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prisión preventiva

La gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván dijo que el estado de Chihuahua se sumó al “Amicus Curiae” firmado por las 32 entidades federativas y dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se reconsidere y mantenga la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en México.

Este documento “Amicus Curiae”, fue dirigido a la doctora Norma Lucía Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que mandatarios estatales le describen los efectos adversos que surgirán en perjuicio de la seguridad pública y la justicia mexicana, en caso de desaparecer la medida de prisión preventiva.

“La figura de prisión preventiva oficiosa responde, pues, a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas de los delitos, procurar que el responsable no quede impune, así como lograr que sean reparados los daños causados por el delito”, expone el escrito mostrado por los gobernadores en redes sociales.

En este sentido, la Fiscalía General del Estado ya había manifestado su inquietud al respecto, fue la propia titular de la Fiscalía Especializada de la Mujer, Wendy Chávez quien en entrevista expresó que esta medida había redoblado el trabajo de la FEM y afectado en algunos casos la detención de feminicidas y personas acusadas por el delito de trata en la entidad.

“Ese tema viene porque se determinaron en sentencias de la CIDH que los dispositivos de la Constitución que marcan la prisión preventiva oficiosa, son violatorios de los derechos humanos de las personas que son procesadas, y como nuestro sistema jurídico ha firmado la Convención de los Derechos Humanos, deben los jueces federales y Estados considerarla”, explicó.

La autoridad estatal dijo que quitar esta medida cautelar, si abre la posibilidad a que una vez que la persona es declarada responsable del delito y no está en prisión preventiva evada la justicia o bien, a través de recursos impida que el cumplimiento de la sanción sea inmediato.

La jueza Hortensia García Rodríguez negó al exgobernador César D.J., cambiar la medida cautelar de prisión preventiva a prisión domiciliaria, tal y como la solicitó su abogado, y aprobó que a partir del 01 de abril se programe su cirugía de corazón, debido a las complicaciones en salud que presenta, por el engrosamiento y la sangre que tiene en los pulmones. 

Lo anterior, durante la audiencia que se llevó cabo este martes en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, y como parte de la defensa de César D.J., para que el exmandatario estatal lleve su proceso jurídico en casa, por motivos de salud y no al interior del Cereso Aquiles Serdán.

La jueza ratificó la prisión preventiva y aseguró que la atención médica del exfuncionario estatal está cubierta al interior del Cereso, no obstante, indicó que podrá programar su cirugía cardiaca y llevar a cabo la rehabilitación indicada en el centro hospitalario; una vez concluido este proceso, deberá regresar al Centro de Reinserción Social.

Me declaro preso político, hay una falta de aseo procesal absoluto: César D.J.

“Me parece fundamental marcar el contexto de esta audiencia, se deriva de un amparo, me llama poderosamente la atención una declaración del fiscal General del Estado, donde ya adelanta que no saldré de prisión y que no hay un amparo, pese a que hemos ganado 6 amparos, lo dijimos ante la célebre juez Delia Valentina, sobre las violaciones que practicaba encima de nuestros derechos”, expuso César D.J. al inicio de la audiencia.

El imputado denunció que le preocupa la “mala información a la jefa del Ejecutivo”, María Eugenia Campos Galván, quien criticó, ha sostenido que él mantiene una pena prisión y que recientemente, dice que esta en prisión porque así lo dicta la ley y sentencia, “que yo sepa hasta hoy, la única sentencia que tengo hasta hoy, es el amparo de la justicia federal”.

Por lo que, añadió que le preocupa que la audiencia sea un mero trámite, debido a lo “adelantado” por el fiscal César Jauregui Moreno.

“Si es así, no nos molestemos en convocarnos y esperemos a una rueda de prensa de la FGE, en donde dicte sus determinaciones. Es una falta de aseo procesal absoluto, franca violación a la división de Poderes”.

Además de sostener que es un prejuicio, “me declaró preso político, porque soy un botín político para los intereses mezquinos, que todos estos argumentos que he ventilado, obedecen. Y si el juez federal fue claro en el amparo y tuvo que enmendar lo que el TSJE en inmediatez no hizo, salgo aclararlo para que quedé expreso”.

El exmandatario hizo un llamado al Poder Judicial, para que determine las acciones que corresponden conforme a derecho, porque cada vez queda “más evidente que hay una consigna”, y exigió que haya cumplimiento del amparo y se analicen las circunstancias de fondo para cambiar la medida cautelar.

“Aquí hay otro elemento, a mí me otorgó un juzgado federal un amparo para la atención inmediata de mi salud, ha quedado más que claro que mi salud esta quebrantada y que ninguno de los padecimientos que tengo de corazón, intestino, pulmones y riñones he avanzado, al revés, se han agravado. Este primero de abril tengo una cirugía en mi corazón para controlar una demasía de sangre que me inyecta a los pulmones, el domingo sufrí otra crisis”, argumentó.

César D.J. comentó que quienes están “jugando” a la política, lo hacen con su salud, y que buscan ganar tiempo para que pase el 2 de junio, y que “no se vale; me queda claro que no tienen aprecio a la vida, menos a la mía; no corresponde a ellos determinar por mi vida, menos cuando hay un amparo para generar las condiciones de salud”.

Por último, sostuvo que tiene 45 meses en prisión preventiva y que el Código Penal establece 14 diferentes formas de llevar a cabo una medida cautelar para garantizar su presencia en un juicio.

“El menos interesado de evadirme en un juicio soy yo, y si en el remotísimo caso de que se me impusiera una condena, prácticamente con esos 45 meses, ya estaría pagada la pena”.

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, dio a conocer que serán más de mil las personas en prisión preventiva que no han sido sentenciadas, las que podrán votar para las elecciones presidenciales 2024.

“Las personas privadas de la libertad, deben acreditar su intención de votar o participar en la elección, las urnas van a estar al interior de los Centros de Reinserción Social, principalmente en el Cereso 3 de Ciudad Juárez y Cereso 1 de Chihuahua, tanto femeniles como varoniles”, explicó.

Gilberto Loya detalló que a diferencia del proceso al exterior, en los centros penitenciarios marcan la boleta electoral, lo ponen en un sobre y se entrega directo a la autoridad electoral, lo que hace la SSPE es garantizar la seguridad del funcionariado a cargo.

“Participan única y exclusivamente en la elección para la presidencia de la República”, añadió.

Desde octubre del 2023, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad los Lineamientos, el Modelo de Operación y la Documentación Electoral para la Organización del Voto de las Personas en Prisión Preventiva en el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024.

Lo anterior, mediante la modalidad de Voto Anticipado en el que se estima la participación de 92 mil 792 personas que se encuentren en prisión preventiva en 282 centros penitenciarios en los 32 estados de la República.

El personal del INE recabará la votación anticipada de las personas en prisión preventiva durante el periodo del 6 al 20 de mayo del 2024.

Esta acción es parte de la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictada en el expediente SUP-JDC-352/2018, basado en los derechos humanos, la presunción de inocencia y el ejercicio de los derechos político-electorales de las personas.

El Tribunal Superior de Justicia del Estado impuso este viernes, la medida cautelar de prisión preventiva justificada, a Antonio Pinedo Cornejo, exfuncionario estatal de la administración 2016-2021, mientras se lleva a cabo la audiencia de vinculación de proceso programada para el miércoles 20 de marzo a las 11:00 horas.

Pinedo Cornejo permanece como imputado del delito de peculado, por haber recibido un cheque “sin justificación legal” por la cantidad de 160 mil 532 pesos, 12 días después de presentar su renuncia, y por órdenes, del exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez.

Durante la audiencia que se celebró el viernes a las 14:00 horas, el exfuncionario confundió el numero de la casa que vive con su hijo e informó que, en el domicilio de Ciudad Juárez, ya no vivía nadie, mientras que por su trabajo justificó que con una computadora y un celular podía trabajar desde cualquier lado.

Razón por la que la jueza consideró que la medida cautelar de prisión preventiva estaba justificada, debido a que el imputado, no mostraba el arraigo suficiente, a pesar de la estrategia de defensa de su abogado.

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