Narco

Dos vehículos con reporte de robo fueron asegurados por personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en el municipio de Guachochi.

En comunicado de prensa, la SSPE informó que cerca del poblado de Güirichique, los agentes estatales, en coordinación con elementos de Secretaría de la Defensa Nacional y personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), ubicaron una camioneta y una troca que se encontraban abandonadas en lo que parecía ser un campamento.

Se trata de un vehículo de marca Crossfox color gris modelo 2017, y una pickup marca Chevrolet Cheyenne modelo 2007 del mismo color, los cuales fueron asegurados.

Cerca del lugar donde se localizaron las unidades, se encontraron artículos personales como cobijas, colchonetas y ropa, de lo que se presume fue parte del campamento que los agentes de seguridad destruyeron anteriormente.

“Estos operativos permiten avanzar en materia de seguridad en las comunidades serranas, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública continuará con su realización de manera permanente, con la intención de devolver la tranquilidad a los pobladores de la región”, señala el comunicado.

n juez federal dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso que se dictó en marzo de 2022 contra José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”, sobrino del exlíder del Cártel del Golfo y de Los Zetas, Osiel Cárdenas Guillén, por los delitos de tráfico de cocaína y de metanfetamina y portación de arma sin licencia.

Waldo Plata García, secretario del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal de la CDMX, en funciones de juez, concedió un amparo a Cárdenas Martínez contra dicha medida que lo mantiene preso, para el efecto de que el juez que lleva el caso dicte en audiencia nueva resolución salvaguardando los principios rectores del sistema penal.

En la sentencia de amparo, Plata García afirmó que el juez de control con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Jesús Eduardo Vázquez, no violó formalidades esenciales del procedimiento penal al dictar el auto de vinculación.

No obstante, consideró aptos y suficientes los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de la República (FGR) contra “El Contador” y desestimó las pruebas ofrecidas por la defensa, sin “el debido análisis del contenido de todos los datos y medios de prueba reseñados por los defensores particulares del imputado”.

Determinó “incongruentes y lacónicos” los argumentos que el juez de control expuso para desechar testimoniales de las menores de edad que presenciaron la detención de José Alfredo Cárdenas Martínez en la colonia Cuauhtémoc en la capital del país.

Asimismo, señaló que el juez Jesús Eduardo Vázquez, no analizó debidamente la supuesta transgresión a los principios legales de la cadena de custodia respecto del vehículo que conducía el imputado, así como de los indicios localizados, además de que tampoco revisó debidamente un dictamen pericial.

“De ahí que se advierta que el juez responsable, no realizó el debido análisis del contenido de todos los datos y medios de prueba reseñados por los defensores particulares del imputado”, concluyó.

“El Contador” también se amparó contra la legal detención y la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta, mismo que le fue negado por Plata García.

Cárdenas Martínez fue detenido en febrero de este año cuando circulaba en un vehículo por calles de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

En alianza con Petronilo Moreno Flores, alias “Panilo Cárdenas Martínez mantenía un férreo enfrentamiento armado con Blanco Flores, quien a su vez tenía un pacto con el abatido Humberto Loza Méndez, “El Comandante Betito” o Betillo”.

Se desconoce la situación de desplazamiento forzado interno en el estado por motivos de violencia e inseguridad, señaló el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña.

“Con el establecimiento de la mesa de trabajo y la Comisión de desplazamiento forzado, estamos trabajando en un diagnóstico y estamos esperando el reporte. Es difícil determinar un número de personas desplazadas porque hay personas que se han desplazado de manera momentánea y temporal y otras que se han movido de manera permanente”, dijo Santiago de la Peña.

De la Peña fue cuestionado sobre el tema luego de que el párroco de Santa Anita, Guachochi, declaró que hay familias desplazadas por la violencia y solicitaron apoyo de las autoridades para contener la inseguridad en aquella región.

“Estamos en plena coordinación con Sedena y Guardia Nacional, la seguridad no se resuelve en un día es un trabajo diario y todos los días cambian las condiciones, mañana en la mesa de seguridad se habrán de poner algunas medidas sobre la mesa para estos temas en particular”, expresó el funcionario estatal.

El secretario indicó que ante las representaciones de las organizaciones participantes y del Gobierno Federal, se propondrá cómo variar la estrategia de seguridad nacional.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), Enrique Rascón, indicó que se tienen más de 600 carpetas de investigación por denuncias de desplazamiento forzado interno en el estado, aunque se desconoce el periodo o si se ha dado seguimiento a las querellas.

El titular de la Fiscalía General del Estado, César Jáuregui Moreno descartó que las familias se hubiesen movido de sus comunidades de origen por la violencia y dijo en cambio que era por hambre y falta de recursos.

A cinco semanas de que inició este 2023, el Gobierno Federal ha destruido 11 vehículos con blindaje artesanal, denominados monstruos, que probablemente pertenecieron a organizaciones de la delincuencia.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), en su delegación en Reynosa, Tamaulipas, destruyó 11 de estas unidades, la cuales fueron aseguradas en enfrentamientos en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo.

Fuentes consultadas manifestaron que elementos del Ejército realizaron el aseguramiento luego de presentarse varios enfrentamientos entre posibles miembros del Cártel del Golfo y del Cártel del Noreste, que se disputan el control de la zona de Camargo.

La FGR señaló que los vehículos están relacionados con nueve expedientes y detalló que a través de la Fecor dio cumplimiento al Programa Destino de Bienes y Objetos del Delito, dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual prevé la destrucción de los objetos que son instrumentos del delito.

Al acto de destrucción asistió el agente del Ministerio Público de la Federación, quien coordinó la identificación, así como autoridades de la Octava Zona Militar, peritos oficiales y miembros del Órgano Interno de Control de la FGR.

En el evento, la fiscalía destacó la labor y coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes aseguraron y pusieron a disposición los vehículos.

En julio de 2022, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la entidad dieron a conocer que de 2019 hasta esa fecha se habían asegurado, decomisado y destruido un total de 257 vehículos con blindaje artesanal.

Con estas acciones, señalaron, se restó movilidad y capacidad de fuego a los grupos de la delincuencia organizada.

De acuerdo con las dependencias, el agente del Ministerio Público ordenó la destrucción de las unidades, debido a que con el tipo de confección y modificaciones que se les realizan representan un peligro para la seguridad de la comunidad.

“Muchos de los llamados monstruos cuentan con blindaje que les permiten integrar armas de alto poder, que son usadas en situaciones de enfrentamientos con grupos rivales o en contra de corporaciones de seguridad”, señalaron las dependencias en aquella ocasión.

Los aseguramientos de las unidades se efectuaron durante operativos de localización luego de enfrentamientos y fueron puestas a disposición de la fiscalía estatal por parte de la FGR para el seguimiento de las investigaciones y su destrucción.

En octubre de 2022, la FGR destruyó 15 vehículos monstruo, que presuntamente eran utilizados por el crimen organizado.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones de la FGR ubicadas en Reynosa, Tamaulipas y se relacionó con aseguramientos de agosto y septiembre de 2022, efectuados por la Sedena y puestos a disposición de la FGR.

En la entidad, la instalación, comercialización y uso de vehículos con blindaje sin autorización es un delito que se sanciona con penas de hasta 15 años de prisión.