operativo

Conductores del norte y sur de la capital son monitoreados por el operativo Radar a cargo de la Subsecretaría de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

Con esta acción la corporación busca erradicar accidentes causados por el exceso de velocidad.

El operativo se ubicó en el Periférico R. Almada, al sur de la ciudad; así como en la vialidad Los Nogales en la parte norte, donde los elementos se posicionaron sobre la cinta asfáltica para así identificar a los conductores que circulan a altas velocidades.

Estas acciones dieron como resultado un total de 40 personas sancionadas por conducir a exceso de velocidad, los cuales se detectaron gracias a los radares tipo pistola que portan los agentes de movilidad.

La finalidad de este ejercicio es crear conciencia en los conductores y recalcar los riesgos que conlleva manejar en estado de ebriedad y a altas velocidades.

Debido a la muerte de un comerciante, presuntamente a manos de policías, la comunidad de San Andrés Tuxtla, en el estado de Veracruz, atraviesa momentos difíciles.

Estos hechos provocaron no solo la indignación de los pobladores sino el intento de la alcaldesa María Elena Solana Calzada de huir disfrazada de policía de Palacio Municipal.

Los disturbios comenzaron cuando el Ayuntamiento intentó realizar labores de remodelación en la calle Manuel A. de la Cabada, situación que no fue permitida y desembocó en un conflicto entre comerciantes y policías municipales.

Por desgracia en una momento de tensión el comerciante Jorge Luis “N” se enfrentó físicamente con los policías, dejándolo lesionado.

El comerciante fue trasladado a los separos de la policía donde empeoró su estado de salud y posteriormente al hospital Bernardo Peña, donde murió por un infarto, presuntamente provocado por el enfrentamiento con los elementos policiacos.

Policías detenidos

La Fiscalía de Veracruz confirmó que al menos nueve elementos de la policía fueron detenidos para que respondan por el operativo en San Andrés Tuxtla y la muerte del comerciante. Los elementos son: Oscar Alberto “N”, Amar Cecilio “N”, Juan Arturo “N”, Egmidio “N”, Clemente “N”, Clemente “R”, Sorokin “N”, Alfredo “N” y Omar “N”.

Alcaldesa intenta huir disfrazada de policía

Fue tal el descontento por la muerte del comerciante Jorge Luis “N” que familiares, amigos y pobladores acudieron al palacio municipal, a exigirle a la alcaldesa Solana Calzada una respuesta de los hechos acontecidos.

Tras gritarle en repetidas ocasiones gritarle “asesina” le impidieron retirarse del inmueble.

Pero en su desesperación llegaron agentes de la policía municipal para resguardarla, incluso fue subida a una patrulla de la cual tuvo que descender pocos metros más adelante tras ser interceptada por los comerciantes.

La alcaldesa descendió vestida como policía en un intento de evitar ser reconocida, sin embargo, su disfraz no le sirvió de nada porque inmediatamente fue reconocida por los pobladores que de nueva cuenta la increparon.

Tras varios minutos de gritos y empujones, la alcaldesa fue llevaba a la agencia del Ministerio Público donde rendirá su declaración sobre los disturbios acontecidos y donde perdiera la vida una persona para determinar su implicación en dicho operativo policial

María Elena Solana Calzada, o “Dra. Remedios, como también se le conoce, llegó al poder en 2021 de la mano de una coalición formada por Morena, PT y Partido Verde.

Para prevenir y evitar accidentes viales por motivos de estado de ebriedad, la noche de este pasado 14 de junio, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Policía Vial, implementó en Chihuahua capital el operativo de alcoholemia.

Este operativo contó con el despliegue de 30 elementos viales, así como personal del área de Despliegue Policial y Asuntos Internos, enfocados en labores de detección de alcoholemia, además, el personal operativo estuvo acompañado en todo momento de un equipo médico en campo, para apoyar la labor.

Dicho operativo inició labores para este fin de semana sobre la zona de la Cantera, y su implementación buscó arrojar datos sobre la efectividad de estas acciones para posteriormente, ser replicado a mayor escala.

El personal involucrado de la SSPE, trabajó en conjunto y de manera paralela con el equipo de jueces calificadores de la SSPE, personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como del Consejo Consultivo de Vialidad, quienes operaron de manera coordinada para atender las situaciones individuales de la ciudadanía.

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, en conjunto con la Agencia Estatal de Investigación y la Unidad Especializada en la Investigación de Personas Ausentes y no Localizadas, implementó un operativo en el que logró el rescate de 13 personas migrantes, entre los que se encontraban dos menores de edad.

Lo anterior, en seguimiento a una carpeta de investigación por una denuncia de secuestro agravado, se informó a través de un comunicado de prensa.

En el operativo que se desarrolló el martes 11 de junio de 2024, en un domicilio de la colonia Barrio Alto, se detuvo en términos de flagrancia a seis en personas como presuntos responsables de custodiar y lastimar a las víctimas.

Se dio a conocer que dentro del domicilio, los agentes aseguraron personas en situación de movilidad, de los cuales, nueve son originarios de Guatemala, dos de El Salvador y dos de Honduras.

Los migrantes presentaban diversas lesiones en su cuerpo debido a los actos de tortura a los que fueron sometidos, y por lo que fueron trasladados a recibir atención médica, quedando cuatro de ellos hospitalizados, se indicó.

En estas acciones detuvieron a Jesús Tomás C. S., de 24 años de edad; Oswaldo P. M., de 19 años; Lilia Estefani C. P., de 22 años y Diana Michell S. V., de 20 años de edad, así como dos menores de edad. A los detenidos les aseguraron lo siguiente:

Arma de fuego, calibre 9 milímetros, con 06 cartuchos útiles
Arma de fuego, calibre .45, con 03 cartuchos útiles
Envoltorios con hierba verde y olorosa, con características propias de la mariguana

Los detenidos y lo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien se encargará de resolver su situación jurídica, informó la FGE.

(mr)