Myriam Hernández Acosta

TERCERA PARTE

El sótano de la llamada Ciudad Judicial se encuentra en riesgo de derrumbe debido a la deficiente ejecución de la obra y al uso de materiales de mala calidad durante su construcción, advirtió la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Victoria Hernández Acosta.

A días de entregar el cargo, Hernández Acosta señaló que el edificio presenta un problema estructural en la zona subterránea “que pudo haber llegado a más”, de no ser por las acciones de reforzamiento que se han implementado en los últimos años.

“Ha sido un problema muchísimo muy complejo, porque absolutamente todo el sótano es distinto, cada trabe es diferente”, explicó la magistrada, al referirse al área que alberga dos pisos de estacionamiento, bodegas, archivos y oficinas.

En vísperas de concluir la gestión que asumió en 2021 tras la renuncia de Pablo Héctor González, la presidenta del TSJ lanzó una crítica directa contra las autoridades que en su momento recibieron la obra sin garantías, pese a los evidentes defectos de construcción.

“Esa es una estructura que así se recibió, que es del Gobierno del Estado y que así lo aceptaron. Y ya no hay garantías”, dijo.

Según relató, las fallas eran detectables “desde el día uno”, pero nunca se emprendieron acciones legales contra la empresa constructora ni medidas preventivas oportunas. “Se llegó a esto, y pudo haber sido peor”, subrayó.

Entre las irregularidades más graves destacó la deficiente colocación de las trabes, que debieron tener medidas estándar, pero no las tenían. “Algunas las colocaron y, como no daban la medida, simplemente las rellenaron, y con el tiempo colapsaron”, detalló.

El riesgo era tal que fue necesario revisar una por una las trabes del sótano. “Por cuestiones de seguridad, se tuvo que suprimir el uso de la gran mayoría de los cajones de estacionamiento, lo que representa un daño y un perjuicio tremendo para todos”, señaló.

“No es cosa menor: no solo se trata del estacionamiento; ahí también hay archivos y oficinas donde trabajan escribientes y personal administrativo”, advirtió.

Un edificio bajo vigilancia constante

Desde su oficina en el octavo piso, Hernández Acosta apunta hacia la explanada que cubre los dos niveles subterráneos donde se concentran los daños. “No podemos construir nada ahí”, insistió.

Aunque las reparaciones avanzan, los trabajos han enfrentado dificultades por la escasez de materiales especializados y la complejidad técnica. “No cualquiera lo hace”, subrayó.

Respecto al resto de la torre de nueve pisos que alberga oficinas, juzgados y el pleno del TSJ, aseguró que se encuentra bajo constante supervisión de Protección Civil y de ingenieros especializados. “El edificio es seguro”, insistió.

“Somos una cantidad inmensa de gente que provoca que el piso y el edificio se vayan asentando, pero eso no implica que se vaya a caer”, aclaró.

Una obra con fallas desde el origen

El complejo inaugurado como Centro de Justicia de Chihuahua fue estrenado el 30 de octubre de 2015 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador César Duarte. Desde el inicio, sin embargo, se evidenciaron deficiencias de diseño y construcción.

“Imagínese, que se nos inundó el cuarto piso”, recuerda Hernández Acosta.

En 2017, durante la administración de Javier Corral, la entonces secretaria de la Función Pública, Rocío Stefany Olmos, denunció pagos indebidos a los constructores y graves defectos estructurales. Según la funcionaria, la obra se realizó con recursos estatales y federales sin la debida comprobación, pues las erogaciones se justificaban incluso con recibos simples.

Los sobreprecios, fallas y pagos indebidos quedaron asentados en una auditoría de la SFP, que derivó en un litigio contra los contratistas.

Sin embargo, en mayo de 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de las empresas y el Gobierno del Estado debió cubrirles 513 millones de pesos.

Primera parte

En entrevista con Norte Digital la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua, Myriam Victoria Hernández Acosta, advirtió que el próximo Poder Judicial del Estado habría quedado en manos de personas que ganaron en la pasada elección con el patrocinio de grupos políticos y de organizaciones criminales.

A cinco días de entregar el cargo y de terminar, como lo describe ella, “con una historia de 200 años del Poder Judicial de Chihuahua”, la magistrada acusó que la reciente elección de jueces y magistrados mediante voto ciudadano representa un grave riesgo de fractura en la impartición de justicia.

El Poder Judicial ha quedado expuesto a presiones externas de carácter político y delictivo, advirtió. Tanto, que hubo jueces que renunciaron a participar en el proceso 2025 por negarse a recibir patrocinio de organizaciones delictivas, dijo.

“Algunos jueces vinieron a decir: ‘No, pues yo mejor renuncio porque me están amenazando, que si no me patrocinan ellos o ponen ellos a alguien, me van a matar. Yo mejor me quisiera ir’, y tuvimos que hacer movimientos”, comentó.

“Si sucede en otras elecciones más controladas, también sucedió aquí”, remató.

Entrega sin receptor

En entrevista, Hernández Acosta señaló que el Poder Judicial se encuentra preparado para la transición, gracias a los enlaces y capacitaciones impulsados por la Contraloría y diversas oficinas regionales.

Sin embargo, admitió que aún falta definir quiénes asumirán formalmente los cargos para garantizar una entrega ordenada.

Mencionó que ella, en su posición de presidenta, ha debido asumir una serie de funciones que corresponderían a otras áreas administrativas, porque no existía, ni existe, una estructura para hacer un cambio de la magnitud que se avecina.

“Internamente, se dieron muchos procedimientos, muchos ceses, muchas revocaciones, incluso algunas consignaciones al Ministerio Público, y eso es lo que el Tribunal de Disciplina tendrá que hacer de ahora en adelante. Para eso fueron electos, esa es su función”, dijo.

Todas esas unidades que pertenecían a la atribución de la presidencia se trasladan completas al órgano de disciplina y trabajarán de la mano como lo han venido haciendo.

No obstante, ese riesgo administrativo, para la actual presidenta la principal amenaza es la entrada de actores externos a las funciones judiciales.

“La crisis a la que podemos llegar si se compromete la independencia judicial es seria, porque algunos candidatos pudieron haber adquirido compromisos políticos o personales que no podrán cumplir desde un juzgado o una sala”, advirtió.

Un Poder Judicial vulnerable

Hernández Acosta subrayó que el nuevo esquema abrió la puerta a riesgos que antes ya existían, pero que ahora se incrementan.

“En algunas localidades todos saben quiénes son los dueños del pueblo y metieron la mano en las campañas. ¿Pero cómo les cumples después si el juez está obligado a aplicar la ley?”, cuestionó.

A su juicio, este escenario puede generar compromisos imposibles de sostener y comprometer la independencia de los nuevos juzgadores. “Entrarán con un grado de riesgo muy alto”, enfatizó.

“Nos habíamos mantenido medianamente protegidos, nos habíamos blindado en lo posible, pero esta apertura abre ese riesgo. No porque no existiera antes, pero ahora se les dio la posibilidad de dar un paso más hacia dentro. Se abrió la puerta, y con eso se abrieron esos riesgos”, concluyó.

Disciplina y control interno

La presidenta explicó que el Tribunal de Disciplina tendrá un papel fundamental en los próximos años, pues absorberá atribuciones de control que antes dependían de la Presidencia del TSJ.

“Las áreas de visitaduría, responsabilidades, contraloría y mecanismos de vigilancia seguirán operando, pero ahora bajo la supervisión del Tribunal de Disciplina. Esa es su función: sancionar y destituir, cuando sea necesario, a quienes no cumplan con la labor judicial”, indicó.

Finalmente, Hernández Acosta defendió que durante su gestión ya se habían aplicado procedimientos internos, ceses y hasta consignaciones al Ministerio Público, aunque no siempre se hicieran públicos. “La disciplina continuará; quienes no tengan que estar en el Poder Judicial se tendrán que ir”, concluyó.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Myriam Victoria Hernández Acosta, anunció que declinará a ese cargo, ya que decidió no participar en el proceso electoral donde se votará por jueces y magistrados del Sistema judicial del estado.

En un mensaje dirigido a través de redes sociales, la magistrada dijo que se encontraba en la disyuntiva de participar e inscribirse como candidata a magistrada, o declinar al cargo, pero optó por lo segundo.

Afirmó que la suya es una decisión “personalísima” y por congruencia y respeto a la Constitución “que jure defender y como una persona que entiende que los cargos públicos son pasajeros”.

Hernández Acosta, quien asumió el cargo en el año 2021, en sustitución del anterior presidente, Pablo Héctor González, quien dimitió cuando aún no completaba el período para el cual fue electo por el pleno del TSJ.

“Asumí la responsabilidad histórica en una hora compleja entre la esperanza colectiva de restaurar el orden y la independencia de un Poder Judicial que había sido maltratado en todos sus niveles de manera malsana”, mencionó.

En su mensaje, no dudó en culpar al expresidente Andrés Manuel López Obrador de impulsar la reforma que “truncará sueños” de actuales funcionarios, magistrados y jueces del poder judicial, tanto local como federal.

Son, aseguró, “miles de personas experimentadas y capaces en la impartición de justicia y minimizando la relevancia de la carrera judicial”.

El anuncio se da cuatro días después de que el Congreso del Estado aprobara una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la cual, jueces y magistrados podrán retirarse con su salario íntegro más una proporción de la compensación que perciben actualmente.

Ese pago será vitalicio.

La magistrada presidenta entregará su encargo en agosto próximo, cuando ya se haya elegido a su sucesor o sucesora.

Presentan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la demanda de controversia constitucional contra la reforma del poder judicial realizada a nivel federal, informó la magistrada Myriam Victoria Hernández Acosta, presidenta del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

En punto de las 10:18 horas fue recibida la documentación en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la capital del país, se informó en un comunicado de prensa.

Apenas el pasado lunes 14 de octubre, el pleno de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, votaron por unanimidad la presentación de dicha demanda.