muerte

Entre abril de 2020 y marzo de 2022, en México fallecieron 2 millones 256 mil 800 personas, de acuerdo a cifras preliminares del Inegi.

Chihuahua quedó como la segunda entidad con mayor tasa de mortandad, con 24 por cada 10 mil habitantes; superada únicamente por Zacatecas con 26 mil.

Derivado de esto, se han presentado casos de depresión severa entre la población, principalmente en personas que han perdido algún familiar o amigo cercano y quienes han tenido que buscar apoyo en especialistas en tanatología.

La tanatología es parte de un campo multidisciplinario, donde la muerte es el tema universal. Eso es de gran ayuda para quienes perdieron a un ser querido, explicó la psicóloga Margarita González Cuevas.

Esta práctica ayuda a sobrellevar la pérdida de seres queridos y ha cobrado importancia en una época dónde se registraron excesos de muertes en todo el país y especialmente en Chihuahua.

En el periodo de la pandemia, contemplado desde el 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2022, se registraron 79 mil 509 fallecimientos en el estado, 33.62% más de lo que se había proyectado para ese lapso, según datos del Inegi.

La especialista dijo que no existe un solo campo de estudio de la tanatología. Por el contrario, esta disciplina recoge datos de una gran cantidad de especialidades médicas, psicológicas y mentales.

“La psicología, por ejemplo, trata de comprender cómo afecta a nuestra mente el hecho de saber que nuestra existencia tiene una fecha límite”, dijo González Cuevas.

La tanatología trata por un lado de comprender estos sentimientos, y por otro el entender cómo puede ayudarnos el arte de enfrentar a la muerte de forma adecuada.

También comentó que la práctica, tiene una colaboración muy estrecha con la medicina para estudiar los procesos biológicos relacionados con la muerte, entre los cuales se encuentran los procesos del duelo que son: negación, ira, negociación, depresión y aceptación.

Así, en este campo se reúnen conocimientos de disciplinas como la biología, la medicina aplicada o la psiquiatría para mejorar las condiciones de vida de los familiares o amigos que han perdido a alguien.

“Con una gran probabilidad, ya todos hemos pasado por varios procesos de duelo a lo largo de la vida, ante todas y cada una de las pérdidas que se han presentado. Por supuesto, hay pérdidas con mayor importancia que otras y el proceso de duelo se vive con mayor intensidad”, puntualizó.

La gobernadora Maru Campos aseguró que su antecesor, el exgobernador Javier Corral Jurado, es el responsable de la muerte por suicidio del exfuncionario de la administración duartista, Antonio Tarín García.

En declaraciones hechas durante una entrevista colectiva, la actual gobernadora de Chihuahua afirmó que Corral fue el causante “directa o indirectamente en el suicidio de Antonio Tarín”, quien al momento de su muerte estaba sujeto a un juicio por presuntos actos de peculado durante su encargo como presidente del Comité de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda en la administración de César Duarte Jáquez.

Tarín García se quitó la vida el pasado Viernes Santo cuando saltó desde el puente vial de la avenida Homero, cruce con Periférico de la Juventud.

Al momento de su muerte portaba un brazalete de localización y estaba en libertad condicional, pues continuaba sometido a juicio por el presunto desvío de 2 millones 420 mil pesos del erario estatal hacia una empresa “fachada”.

El sábado pasado, tras la muerte de Tarín, la Fiscalía General del Estado anunció el inicio de una investigación en torno a ese hecho.

El nombre de Antonio Enrique Tarín García apareció a lo largo de diversas investigaciones de presuntos actos de corrupción que se habrían cometido durante la gestión del gobernador César Duarte Jáquez.

No solo eso, también aparece, presumiblemente, en la denuncia que un testigo protegido bajo el “criterio de oportunidad”, interpuso contra el exfiscal especializado que llevó la investigación en su contra, Francisco González Arredondo.

Información publicada por el exgobernador Javier Corral Jurado en su periódico digital “La Resistencia”, el testigo protegido, en su calidad de “Denunciante”, relató que su jefe directo, Antonio Tarín, le pidió poner en orden la documentación de las empresas fachada que se utilizarían para los desvíos de la Operación Safiro”.

El diario, que afirma haber tenido acceso al expediente que se le sigue al González Arredondo, señala que Tarín García había sido clave en la instrumentación de la “Operación Safiro”, con la cual se desviaron más de 200 millones de pesos del erario estatal hacia las campañas del PRI en las elecciones del 2015.

El testigo, identificado como “El Denunciante”, declaró ante el Ministerio Público que los recursos antes mencionados se entregaron a las compañías Sisas, Sinnax, Samex y Despacho de Profesionistas Futura.

Todas ellas se constituyeron en el mismo día, ante el mismo notario público y con domicilios fiscales ubicados en terrenos baldíos o en casas de personas de bajos recursos.

Tiempo después, Antonio Tarín le dijo que las citadas empresas ya no iban a mandar más documentación. Ante lo anterior, continúa El Denunciante, “me da la orden de que regularice todo, es decir, que me invente todo, y me ponga a trabajar en la documentación faltante”.

“Me dijo que era una orden directa del entonces gobernador del Estado, César Duarte. Es así como se cumplió con el compromiso de entregar los 250 millones de pesos al PRI nacional”, dijo en la averiguación contra González Arredondo.

González Arredondo estuvo a cuyo cargo la integración de los expedientes de la llamada “Operación Justicia para Chihuahua” que emprendió el gobierno de Javier Corral para investigar y sancionar presuntos actos de corrupción cometidos en el sexenio de Duarte.

En la parte final del periodo de Corral, el ex “fiscal anticorrupción”, como se le llamaba en términos mediáticos, asumió la titularidad de la Fiscalía en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada.

El 22 de noviembre, González Arredondo fue detenido por efectivos de la Fiscalía General del Estado. Se le acusaba de haber aplicado tortura psicológica contra el testigo que ahora se identificaba como “El Denunciante”.

El proceso contra el exfiscal, que aún sigue su curso, pero ahora en instancias federales, tiene inscrito en diversos puntos el nombre de Antonio Enrique Tarín García.

La mañana del 7 de abril del 2023, la Fiscalía General del Estado confirmó la muerte de Tarín García por suicidio.

En el mismo comunicado donde ratifica la identidad de la persona que había saltado desde un puente elevado de la avenida Homero, al norte de la ciudad, la dependencia informó que las causas contra Tarín quedaban sobreseídas.

Antonio Enrique Tarín García, el fallecido exdirector de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua, estaba obligado a pagar una fianza de 5 millones de pesos, como parte de las medidas cautelares que se le aplicaron en la causa penal que se seguía en su contra por presuntos actos de peculado por el desvío de 2 millones 400 mil pesos.

Fue el 12 de octubre de 2021 cuando un tribunal federal confirmó la resolución de un juez de control con residencia en el Reclusorio Norte, en la ciudad de México, quien le impuso al exfuncionario la medida cautelar económica, así como la prohibición de salir del país, acercarse a otros testigos y la obligatoriedad de portar un brazalete, mismo que tenía al momento de su muerte.

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Tarín García fue detenido en mayo de 2017 en una vivienda ubicada en avenida Insurgentes y calle Circuito, en la Ciudad de México, acusado del desvío de recurso antes mencionado, pero señalado también en otras cinco carpetas de investigación, por las cuales no fue procesado.

Días antes de su captura, intentó asumir la diputación federal por el Distrito IX con cabecera en Hidalgo del Parral, en sustitución de Carlos Hermosillo Arteaga, quien había fallecido en un accidente de carretera.

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Sin embargo, le fue negada su petición y, con ello, quedó sin la protección del fuero constitucional.

Tras una larga lucha judicial, el 29 de marzo de 2021, un tribunal colegiado confirmó la sentencia en su contra, misma que había dictado un Tribunal de Enjuiciamiento el 19 de julio de 2019.

De acuerdo con el fallo emitido por el tribunal colegiado, el Ministerio Público de Chihuahua demostró que de julio a septiembre de 2016 Tarín García, en complicidad con otros servidores públicos, desvió la cantidad de 2 millones 420 mil pesos del erario de Chihuahua.

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En su alegato contra las medidas cautelares, Tarín aseguró que no tenía recursos para pagar una fianza de esas dimensiones, pese a que inicialmente era de 50 mdp, ya que los años que llevaba en proceso, sin poder trabajar, lo habían dejado sin ingresos.

El tribunal desestimó los argumentos del acusado y sostuvo el fallo.

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Al momento de su muerte estaba en proceso por esa causa y aún portaba el brazalete; se desconoce si había cubierto la fianza.