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La Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios del Senado aprobó un dictamen para brindar mayor protección a niños, niñas y adolescentes contra el tráfico ilegal de personas, así como para incluir la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo a los funcionarios públicos que incurran en este ilícito.

Ante el incremento de casos de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de funcionarios federales, estatales y municipales involucrados en las redes de tráfico de personas, los legisladores destacaron que es necesaria esta reforma porque actualmente no hay sanción en específico para este delito.

En el proyecto, que modifica la Ley de Migración, se argumenta que el delito de tráfico ilegal de personas no se encuentra regulado como una sanción administrativa.

Además, destacaron que el fenómeno masivo de personas migrantes que transitan por nuestro país ha provocado que niñas, niños, adolescentes y mujeres se encuentren en un estado de desprotección, por lo que “el sistema penal requiere enriquecerse basado en el principio del interés superior de la niñez”.

La senadora Guadalupe Covarrubias Cervantes, de Morena, dijo que al incorporar una agravante específica para los funcionarios públicos implicados en esta práctica se manda un mensaje claro de que en México no se tolera la explotación y el abuso de quienes buscan una vida mejor.

“Estamos conscientes que el fenómeno migratorio ha presentado un gran desafío en la política de nuestro país, somos testigos de un alto crecimiento de personas migrantes que entran y salen de México con el propósito de buscar una mejor calidad de vida cuyos países no pueden garantizarles”, expresó.

Agregó que muchas de las personas migrantes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y desprotegidos, al verse perjudicadas por delincuentes que buscan atentar contra su integridad y dignidad.

Señaló que la destitución e inhabilitación para los servidores públicos que intervengan en la comisión del delito de tráfico ilegal de personas es una medida contundente que refuerza el mensaje de que el Estado está comprometido con la erradicación de este tipo de prácticas.

El dictamen precisa que cuando el autor material o intelectual sea servidor público, además de la pena prevista para el tráfico ilegal de personas, se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.

“El humanismo político lo tiene el PAN desde su creación, se pone las políticas públicas en las personas que constituyen familias, el partido se asume humanista y de ninguna manera conservador”, expresó el aspirante Mario Vázquez Robles.

El exfuncionario estatal y hoy precandidato al Senado de la República, aseveró que la alianza entre el PRI-PAN y PRD que representa, es la clave para ganar la elección en 2024, ya que son el deseo de superación y rechazo al “odio” encabezado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Estamos en buena posición, no menospreciamos la fuerza política de ellos (Morena) pero creemos que podemos ganar con contundencia, nosotros tenemos encuestas que nos colocan en una posición de competencia real”, afirmó al ser cuestionado sobre las preferencias electorales en el estado.

Vázquez Robles dijo que, durante su trayectoria política, lo “ha dado todo a la gente”, y que su compromiso es estar durante y posterior a la campaña con la gente, que no caerán en la confrontación y que solo lo harán cuando se trate de la defensa del agua, de los recursos, apoyos de producción en el campo, de las becas para los jóvenes, etcétera.

Sobre el trabajo de Rafael Espino, Bertha Caraveo y Gustavo Madero en el Senado, expresó “¿han conocido alguna obra en el tema de migrantes, de desarrollo económico o social en el senado o de diputados federales de Morena?, han ido solamente atender lo que el tlatoani mayor les indica, importándoles madre, lo que somos los chihuahuenses”.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera, confirmó que la Cámara de Senadores ya fue notificada de que el Ejecutivo federal aceptó la renuncia que presentó el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La senadora de Morena informó que el documento se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis correspondiente y en esta semana (posiblemente el miércoles) el Pleno podría decidir si acepta o no la renuncia.

En entrevista, explicó que, de ser aceptada la renuncia por el Senado de la República, las y los senadores procederán a analizar la terna que proponga el Ejecutivo federal, a fin de someterla a votación.

De acuerdo con el artículo 96 de la Constitución, la designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de 30 días. Si el Senado no resuelve dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el presidente de la República.

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que, dentro de dicha terna, designe el titular del Ejecutivo federal.

Por otra parte, Ana Lilia Rivera también dio a conocer que, hasta el momento, alrededor de 60 senadoras y senadores de todos los Grupos Parlamentarios han presentado cartas de intención para participar en los procesos internos de sus partidos en busca de la reelección.

Subrayó que se trata de un proceso nuevo en la historia reciente de México, por lo que “serán muy pocos los que no busquen” la oportunidad de reelegirse.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, informó que durante la sesión de Congreso convocada para hoy, solicitará al Senado de la República rechazar el proyecto de decreto con el que el Poder Ejecutivo puede usar los recursos de los trabajadores del Poder Judicial y propone la desaparición de 13 de 14 fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Francisco Sánchez Villegas dijo que esta propuesta afecta a las y los trabajadores del Poder Judicial, ya que al menos 6 fideicomisos tienen relación con el pago de obligaciones patronales, por lo que, de eliminarlos, se afectaría la progresividad del derecho como pensión, vivienda, cobertura de salud digna y fondos para un retiro decoroso.

“El objetivo de los fideicomisos que opera el Poder Judicial de la Federación es muy variado, sin los cuales se limita la operatividad del Poder Judicial, dejando en un estado de indefensión a empleados y usuarios de los servicios de Justicia”, argumentó.

El diputado afirmó que el “ataque” se presenta en un escenario donde el Poder Ejecutivo ha criticado el desempeño del Poder Judicial, “les estorba la transparencia, detestan la democracia, les estorba la constitución, les estorba la ley y les estorba el equilibrio de poderes”.

Por lo anterior, dijo que el punto de acuerdo, de aprobarse este jueves por mayoría de votos, va en contra del proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo doscientos veinticuatro de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y promover la independencia del Poder Judicial, para que se abstengan de realizar acciones tendientes a disminuir el recurso público requerido para el buen funcionamiento del mismo.