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La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, participó este martes en la conferencia matutina del Gobierno de México, donde formalizó la adhesión del estado al Compromiso Nacional por la Vida, la Felicidad y el Respeto hacia las Mujeres. La firma tuvo lugar en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N).

Durante su intervención virtual, Campos afirmó —según el comunicado oficial del Gobierno del Estado— que “las mujeres de Chihuahua cuentan con nuestro respaldo para su protección e integridad” y añadió que el estado se suma para “hacer realidad este plan a gran escala” propuesto por la Federación.

El documento señala que Chihuahua participará en las acciones nacionales encaminadas a fortalecer políticas públicas para la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, así como en la coordinación interinstitucional con el Gobierno Federal. El comunicado resalta que la adhesión forma parte de la estrategia conjunta impulsada para promover “la vida, la libertad, la felicidad y el respeto hacia las mujeres”.

El Gobierno del Estado indicó también que la integración de Chihuahua al compromiso nacional refuerza las tareas ya emprendidas en la entidad y permitirá fortalecer mecanismos de atención, campañas de sensibilización y acciones intergubernamentales orientadas a la protección de mujeres y niñas.

La participación de la gobernadora ocurre en el contexto de las actividades del 25N, durante las cuales autoridades federales y estatales desarrollan campañas y programas destinados a visibilizar la violencia de género y a mejorar la coordinación institucional.

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza, felicitó a las mujeres del ámbito rural del estado por la aportación que hacen a la producción de alimentos en un ambiente adverso para el sector rural del país, con bajos precios y cierre de fronteras para la exportación.

En el mensaje que emitió durante la ceremonia “Mujer Rural Chihuahuense” edición 2025, organizado por Gobierno del Estado, Bonilla Mendoza dijo que la mujer rural es la fuerza “más noble, discreta y constante, ya que son ellas quienes realmente sostienen al campo chihuahuense”.

Ante un panorama actual que afecta a todo el país, donde se han visto problemas en temas de producción, inseguridad, el gusano barrenador, el campo chihuahuense responde con trabajo, dignidad y esfuerzo, dijo el edil chihuahuense.

Chihuahua, agregó, “es donde se produce chile chipotle, manzanas, tomates, maíz, frijol, algodón, chiltepín, entre otros”.

“Así es el carácter del norte, el de los vencedores del desierto de convertir una tierra árida en un oasis. Lo único que pedimos es que las dejen trabajar, producir, y que no nos pongan obstáculos”, agregó Marco Bonilla.

“Son las mujeres, que lo trabajan, que lo aman y que lo resisten. Cada una de ustedes son el alma de las comunidades y sus ejidos, y con las manos agrietadas en los días más difícil, salen adelante”, expresó Bonilla.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado Mauro Parada, en representación de la gobernadora Maru Campos, también reconoció el papel de las mujeres en el campo ya que destacan por su esfuerzo, trabajo, comunicación, inteligencia. Además, extendió la mano para seguir apoyando al campo de Chihuahua.

El Congreso del Estado aprobó reformar el Código Penal de Chihuahua y la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para endurecer las penalidades a quienes agredan a mujeres con sustancias corrosivas y causen daños irreparables a la integridad física de sus víctimas.

La reforma, conocida como “Ley Malena” —llamada así en memoria del ataque con ácido sufrido por la activista y saxofonista María Elena Ríos Ortiz— contempla hasta 12 años de prisión por realizar este tipo de agresiones, además de multas de hasta 79 mil pesos o 700 UMA.

La nueva legislación incorpora el concepto de “violencia ácida” como una forma específica de agresión contra las mujeres, la cual se define como toda acción u omisión que cause daño emocional, psicológico o físico derivado del uso intencional de agentes corrosivos, cáusticos, tóxicos o inflamables, con el propósito o resultado de provocar lesiones temporales o permanentes.

Hasta 12 años de prisión por ataques con ácido

El nuevo Capítulo II Bis del Código Penal establece que quien cause daño a otra persona utilizando sustancias químicas o corrosivas enfrentará penas de ocho a doce años de prisión y multas de 300 a 700 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La pena se incrementará a la mitad si el ataque provoca deformidad en el rostro, pérdida de funciones como la vista, el habla o el oído, incapacidad laboral permanente o daño en órganos sexuales. También aumentará cuando la víctima sea una niña, niño o adolescente, o si la agresión ocurre como represalia por ejercer derechos o denunciar violencia.

Agravantes por razón de género y tentativa de feminicidio

El nuevo Artículo 133 Ter dispone que, si el ataque ocurre por razón de género, las penas se elevarán nuevamente en una mitad.

Asimismo, se encuadrará en la misma tipología penal cuando exista una relación sentimental, familiar, laboral o de subordinación entre el agresor y la víctima, o cuando haya antecedentes de violencia o delitos de género.

En tanto, el nuevo Artículo 133 Quater establece que el delito se considerará tentativa de feminicidio cuando las lesiones provoquen deformidad, daños permanentes en órganos vitales o afectaciones irreversibles a la autonomía corporal de la víctima.

Obligaciones para instituciones de salud y reparación integral del daño

Las reformas también contemplan que todas las instituciones de salud deberán notificar al Ministerio Público los casos de lesiones provocadas por ácido o sustancias químicas.

El Artículo 133 Quinquies obliga, además, a las autoridades ministeriales y judiciales a garantizar la reparación integral del daño, que deberá incluir atención médica, psicológica, quirúrgica y social, así como cirugías reconstructivas para las víctimas.

El Ministerio Público deberá adoptar protocolos de investigación con perspectiva de género y química forense, y dictar de inmediato las medidas de protección necesarias para resguardar la integridad física y psíquica de las afectadas.

La llamada “Ley Malena” fue impulsada por las diputadas Irlanda Dominique Márquez Nolasco (PT), quien presentó la iniciativa en el Pleno del Congreso; Joceline Vega Vargas y Nancy Janeth Frías Frías (PAN), y Alma Yesenia Portillo Lerma (MC).

Mujeres que hayan sido víctimas de algún delito podrán transportarse de manera gratuita, gracias a la renovación del convenio que mantienen la empresa Uber y la Fiscalía General del Estado.

Este jueves, el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, firmó la renovación del convenio con Uber para la donación de viajes a mujeres que necesitan atención y servicios que brida la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia y otras instancias de Gobierno del Estado.

Al respecto, la fiscal Especializada de las Mujeres, Wendy Paola Chávez Villanueva, dio a conocer que desde el año 2024, firmaron un convenio con Uber a través de la Fiscalía General del Estado, en el marco del trabajo interinstitucional “Juntas por Ti”.

El objetivo de dicho programa, explicó, es para poder beneficiar a las mujeres usuarias de los servicios de gobierno del Estado, que están siendo víctimas de alguna forma de violencia.

Chávez Villanueva indicó que en el análisis detectaron que uno de los factores que puede retrasar la atención de manera oportuna en los servicios que presta Gobierno del Estado, son cuestiones de movilidad.

Por ello, señaló que se dieron a la tarea de buscar la forma de poderles apoyar y a través de esta gestión, la empresa Uber facilitó viajes gratuitos para las mujeres que acuden a recibir alguna atención, “no solo en temas de investigación, sino también a las mujeres que requieren acudir a recibir terapia psicológica o atención asistencial en cualquiera de las instancias”.

“Así facilitamos el traslado de estas mujeres, se reduce los tiempos y los impedimentos que puedan tener ellas en cuestión de traslado para que puedan acudir a recibir atención y servicios”, agregó.

Por su parte, la gerente de Políticas Públicas de Uber, Julia Ortiz, expresó que este convenio consiste en la donación de viajes para las mujeres en situación de alguna sensibilidad, que tengan que trasladarse algún centro gubernamental de atención que les ayude.

Reciben un servicio de trasporte que no les cuesta y además tienen todas las funciones de seguridad de la plataforma Uber para que estén tranquilas en su trayecto, comentó.

“Es la segunda vez que firmamos este convenio con la autoridad de Chihuahua y con mucho gusto porque se están renovando estos viajes”, puntualizó.