SSPC

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reconoció que un aumento en el delito de extorsión en todo el país, el cual afecta el patrimonio y seguridad de la población.

Al defender la propuesta presidencial de que la extorsión sea considerada delito grave para impedir que los delincuentes obtengan su libertad fácilmente “como actualmente ocurre”, la secretaria ejemplificó el alza en este delito al señalar que enero de este año en comparado al mismo mes de 2023 hubo un aumento del 7.7%.

“Actualmente en el país se registra un incremento en el número de extorsiones. Un delito que lastima a la sociedad y afecta su patrimonio y seguridad. Durante enero de este año se tuvo por ejemplo un aumento del 7.7% en la comisión de este delito, en comparación con el mismo mes de 2023 según cifras del secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, dijo.

En Palacio Nacional, Rosa Icela Rodríguez detalló que la iniciativa de ley para que la extorsión sea considerada delito grave o de alto impacto e impedir que los delincuentes sean puesto en libertad con facilidad como actualmente ocurre.

“El proyecto considera diferentes modalidades de extorsión que nosotros escuchamos a diario por parte de las víctimas, como el engaño telefónico, las amenazas telefónicas, los llamados `montachoques´, los ´montadeudas´, la exigencia bancaria, el cobro de piso, los monopolios en la distribución de diferentes productos”; afirmó.

La titular de Seguridad indicó que hay estructuras delictivas por lo que también se busca además de la modificación de la Constitución, una reforma a la ley contra la delincuencia organizada para incorporar ahí mismo el delito de extorsión lo que permitirá desmantelar y llevar a proceso a los grupos delictivos que se organizan para cometer estos ilícitos.

“Asimismo, se prevé sancionar conductas específicas como el engaño telefónico o las ofertas de premios, que si bien no son propiamente extorsivas, se encuentran vinculadas en este delito. Se pretende también unificar a nivel nacional los tipos penales y sus sanciones, así como garantizar la reparación del daño a las víctimas”, dijo.

Rosa Icela Rodríguez confió que los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión serán sensibles a esta iniciativa que busca, afirmó, el bienestar y la protección de la población.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indicó cómo fue el secuestro y la liberación de las 32 personas migrantes en Tamaulipas, el pasado 30 de diciembre.

En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este viernes 5 de enero en Palacio Nacional, Rosa Icela Rodríguez apuntó que los migrantes viajaban en un autobús y cerca de las 19:30 horas fueron privados ilegalmente de la libertad cuando viajaban de Monterrey a Matamoros.

La unidad fue interceptada por hombres armados a bordo de cinco camionetas en el municipio Río Bravo, con 37 pasajeros, incluido un bebé.

“Los delincuentes hicieron bajar a los migrantes y se llevaron a 32 de ellos en las camionetas, dejando en el lugar a cinco pasajeros, dos de nacionalidad mexicana y tres venezolanos”, puntualizó Rodríguez.

Agregó que el chofer de la unidad hizo una llamada y reanudó la marcha, por lo que elementos de la guardia estatal lo alcanzaron y los escoltaron hasta llegar a su destino.

Indicó que de acuerdo con el testimonio de las víctimas, fueron llevadas por un camino de terracería por aproximadamente 20 minutos y los cambiaron a un autobús viejo en el que llegaron a una finca con una bodega y una casa cercana, donde fueron agrupados por familias y despojados de sus pertenencias.

Les tomaron fotos y la madrugada del 31 de diciembre, los secuestradores llamaron a sus familias para solicitarles dinero, mencionó la titular de la SSPC.

“En algunos casos, tenemos la información de que sí se concretó el depósito de una parte del recurso exigido”, refirió.

Desde el primer momento, señaló, el gobierno federal estableció coordinación con autoridades estatales para rescatar a las víctimas y las instituciones actuaron de manera inmediata con operativos interinstitucionales con las Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, SSPC y autoridades estatales.

Se usaron binomio caninos y drones en vías de comunicación federal, hoteles, bodegas y fincas de 6 municipios de Tamaulipas, apuntó.

Indicó que también se efectuó el seguimiento de telefonía, así como recorridos y entrevistas con los pobladores en búsqueda de indicios.

El miércoles 3 de enero, la Fiscalía de Tamaulipas reportó la localización con vida de los 32 migrantes secuestrados. Todos se reportaron en buen estado de salud sin lesiones, describió Rosa Icela Rodríguez.

“Fueron liberadas ante el despliegue de las fuerzas federales en la zona”, declaró.

Puntualizó que de las 32 víctimas, 26 son venezolanas y 6 hondureñas; 12 son mujeres y 8 niñas; 9 son hombres y 3 niños.

“Efectivamente, los migrantes corren peligro cuando transitan sin documentos por el país”, dijo.

Señaló que en estado seguirán los operativos con refuerzo de 850 efectivos y 3 helicópteros.

Por instrucción de López Obrador, dijo, se siguen las indagaciones y ya hay líneas de investigación “muy claras” para dar con los responsables.

En 2023, cada 24 horas fueron asesinadas 72 personas en México. De enero a diciembre se documentaron 26 mil 301 víctimas de homicidio doloso, lo que representa que en promedio cada mes del año que recién concluyó fueron privadas de la vida 2 mil 192 personas.

Al comparar esta información con las cifras del mismo delito durante 2022 —que registró 26 mil 920 asesinatos— se obtiene una disminución de 2.3% en 2023.

Diariamente en 2022 ultimaron a 74 personas y mensualmente a 2 mil 243 en promedio, detallan las cifras preliminares del Informe de Seguridad elaborado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En entrevistas con EL UNIVERSAL, especialistas en seguridad consideran que no se ha logrado bajar la violencia en el país de manera contundente y prevén que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador mantendrá altos niveles en este delito.

Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), refiere que este sexenio va a terminar con al menos 15% más homicidios que el anterior, en la gestión de Enrique Peña Nieto, y con 40% más que los registrados durante el gobierno de Felipe Calderón.

Incluso, señala que aunque hubiera un descenso muy marcado en los homicidios este año, no hay manera de que se frene este delito

“Es el sexenio más violento en la historia del país. Hay un absoluto fracaso en el cumplimiento de los compromisos que hizo el Presidente, tanto en campaña, como en el Plan Nacional de Desarrollo y el de Estrategia Nacional de Seguridad, que aseguraba que terminaría con 50% menos homicidios respecto al sexenio anterior”, refiere.

Eso significa, indica Rivas, que la tasa de homicidios dolosos de esta administración debía terminar en 50 por cada 100 mil habitantes, pero hasta la fecha hay más de 110 asesinatos por cada 100 mil habitantes, que prácticamente es 10% más respecto al total de los registros del sexenio de Peña Nieto.

“Podemos decir que hubo un fracaso en el cumplimiento de los objetivos de este gobierno”, señala.

Expone que una parte de los homicidios dolosos y de la supuesta reducción de los casos, en realidad está ligada a las personas que han sido reportadas como desaparecidas y lamentablemente fueron privadas de la vida.

Abunda que al no existir un ejercicio profundo de búsqueda y de resolución de la situación de estas personas, quedan en una cifra negra, debido a que no se está contemplando el homicidio y se está registrando la desaparición de la persona.

Por su parte, Víctor Hernández, especialista en seguridad en la Universidad Panamericana, destaca que presumir reducciones de 2.3% sería un logro en temas de inflación, pero en el caso de los homicidios es marginal y remarca que no puede ser que se gasten millones de pesos en materia de seguridad para tener esos resultados.

“Hay una falta de autocrítica en el periodo de campaña… No observamos algún partido que esté diciendo que va a poner un alto a la militarización. En este momento la tendencia va a estabilizarse, por ejemplo, en 30 mil homicidios, además de los subrregistros”, detalla.

El también coordinador del Diplomado en Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana, sostiene que el uso del Ejército en labores de seguridad no tiene un fin de eficiencia, sino político.

“El Presidente pone al Ejército en varias cosas, por ejemplo, en la Guardia Nacional (GN), en proyectos de obra pública, no por ser eficientes, porque atrae popularidad.

“Es como hacer equipo con el chico popular de la escuela, entonces con eso gana cierto prestigio con la gente, pero el chico popular no siempre es el más eficiente para hacer el trabajo”, precisa.

El consultor y analista político David Saucedo afirma que de acuerdo con estas cifras preliminares no hubo éxito en el combate a la inseguridad, más bien se observa una contención de los homicidios.

“En el caso que demos por buenas las cifras que presenta la SSPC, estamos hablando de una estabilización en un pico muy alto de homicidios, no hay una reducción como tal”, enfatiza.

Saucedo indica que a pesar de lo que se ha hecho en este sexenio, como las extradiciones de narcotraficantes hacia Estados Unidos y acatar las medidas de ese país para incrementar los decomisos de fentanilo o el cierre de puertos del Pacífico sur a ciertas empresas no ha habido ningún impacto en la disminución de la violencia.

Rosa Icela Rodríguez, titular de Seguridad (SSPC), informó este martes que el 90% de los secuestros que se registran en el país es en contra de migrantes.

En conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria destacó que el delito de secuestro ha bajado un 79.5% respecto a enero de 2019 al pasar de 161 delitos a 33.

“El secuestro de 79.5% la disminución en todo el país de este delito; así se recibió en enero de 2019 y ha bajado a 33 secuestros en el mes. Hay que decir que la mayoría de los casos, el 90% se debe a secuestros de población migrante”, explicó.

En las instalaciones de la 9 Zona Militar en Culiacán, Sinaloa, Rosa Icela Rodríguez destacó la colaboración de la Coordinación Nacional Antisecuestro y Delitos de Alto Impacto (Conase) con las Unidades Especializadas Contra el Secuestro (UECS), se han detenido a 5 mil 742 personas, se desarticularon 633 bandas y se liberaron 2 mil 800 víctimas.