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niña

La Fiscalía General del Estado presentó ante un Juez Penal en el Distrito Judicial Morelos la investigación en contra de Juan Antonio C. B., a quien se le atribuyó el delito de abuso sexual agravado en perjuicio de una niña. 

De acuerdo a datos de prueba presentados por agentes del Ministerio Público adscritos a la FEM

establecen que, en el mes de julio del 2022, el imputado usó la violencia física y agredió sexualmente a la víctima en un domicilio ubicado en el poblado de Maclovio Herrera Falomir, en el municipio de Aldama. 

En una colaboración interestatal, fue detenido por policías de la Agencia Estatal de Investigación en la colonia Las Nubes, en Santa Catarina, Monterrey, N.L., mediante orden de aprehensión derivada de una robusta indagatoria.

Fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional y en apego a las etapas procesales, el Juez de Control determinó iniciarle un proceso penal, mismo que enfrentará en prisión preventiva en el Cereso 1 ubicado en Aquiles Serdán.

No se conoce su nombre, ni quiénes son sus padres o el motivo por el cual llegó hasta esta frontera. Solo se sabe que tiene entre cuatro y cinco años, y que estuvo en manos de unos desalmados que le hicieron atrocidades.

Para referirnos a ella, la llamaremos Ángela. Se trata de una niña migrante que fue descubierta por casualidad cuando estaba en manos de sus captores: dos tipos ebrios que la llevaban a bordo de un vehículo con rumbo desconocido.

No se ha precisado tampoco cuánto tiempo tenían con ella ni cómo se apoderaron de la pequeña.

El caso de la menor quedó de alguna manera olvidado, porque ese mismo día que los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) la aseguraron, fue el mismo día en que se realizó un operativo para llevar a los migrantes que murieron en un incendio en la estación provisional del Puente Lerdo.

De acuerdo con el INM, agentes federales de Migración y elementos de la Guardia Nacional (GN), le marcaron el alto al conductor de una camioneta que circulaba en zigzag sobre la carretera Anapra-San Jerónimo, a la altura de la Unión Ganadera.

Tras la inspección, se percataron de que el chofer y el copiloto, de entre 50 y 55 años de edad, tenían aliento alcohólico y transportaban en el asiento trasero a una menor de edad, de quien no pudieron comprobar su parentesco o vínculo familiar.

La niña fue conducida a las instalaciones de la Cruz Roja para su valoración médica, ya que mostraba moretones y cicatrices en varias partes del cuerpo; por lo que quedó bajo la custodia de la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes de la entidad.

A los dos adultos se les puso a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para la realización de las diligencias correspondientes.

Días después la FGE informó que los datos de prueba y argumentos incriminatorios expuestos por el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, fueron determinantes para que un juez de Control en el Distrito Judicial Bravos dictara auto de vinculación a proceso en contra de los dos imputados, por los delitos de maltrato infantil y abuso sexual.

Se identificó a los tipos como Gilberto O. A., y Jorge Alberto L. J., y se estableció que tenían bajo resguardo a una niña migrante sin acreditar parentesco alguno.

En seguimiento a las indagatorias, elementos de la Agencia Estatal de Investigación les cumplimentaron una orden de aprehensión.

Los imputados fueron puestos a disposición del juez de Control, donde un agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Especializada en Violencia Familiar, Delitos Sexuales, contra el Cumplimiento de la Obligación Alimentaria y Trata de Personas, formuló imputación y acreditó la probable responsabilidad de los presuntos, que enfrentarán su proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Sobre este caso, no se ha difundido quiénes son los padres de la menor, ni el país del cual son originarios, ya que únicamente se externó que se trata de una niña migrante, la cual ya está bajo resguardo de las autoridades locales.

Conteniendo las lágrimas Ana Dios de Pavón, de 13 años y originaria de Venezuela, cimbró a los migrantes que esperan a ser escuchados por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, este mediodía en el exterior del Gimnasio de Bachilleres, donde tuvo una reunión a puerta cerrada con empleados de la federación.

Pidió a sus paisanos, que formaban a la mayoría que estaba en el lugar, que entonaran el himno de su nación en honor a los muertos y heridos del pasado lunes, cuando fueron víctimas de un incendio ocurrido en instalaciones del Instituto Nacional de Migración.

“Quiero estudiar y mi familia quiere salir adelante, tampoco somos pollos, los dejaron que murieran fritos, eso no es justo”, declaró. 

“Gloria al bravo pueblo, que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor…”, no alcanzó a terminar el primer párrafo porque el sentimiento le cerró la garganta y se cubrió la cara con las manos y el micrófono.

Segundos después se recompuso y guío a los venezolanos en el canto, aunque su voz se siguió quebrando de vez en vez.

Con su tono todavía infantil, le mandó un mensaje al presidente de Estados Unidos, Joe Biden: “si él no nos quiere dejar entrar a Estados Unidos, que nos ayude entonces con el gobierno que está en Venezuela, que tomó nuestra Venezuela y nos robó nuestra patria, que nos ayuden, que tumben a ese gobierno que está allá, que invada Venezuela y que haga un cambio”.

Aseguró que no vienen a quedarnos en ese país porque aman al suyo, así que si “tumban” a ese gobierno se regresan a su patria.

También contó con elocuencia los abusos que ella y su familia han sufrido en México por parte de personal del INM desde que entraron por Tapachula, Chiapas.

“No les importa si somos niños, nos maltrata verbalmente con cosas que duelen, nos agarra y nos devuelven, nos quitan dinero y nos roban”, señaló.

Dijo que cuando ella y su familia se dirigieron a Matamoros, Tamaulipas, para hacer el trámite para solicitar refugio en Estados Unidos, pero en Tampico los detuvieron en un retén a las 12 de la noche, donde les pidieron 1 mil pesos por cada uno del grupo familiar.

Al no contar con esa cantidad, agregó, los bajaron del vehículo en el que iban y les rompieron el permiso de migración que les dieron en Tapachula.

“Estamos muy cerca, a cinco horas de llegar y no separaron de mis papás, nos mandaron con mi mamá a un supuesto albergue, pero no era una era un albergue, era una cárcel”, mencionó. 

Fueron seis veces, en total desde diciembre anterior, las que fueron regresados a Chiapas, pero finalmente llegaron a Ciudad Juárez, donde esperan para ingresar a Estados Unidos.

Sin embargo, afirmó, ese país tiene una política de no dejarlos pasar de ningún modo porque ofreció una aplicación que no sirve ya que omite programar citas, por lo que urgió a que se ofrezca una solución para llegar a su destino.

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