paro nacional

A 4 días de que inició el paro nacional del Poder Judicial, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hace una petición formal para no pagar salarios a quienes estén en protesta.

Se trata de una petición que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), por el paro nacional del Poder Judicial, en donde miles de empleados, incluidos jueces, detuvieron sus labores.

La petición se dio en un documento, en donde el gobierno de AMLO también pide que, de ser el caso, se despida a los trabajadores que se mantengan en paro, el cual se adelanta como indefinido.

Cabe destacar que el pasado 21 de agosto la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, también pidió que no cobren su sueldo los jueces y magistrados que se fueron a huelga como protesta a la reforma al Poder Judicial

De acuerdo con el documento expuesto, el gobierno de AMLO desconoce como legítimo el paro nacional del Poder Judicial al que se sumaron jueces y magistrados, además de trabajadores de la dependencia.

Ante la situación, la Secretaría de Haciendo envió un comunicado a la Secretaría de Gobernación (Segob) y al CJF, en donde se solicita que no paguen sueldos a manifestantes.

Subraya que la ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria indica que el CJF está obligado a pagar a los servidores públicos “siempre y cuando cumplan con el eficiente desempeño de sus funciones”.

Además, también dicta que el paro nacional del Poder Judicial no se da conforme lo señala la ley, por lo que los manifestantes han faltado a sus labores de manera “injustificada”, y “no se generará el derecho de recibir el pago del sueldo tabular del día correspondiente”.

“El CJF tiene la obligación de conminar a los servidores públicos, inclusive los titulares de órganos jurisdiccionales, a no interrumpir las actividades de los órganos su cargo, y señalar que la libre manifestación de las ideas en contra de cualquier tema relacionado en específico con el avance de la reforma del Poder Judicial, llevado a cabo en un poder del Estado diverso, no constituye causa justificada para la suspensión del servicio de impartición de justicia”, Secretaría de Hacienda

En ese sentido, amenazan que de continuar con el paro nacional del Poder Judicial y no seguir los protocolos legales establecidos para una huelga, quedarán cesados de su cargo.

El Tribunal Superior de Justicia del Estado se solidarizó con el paro que realizan trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF).

A través de la presidenta Myriam Hernández Acosta, se dio a conocer que se coincide con las causas que sustentan el movimiento pacífico que realizan magistrados, jueces y todo el personal jurisdiccional y administrativo del PJF.

Dijo que se justifica el apoyo, en aras de proteger y salvaguardar la independencia judicial, teniendo en cuenta que este principio es crucial para que el poder judicial funcione como un auténtico contrapeso frente a los poderes ejecutivo y legislativo.

Señaló que en ese contexto, jueces y magistrados locales integrantes del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, “hoy levantamos la voz frente a la reforma judicial propuesta por el titular del Poder Ejecutivo federal”.

“Defendemos al igual que nuestros homólogos juzgadores federales, la independencia e imparcialidad judicial, la objetividad, el profesionalismo, así como nuestros derechos laborales que hemos adquirido por legítimo nombramiento, haciendo con ello un efectivo ejercicio de división de poderes que constitucionalmente se conciben como pilares fundamentales del estado social y democrático de derecho”, enfatizó.

Acosta Hernández dijo estar consciente de que en el Poder Judicial del estado de Chihuahua, como toda institución, esta debe ser revisada y mejorada constantemente mediante reformas integrales en las cuales se busque el consenso y se involucre a la sociedad civil, al gremio jurídico, a la academia, a los usuarios, sin vulnerar, derechos fundamentales, laborales, de jueces, magistrados y de todas y todos los trabajadores del Estado al servicio de la justicia.

Subrayó que el estado de Chihuahua y todos “en nuestro país, merecen un poder judicial independiente y comprometido con los derechos humanos de todas las personas. La reforma planteada por el Ejecutivo federal se encuentra lejos de avanzar hacia esos objetivos, los cuales resultan imprescindibles para garantizar una verdadera justicia social en México”.

Derivado del incumplimiento de acuerdos de las autoridades federales de la Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C., (Amotac) anunció este lunes, que llevará a cabo un paro nacional el 15 de febrero a partir de las 8:00 horas en diversas carreteras del país.

En su pliego petitorio, la Amotac dijo que exigirá la seguridad en carreteras para los operadores y transporte en general que utilizan las diferentes vías de comunicación del país, “ya no queremos abrazos, sino que realmente se tomen acciones de inteligencia en este tema”.

Además de pedir la prohibición del vehículo doblemente articulado, regulación del parque vehicular, emplacamiento para los vehículos de carga y turismo de modelo atrasado, tarifas oficiales, reclasificación de carreteras, reglamento de grúas, que detengan y castiguen los abusos y extorsiones por elementos policiales municipal, estatal y federal, incluyendo aquellos que se identifican como ministeriales.

“El transporte mexicano necesita una solución, no es posible que, a través de los años y los cambios de gobierno, sigamos con estos vicios de chantaje y corrupción. El transportista sigue siendo considerado la caja chica de las autoridades”, concluye el comunicado publicado en sus redes sociales.