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La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, se congratuló de no haber ido al Senado de la República a comparecer por el caso de los agentes de la CIA que operaban en la entidad, tras conocer que uno de los legisladores que pedían su presencia en la Cámara Alta es uno de los señalados por el Gobierno de los Estados Unidos como presuntos vinculados al Cártel de Sinaloa.

Cuestionada acerca de la acusación del Gobierno estadounidense en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y del senador Enrique Inzunza de forma parte de la red de complicades con el cártel de Los Chapitos, Campos Galván respondió que por eso no acudió a la comparecencia.

“Ya ves cómo iba a ir yo a comparecer al Senado”, respondió, mientras simulaba las comillas con los dedos índices de sus manos. “Quienes iban a hacer comparecer a la gobernadora. Pues están en esta lista roja del gobierno de los Estados Unidos. Vamos dándonos cuenta quién es quién”, sostuvo.

Las declaraciones de Campos Galván se dan luego de que autoridades de Estados Unidos hicieran pública una acusación formal contra funcionarios y políticos de Sinaloa por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Sobre el particular, dijo que no tenía conocimiento previo de las acusaciones presentadas en Estados Unidos contra políticos sinaloenses, entre ellos un senador que recientemente había solicitado su comparecencia ante el Congreso.

Campos Galván explicó que su agenda reciente estuvo enfocada en la inauguración de un centro neurobiológico en Ciudad Cuauhtémoc, dedicado a atender a niños y jóvenes bajo tutela del DIF estatal que presentan afectaciones derivadas de la violencia.

“Fuimos justamente a inaugurar un centro neurobiológico para niños tutelados del DIF que tienen, desgraciadamente, daños neurológicos por la violencia del crimen organizado”, señaló.

En ese contexto, vinculó los efectos del narcotráfico con el impacto social en las familias y en la salud mental de menores de edad.

“Estas son las cosas que provoca el crimen organizado con la venta de drogas. Por eso reitero nuestro embate para que las adicciones sean un tema de cuidado en las familias, en los abuelos, y no dejemos que nuestros hijos se acerquen”, expresó.

Ciudad de México.- El senador Ricardo Anaya Cortés, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, exigió este miércoles la comparecencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ante el Senado de la República para que explique la acusación formal en su contra presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Hace unos días, durante una sesión en el Senado, Anaya respaldó un punto de acuerdo para citar a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, pero condicionó su apoyo a que también fueran llamados los gobernadores de Morena: Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, y Marina del Pilar Ávila, de Baja California.

El legislador panista señaló que Rocha Moya ahora debe aclarar los cargos que le imputa la justicia estadounidense, relacionados con presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa y específicamente con la facción de “Los Chapitos”.

Anaya calificó al gobernador sinaloense como “narco gobernador” y pidió que explique, entre otros temas, sus presuntos vínculos con el crimen organizado, así como reportes sobre posibles reuniones con líderes del cártel.

La exigencia del PAN se da el mismo día en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer la acusación contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios sinaloenses por delitos de narcotráfico y armas.

Hasta el momento, la Mesa Directiva del Senado no ha definido si se aprobará la comparecencia solicitada.

Ciudad de México. — La Cámara de Senadores autorizó este martes, con 105 votos a favor y 3 en contra, el ingreso temporal a México de 23 miembros del Equipo 8 de los Navy SEALs de la Armada de Estados Unidos.

Los efectivos participarán en el “Evento SOF 4: Fortalecer la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”, un ejercicio de adiestramiento conjunto con la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina (SEMAR).

La autorización fue solicitada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado de la República, como establece el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que requiere la aprobación de la Cámara Alta para el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional.

De acuerdo con la solicitud, los elementos estadounidenses permanecerán en México del 1 de agosto al 15 de octubre de 2026.

Las actividades se llevarán a cabo principalmente en Campeche, aunque también están contempladas sedes en el Estado de México, Hidalgo y la Ciudad de México.

El objetivo del ejercicio es fortalecer las capacidades de las fuerzas de operaciones especiales mexicanas mediante el intercambio de tácticas, técnicas y procedimientos en áreas como combate urbano, intervenciones rápidas y operaciones especiales.

Este tipo de entrenamientos bilaterales no son inéditos. En febrero de 2026, el Senado ya había autorizado el ingreso de 19 miembros del Equipo 2 de los Navy SEALs para un ejercicio similar (“Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”) también en Campeche.

En los últimos meses, la Cámara Alta ha aprobado múltiples solicitudes de este tipo en el marco de la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.

La Secretaría de Gobernación turnó la petición al Senado el pasado 20 de abril. Los senadores también aprobaron este martes la participación de fuerzas estadounidenses en el Ejercicio Multinacional Anfibio FÉNIX 2026, programado para mayo en Campeche.

La gobernadora María Eugenia Campos Galván declinó participar en la reunión de trabajo convocada por el Senado de la República para abordar el caso de la presunta participación de agentes extranjeros en Chihuahua.

Mediante un oficio dirigido a la Mesa Directiva, la mandataria estatal argumentó que su inasistencia obedece a la necesidad de no comprometer el desarrollo de las investigaciones en curso, así como de proteger información de carácter confidencial y de seguridad nacional.

En el documento, fechado el 27 de abril, Campos Galván sostuvo que su actuación se ha conducido bajo los principios de legalidad y transparencia, y recordó que desde el inicio del caso solicitó informes y ordenó la creación de una unidad especializada para indagar los hechos relacionados con el operativo en el que se detectó la presencia de ciudadanos estadounidenses.

Asimismo, informó que dicha unidad ya ha remitido información a la Fiscalía General de la República, en atención a los requerimientos federales.

La gobernadora señaló que, para garantizar el adecuado desarrollo de las diligencias y evitar comprometer datos sensibles, no es posible atender la invitación en los términos planteados por el Senado.

La decisión se da en medio de un contexto de presión política y versiones encontradas sobre su posible comparecencia, luego de que comisiones senatoriales aprobaran citarla, junto con el entonces fiscal estatal, para explicar la participación de agentes extranjeros en un operativo en la entidad.

El caso ha generado tensión entre el Gobierno estatal y la Federación, que ha señalado que no tuvo conocimiento previo de la presencia de estos agentes, lo que ha abierto cuestionamientos sobre legalidad, coordinación institucional y soberanía.

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