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Narco

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no habrá impunidad en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre en Michoacán. Calificó el crimen como un acto “cobarde y artero” y afirmó que su gobierno actuará con toda la fuerza del Estado, la cual —dijo— se ejercerá a través de la justicia.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum expresó sus condolencias a la familia del edil y subrayó que el caso será investigado hasta sus últimas consecuencias.

“No habrá impunidad. Vamos a seguir todas las investigaciones hasta dar con todos los responsables”, dijo.

La mandataria destacó que la prioridad es capturar no solo a los autores materiales, sino también a quienes ordenaron la ejecución. Agregó que Carlos Manzo contaba con protección personal desde 2024, según confirmó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El funcionario federal explicó que el alcalde disponía de escoltas y de medidas de protección vigentes, solicitadas un año antes ante el incremento de la violencia en la región. Añadió que la Fiscalía General del Estado de Michoacán cuenta con el respaldo de la Federación para realizar una investigación integral que permita identificar tanto a los autores intelectuales como a los ejecutores del crimen.

“Estamos colaborando plenamente con las autoridades de Michoacán. El objetivo es que no quede ningún cabo suelto y que haya justicia total para la familia del presidente municipal”, afirmó García Harfuch.

“Ayer dije: toda la fuerza del Estado. La fuerza del Estado es la justicia”, reiteró Sheinbaum.

“La guerra contra el narco no funcionó”

La presidenta también rechazó la estrategia de combate frontal al narcotráfico iniciada durante el gobierno de Felipe Calderón, al afirmar que “no funcionó” y que, por el contrario, solo generó más violencia en Michoacán y en todo el país.

El asesinato del alcalde de Uruapan provocó una fuerte condena política y social. Diversos sectores exigen resultados inmediatos en las investigaciones y una revisión profunda de las condiciones de seguridad en la entidad.

El ataque ocurrió la noche del 1 de noviembre en pleno centro de Uruapan, Michoacán, mientras el alcalde Carlos Manzo participaba en actividades por el Festival de las Velas. Sujetos armados le dispararon a corta distancia; fue trasladado a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento minutos después.

En el municipio de Moris, al noroeste de Chihuahua, donde recientemente policías estatales fueron emboscados, las autoridades recuperaron 30 vehículos robados, algunos con blindaje artesanal y modificaciones para soportar fuego cruzado o transportar personal armado.

El operativo, desplegado entre el 13 y el 15 de octubre, dejó al descubierto la magnitud del control criminal en una región que es corredor de grupos armados y escenario recurrente de ataques contra las autoridades.

De acuerdo con información oficial, las unidades fueron localizadas en caminos rurales, talleres y parcelas, donde los delincuentes las ocultaban tras haberlas robado en distintos puntos del estado.

El día 15 fue el más productivo: 13 vehículos asegurados en una sola jornada. Ninguna detención fue confirmada, pero varios de los automotores mostraban placas alteradas, blindaje artesanal y adaptaciones para ocultar cargamentos o armamento.

Las imágenes difundidas por las corporaciones muestran camionetas destruidas, cubiertas de lodo, con rastros de balas o planchas de acero soldadas en las puertas.

Una región sitiada

Moris, enclavado en la zona occidente, ha sido durante años punto estratégico para el trasiego de drogas, armas y vehículos robados. En semanas recientes, el municipio fue escenario de un ataque armado en el que murieron tres agentes estatales, un hecho que desató una respuesta más intensa de las fuerzas de seguridad.

La recuperación de 30 vehículos robados en solo tres días representa un golpe operativo, pero también una señal de lo que ocurre en la sierra: una guerra constante por el control territorial.

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha sido declarado culpable hoy de los cargos de narcotráfico y armas por un jurado de Nueva York, tras un juicio que se ha prolongado durante poco más de dos semanas, difundieron medios estadounidenses.

La decisión del jurado hace historia, ya que Hernández se convertirá en el mandatario de mayor rango de la región en ser juzgado por narcotráfico desde el caso del panameño Manuel Antonio Noriega en 1992. Noriega fue condenado en un tribunal de Florida a 40 años de prisión por sus vínculos con el cartel de Medellín colombiano.

La sentencia final de Hernández será determinada por el juez Kevin Castel en los próximos días, y las implicaciones podrían ser graves. Con el veredicto de culpabilidad, Hernández enfrenta la posibilidad de recibir varias cadenas perpetuas, lo que podría significar el final de su carrera política y un largo período tras las rejas.

La noticia del veredicto fue recibida con júbilo por medio centenar de hondureños que se encontraban a las afueras del tribunal, quienes comenzaron a celebrar de inmediato.

Procuradores de justicia de Estados Unidos pasaron años investigando denuncias de que aliados del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunieron con cárteles de la droga y recibieron millones de dólares de ellos después de que él asumiera el cargo, informa hoy el diario estadounidense “The New York Times”, al publicar el reportaje denunciado en la conferencia matutina por el mandatario, de quien el artículo subraya que no hay nada que indique que él está directamente relacionado con organizaciones criminales.

Los periodistas Alan Feuer y Natalie Kitroeff publicaron el reportaje “EU revisó las acusaciones de vínculos entre cárteles y aliados del presidente de México”, horas después de que López Obrador adelantara que el medio le hizo llegar preguntas para fijar una postura respecto de los señalamientos del reportaje, que denunció como “falsedades”.

El artículo se basa en registros estadounidenses y tres personas familiarizadas con el asunto.

La investigación de la que hablan los periodistas es, señalan, distinta de la que ya salió a la luz hace unas semanas de la DEA, que aludía a que la campaña de López Obrador habría recibido dinero del narco en 2006.

De acuerdo con el artículo del “Times”, las autoridades estadounidenses descubrieron información que apuntaba a posibles vínculos entre poderosos operativos de cárteles y asesores y funcionarios mexicanos cercanos a López Obrador.

Sin embargo, subraya que Estados Unidos nunca abrió una investigación formal sobre López Obrador, y los funcionarios implicados acabaron por archivarla.

El medio afirma que de acuerdo con tres fuentes, los investigadores llegaron a la conclusión de que el gobierno de Estados Unidos tenía poco apetito para perseguir acusaciones contra el líder de uno de los principales aliados estadounidenses.

El artículo es claro en cuanto a que, si bien los funcionarios estadounidenses identificaron posibles vínculos entre los cárteles y socios de López Obrador, “no encontraron ninguna conexión directa entre el propio presidente y las organizaciones criminales”.

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