaban desde arriba, porque la política de seguridad la llevaba a cabo Genaro García Luna –preso en Estados Unidos por narcotráfico-, y era “mátalos en caliente, era la guerra y a los heridos los remataban y había ajusticiamientos, esos son casos aislados y cuando se dan se castigan, no se permiten”.