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La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación a la Universidad Autónoma de Chihuahua por sus omisiones ante varias de sus estudiantes por hostigamiento sexual de un maestro de la Facultad de Artes.

“Esta recomendación se emitió al rector Luis Alfonso Rivera Campos con motivo de las quejas de tres estudiantes de la unidad académica, quienes tenían en común la connotación lasciva a través del hostigamiento de carácter sexual por el maestro”, señaló el presidente de la CEDH, Néstor Armendáriz Loya. 

El 29 de mayo del presente año, la CEDH emitió la recomendación 5s.1.009/2023 del expediente CEDH:10s.1.2.247/2021, en la que sugiere la inmediata reparación del daño a las víctimas, sanción de las y los funcionarios responsables y medidas para la no revictimización de las estudiantes de la Facultad de Artes. 

“Por la naturaleza de este tipo de actos, muchas veces es difícil tener alguna prueba gráfica, pero hay testimonios que, vinculados entre sí, con las valoraciones psicológicas y con una propia aceptación -al menos parcial- de quien entonces era docente y que actualmente ya no labora en la UACH, para generar convicción de los hechos”, relató el Ombudsman. 

Entre las acusaciones que refirieron las víctimas fueron mensajes de texto, mensajes a través de redes sociales, invitaciones extra escolares a bares y su domicilio particular, llamadas a altas horas de la noche, violencia sexual, y amenazas a las víctimas. 

De estos hechos, agregó Néstor Armendáriz tuvieron conocimiento la Defensoría de Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género, quienes aplicaron un procedimiento que derivó en una recomendación en junio del 2021, con medidas que inconformaron a las víctimas, por lo que la Defensoría en septiembre del 2022 emitió otra resolución confirmando la respuesta anterior. 

“Esta es la primera recomendación de este tipo a la UACH, por lo que sí creo que puede sentar un precedente, esta es una de las medidas de satisfacción, el reconocimiento de la víctima como tal y que la UACH lo haga, sentaría un precedente importante al reconocer en los hechos que se dan los casos, primer paso para combatirlo”, destacó. 

No atendió UACH a las víctimas y carece de Órgano Interno de Control

Entre las omisiones que encontró la CEDH destaca en primer lugar que la UACH no atendió a las víctimas, no se implementó ninguna medida a su favor y todas se enfocaron a la parte responsable, “a que pidiera una disculpa pública, se reasignó de funciones, se le quitó frente a grupo, pero nunca se le dio atención integral a las víctimas”. 

Néstor Armendáriz aseguró que hay elementos suficientes para que se agote y resuelva una resolución con el grado de responsabilidad que haya incurrido la persona, y “que insisto, puede ir más allá de la temporalidad que haya durado su encargo”, es decir, una inhabilitación en el servicio público. 

Consideró que hubo “omisiones de la autoridad administrativa, como tal para no atender de manera oportuna en la medida que se tuvo conocimiento y que se dejó todo en manos de la Defensoría, porque otra de las cosas pendientes es el Órgano Interno de Control, que sería la instancia adecuada de la UACH, pero no tiene”. 

Lo anterior, dejó en la indefensión a las víctimas, pues la Defensoría no tiene facultad para sancionar, lo que, sí tiene por ley el Órgano, pero el que -ha reserva de la información-, no existe. 

Aplicar sanciones y no revictimizar a estudiantes

Las recomendaciones emitidas a la UACH fueron que de inmediato dé vista de los hechos, para que la instancia inicie, integre y resuelva conforme a derecho, el procedimiento administrativo que corresponda en contra de “D” (como se identifica al profesor acusado de hostigamiento) en términos de lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y, en su caso, se impongan las sanciones que correspondan.

Y otorga un plazo no mayor a 30 días naturales contados a partir del día siguiente de la recepción de la presente resolución, en los términos de lo establecido en la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua, además de sugerir que se inscriba a “A”, “B” y “C” (las tres víctimas) en el Registro Estatal de Víctimas, y remita las constancias que lo acrediten. 

Tercero, se repare integralmente el daño a “A”, “B” y “C” conforme a lo establecido en el apartado V de esta determinación. 

Además, de que la UACH realice todas las medidas administrativas para garantizar la no repetición de violaciones a derechos humanos. 

Y, por último, que gire instrucciones a quien corresponda, para que evite llevar a cabo cualquier acto u omisión que pudiera implicar algún tipo de revictimización o represalia en contra de las personas agraviadas.

En silencio UACH, aún no acepta la recomendación

Sobre el funcionariado involucrado, el comisionado de la CEDH comentó que fue en la administración pasada, por lo que, de acuerdo al protocolo de la Universidad, tuvieron conocimiento de la resolución de la Defensoría, el rector Luis Alberto Fierro, los titulares de la Secretaría General Raúl Sánchez Trillo y Jesús Villalobos Jión, el director de la Facultad de Artes, Roberto Ransom Carty y al frente de la Defensoría, Lucía Denisse Chavira Acosta, entre otros. 

“Sabemos que la Defensoría actuó en su momento, la recomendación no va para que se les investigue y sancione, esto es para la persona que profirió los actos constitutivos de diferentes formas de violencia contra las mujeres”, añadió. 

El presidente de la CEDH dijo que la UACH solicitó una prórroga para dar respuesta, que ya venció y al interactuar para si aceptan o la recomendación del cumplimiento, se atravesó el periodo vacacional y la persona responsable enfermó “persona clave que tiene información para la postura institucional”, por lo que seguramente en los siguientes días se conocerá el proceder del alma mater.

La Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Coespris) emitió una recomendación para el Centro Deportivo Norte, donde se localiza la alberca en la que se intoxicaron al menos 300 menores en una competencia deportiva, informó Gilberto Baeza, secretario de Salud del Estado.

La recomendación es emitida por el organismo regulador, como resultado de una inspección en el área donde se generó el incidente, dijo el funcionario estatal.

El secretario de Salud indicó que la dependencia estatal detectó un exceso de químicos propios de las albercas y que ocasionó el malestar en la concurrencia. 

“Todas las personas fueron atendidas por el Municipio; una señorita resultó más grave, pero ya está fuera de peligro”, comentó Gilberto Baeza.

La Coespris detectó exceso en químicos propios para las albercas, así como sobre-aforo y poca ventilación. 

“Se hicieron las recomendaciones pertinentes. Es un suceso lamentable, pero que afortunadamente no tuvo una consecuencia mayor”, comentó. 

Para concluir, dijo que la Coespris realiza constantemente visitas e inspecciones en hospitales, restaurantes y albercas; brigadas que actualmente están en proceso de fortalecimiento.

La Fiscalía General del Estado (FGE) atiende todas las recomendaciones en materia de derechos humanos, no solamente a nivel estatal, sino también a nivel nacional, afirmó César Gustavo Jáuregui Moreno.

Esa fue la respuesta del titular de la FGE al ser cuestionado respecto a la recomendación emitida por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos  (CNDH) el 31 de enero del presente año por omisiones en un caso de tortura.

Jáuregui Moreno recalcó que siempre se atiende este tipo de temas, por lo que para ahondar en dicha información recomendó acercarse a la fiscal encargada del área de derechos humanos.

Esta recomendación es presentada por omisiones en la investigación de un caso de tortura, en el cual la víctima interpuso un recurso de impugnación ante el organismo defensor de los derechos a nivel nacional.

Dentro de la recomendación se le solicitó a la fiscalía de Chihuahua investigar dicho ilícito, así como fue requerida la información de la carpeta de investigación en la que se tenía pendiente el resultado de la prueba pericial consistente en la aplicación del protocolo de Estambul.

Según la comisión de derechos humanos a nivel nacional a pesar de que desde julio de 2019 se solicitó al Coordinador de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General la asignación de peritos médicos y psicológicos para la aplicación del Protocolo de Estambul, al 14 de enero de 2022 no existía diligencia alguna para tal fin.

Por otra parte, la Fiscalía registra dentro de la página de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos un total de  22 recomendaciones en el 2021 y el mismo número en el 2022. De esta cifra, once de ellas presentan el estatus de no aceptadas, 10 fueron aceptadas y una se encuentra en tiempo.

Dos de las recomendaciones, pese a que no fueron aceptadas, se verifica en la página que fue impugnada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En una de ellas la denuncia fue por violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal, así como violaciones al derecho al trato digno, mientras que el otro caso se registró por violaciones al derecho a la protección a la salud.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 12/2023 dirigida a la gobernadora María Eugenia Campos y al presidente municipal de Guadalupe y Calvo, Julio César Chávez, por el fallecimiento de siete niñas y niños a causa de desnutrición infantil en la comunidad indígena Choréachi.

Lo anterior, derivado de una queja presentada por autoridades de la comunidad rarámuri ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en enero del 2021 por desnutrición severa en menores de edad, informó la Asociación Civil  “Alianza Sierra Madre”.

“Las madres que se encuentran embarazadas presentan cuadros de desnutrición, por lo que los bebés ya nacen con ella, en estos fallecimientos se incluyen niños con meses de nacidos que no logran sobrevivir”, dijo la integrante de la Asociación Civil Alianza Sierra Madre, Rosa María Sáenz.

En conferencia de prensa, informó que, debido a la gravedad y trascendencia del asunto, el caso fue turnado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), misma que emitió la recomendación.

La CNDH examinó las evidencias del expediente e hizo al menos dos visitas con personal especializado a la comunidad, para ampliar la información.

Una vez integrado el expediente, concluyó, que las autoridades del Estado de Chihuahua incurrieron en graves violaciones a los derechos humanos de la comunidad indígena, a la vida y al interés superior de la niñez y, de manera colectiva, al derecho a la salud, alimentación, educación y nivel de vida adecuado.

La CNDH exhorta a el Estado y al municipio de Guadalupe y Calvo a implementar soluciones individuales y colectivas que conlleven a evitar violaciones a los derechos humanos de la comunidad indígena, dijo la activista.

Asimismo, el organismo nacional da un plazo de seis meses con la finalidad de generar una adecuada planeación de los recursos materiales y humanos.

Entre ellas, destaca la implementación de “un curso integral sobre capacitación y formación en materia de derechos humanos a personal de las direcciones, áreas y unidades de la Secretaría de Salud y del municipio de Guadalupe y Calvo”.

Dicho curso debe considerar los principios de accesibilidad, aceptabilidad, disponibilidad y calidad. En cuanto a las medidas de rehabilitación, deberán asegurar la atención médica.

Estos servicios deberán brindarse de manera gratuita, inmediata y accesible para las víctimas con pertenencia cultural.

Rosa María Sáenz, Ernesto Palencia y Susana Navarrete, integrantes de la asociación civil Alianza Sierra Madre, dijeron que hasta el momento no se cuenta con una respuesta por parte de la gobernadora o del presidente municipal de Guadalupe y Calvo, aun cuando ya pasó un mes de la emisión de esta recomendación por parte de la CNDH.

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