Los tres centros penitenciarios de Juárez albergan a un total 16 personas indígenas.
El penal del estado de Chihuahua que más personas de pueblos originarios tiene internadas, es el de Guachochi, con el 95 por ciento de su población.
El Centro de Reinserción Social para Adultos (Cereso) número 3 ubicado en Juárez, tiene internados a 14 adultos, mientras el Femenil número 2 de Juárez tiene 1 y el Centro de Reinserción Social para Adolescentes Infractores (Cersai número 3) tiene también a 1.
De acuerdo a información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), en total en los penales del estado de Chihuahua hay 479 personas privadas de su libertad (ppl) que son de pueblos originarios.
En el 2023 se tenía documentada la presencia de 377 indígenas en los penales del estado de Chihuahua, por lo que habría subido un 27 por ciento dicha población encarcelada.
El Cereso 8 de Guachochi tiene a 178 indígenas en sus celdas, procesados por diversos delitos. Es el que más reos tiene de ese tipo de población, considerado vulnerable.
Le sigue el Cereso número 7 localizado en el municipio de Cuauhtémoc, donde se encuentran internados 158 indígenas.
El tercer sitio lo ocupa el Cereso número 1 del municipio de Aquiles Serdán, donde se contabilizan 48 ppl de esa población.
Según la SSPE, en cuarto sitio se ubica el Cereso número 4 de Parral, donde hay 42 internos indígenas.
Discriminados por otros internos
De acuerdo a la Comisión nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las personas indígenas y afrodescendientes son un grupo de la población en situación de vulnerabilidad, que, por factores como ausencia de acciones afirmativas y medidas de igualdad, enfrentan rezago educativo y aislamiento geográfico, y se encuentran en desventaja para hacer frente a las situaciones de la vida cotidiana.
En el Informe de Actividades de la CNDH del 2023, se establece que la condición de vulnerabilidad de indígenas se acentúa en aquellas personas que están privadas de la libertad en un centro de reinserción social, los cuales frecuentemente se enfrentan a diversas problemáticas, como son las siguientes:
- La discriminación de la que en ocasiones son víctimas por parte del resto de la población interna, por su pertenencia a un pueblo o comunidad marginada como en los casos de personas indígenas y afrodescendientes.
- La falta de información sobre los derechos humanos que les asisten.
- La escasa visita familiar que reciben, debido a la lejanía de sus comunidades respecto del lugar donde está ubicado el centro de reinserción social, aunado a la falta de recursos económicos.
- La deficiente atención médica que reciben en el centro de internamiento.
- Las insuficientes oportunidades para el desarrollo de las actividades laborales encaminadas a su reinserción social.
- La falta de intérpretes y/o la falta de intérpretes y/o traductores. La falta de personas defensoras que hablen su lengua y conozcan su cultura.
Encarcelados, 468 tarahumaras a nivel nacional
De acuerdo con datos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y
Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hasta marzo de 2023, la población indígena privada de la libertad en los centros de reinserción social del país era de 7 mil 776 personas, sumados penales federales y estatales.
Según la misma CNDH, en el 2023, de la citada población privada de la libertad en los centros de reinserción social del país, los pueblos indígenas que registraban una población mayor de 100 personas son los siguientes:
Náhuatl: mil,561; Zapoteco: 594; Tzeltal: 480; Maya: 471; Tarahumara: 468; Mixteco: 437; Otomí: 420; Tzotzil: 408; Mazateco: 343; Totonaca: 268; Chol: 213; Chinanteco: 181; Mixe: 168; Cora: 166; Mazahua: 162; Tepehuano: 157; Huichol: 154; Tlapaneco: 144; y Huasteco: 114.
