TEPJF

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reasignaría la magistratura en materia penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a Judith Ávila Burciaga, en aplicación de la regla de alternancia y con perspectiva de género.

El proyecto elaborado por el magistrado del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, respecto al expediente SUP-JDC-2389/2025 promovido por Ávila Burciaga, contempla la revocación de la sentencia del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua (TEE) y del acuerdo del Instituto Estatal Electoral (IEE).

De ser así, el IEE deberá emitir, en un plazo no mayor a 24 horas, la constancia de mayoría a Ávila Burciaga.

En su proyecto, Rodríguez Mondragón señala que el TEE no valoró correctamente la aplicación de la regla de alternancia de género y convalidó un acto de discriminación hacia la candidata.

Indicó que la alternancia debe aplicarse de manera no neutral, es decir, privilegiando el acceso de las mujeres cuando ello fortalezca la paridad en los órganos de justicia.

En este caso, la resolución dejaría sin efectos la constancia de mayoría y validez otorgada a Javier Rodolfo Acosta Mendoza respecto de esa magistratura.

Según ese criterio, la regla de alternancia sí aplica cuando beneficia a las mujeres, tal como lo señaló la magistrada inconforme en el recurso presentado ante el TEPJF.

A juicio de la Sala Superior, el tribunal de Chihuahua no observó el principio de paridad vertical en la asignación de los cargos.

El Tribunal local no aplicó de manera adecuada la norma que prevé la alternancia de género, razón por la cual su fallo original convalidó un acto de discriminación hacia Judith Ávila Burciaga, resolvió el TEPJF.

Al momento de asignar las 14 magistraturas en materia penal para el TSJ que tomará protesta el próximo 1 de septiembre, el IEE otorgó el lugar número 13 a Rubén Aguilar Gil, con 69 mil 10 votos, y el 14 a Javier Rodolfo Acosta Mendoza, quien obtuvo 66 mil 271.

En el sitio 15 quedó Judith Ávila Burciaga, con 65 mil 171, pero recibiría la constancia de mayoría por el principio de alternancia que ha aplicado el TEPJF en otras situaciones similares.

Con esta determinación, el TEPJF refrendó el criterio de que las reglas de paridad y alternancia no deben aplicarse de manera rígida o neutral, sino atendiendo a su finalidad de garantizar la participación efectiva de las mujeres en cargos de decisión, en este caso, en el Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

La elección de jueces y magistrados del ámbito local entrará en una etapa decisiva a partir de la próxima semana, cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) y su Sala Regional en Guadalajara resuelvan los recursos de inconformidad que mantienen en suspenso la integración de salas y juzgados en Chihuahua.

Entre el miércoles y el viernes pasados, el Tribunal Estatal Electoral (TEE) de Chihuahua recibió impugnaciones contra los acuerdos emitidos por el Instituto Estatal Electoral (IEE), mediante los cuales se revocaron constancias de mayoría a magistrados electos y se reasignaron a candidatas.

El criterio aplicado por el TEE, y replicado después por el IEE para hacer el ajuste, fue el de paridad de género, dado que hubo candidatas a salas penales, civiles y familiares que obtuvieron mayor votación que los candidatos inicialmente declarados ganadores.

De acuerdo con fuentes consultadas por Norte Digital, entre el lunes 18 y el 31 de agosto el máximo tribunal electoral del país definirá si los cinco —o algunos de ellos— candidatos que fueron desplazados por el IEE conservan su constancia de mayoría.

Los candidatos inconformes son Héctor Villasana Ramírez y Jesús David Flores Carrete, de la materia Penal; Javier Alberto Torres Pérez, de la Familiar; y Saúl Eduardo Rodríguez Camacho junto con Roberto Andrés Fuentes Rascón, de la Civil.

En otro frente, la Sala Superior también resolverá sobre la confirmación o revocación de tres constancias de mayoría otorgadas a candidatos que, aunque obtuvieron los votos suficientes para acceder al Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, no acreditaron el requisito de contar con un promedio mínimo de 8 en su formación académica.

Los magistrados electos sujetos a revisión son: Gerardo Javier Acosta Barrera, con 107 mil 331 votos; José Luis Chacón Rodríguez, con 74 mil 42; y Rubén Aguilar Gil, con 69 mil 835.

En el caso de Aguilar Gil, concluyó la Licenciatura en Derecho con promedio de 7.5, mientras que Acosta Barrera obtuvo 7.4.

Asimismo, se espera resolución sobre el recurso promovido por el excandidato a magistrado civil Julio César Merino, quien solicitó la nulidad de la votación en varias casillas de municipios serranos de Chihuahua.

Las precandidatas a magistradas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua, Gabriela Soraya Márquez Blanco, Perla Guadalupe Ruíz González, Rocío Iveth González Lara y Érika Mireya Mendoza García, manifestaron que contenderán en condiciones de desventaja, pues se les incluirá “de última hora” en la boleta electoral.

Para entonces, señalaron, ya habrán pasado al menos tres días de campaña, y ellas apenas podrán iniciarla, debido a que el Congreso del Estado no las había incluido en las propuestas del Poder Legislativo para inscribir candidaturas para la elección de integrantes del Poder Judicial local.

“Nos encontramos en una situación desigual frente a otros aspirantes que ya han iniciado su difusión pública”, expresaron, mediante un comunicado de prensa.

Después de haber quedado fuera de la contienda por una decisión exclusiva del Congreso del Estado, promovieron recursos en contra de dicho fallo, mediante el argumento de que se habían violentado sus derechos políticos al no permitirles la posibilidad de ser votadas, pese a que habían cumplido todos los requisitos y fueron seleccionadas mediante un proceso legítimo.

Además, denunciaron actos ilegales y de violencia política por razón de género por parte del órgano –en este caso, el Congreso del Estado– que decidió relegarlas.

En su comunicado, las ahora aspirantes afirmaron que la sentencia que obligó al Congreso y al Instituto Estatal Electoral (IEE) a incluirlas “sienta un precedente importante en el reconocimiento del derecho de toda la ciudadanía a participar en elecciones democráticas sin discriminación.

“Confiamos en que el Instituto Estatal Electoral nos notificará a la brevedad como candidatas formales, nos brindará la capacitación debida y podremos iniciar nuestras campañas”, señalaron las aspirantes, señalaron.

Asimismo, recalcaron su compromiso con la imparcialidad y la independencia del Poder Judicial, así como su exigencia de un trato digno para todas las personas participantes en este proceso.

¿Qué pasó?

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) resolvió el juicio de protección a los derechos político-electorales número SUP-JDC-1715/25 y sus acumulados, promovidos por mujeres abogadas aspirantes a magistradas del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, ordenando su reincorporación al proceso de elección.

Las aspirantes denunciaron haber sido excluidas de manera discriminatoria del listado de contendientes por parte de la Junta de Coordinación Política y el Pleno del Congreso del Estado, pese a haber cumplido con todos los requisitos establecidos en la convocatoria para la selección de jueces y magistrados.

Según su denuncia, esta decisión violó sus derechos políticos y ciudadanos, así como los de otras 94 personas, de las cuales 48 habrían sido eliminadas definitivamente del proceso.

El Tepjf determinó que la exclusión de las aspirantes se dio sin el debido proceso, incumpliendo lo establecido en el artículo 101, fracción IV, de la Constitución del Estado.

Como parte de la resolución, se ordenó a la presidenta del Congreso enviar en un plazo máximo de seis horas la lista completa de los 94 aspirantes a la presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE). A su vez, el IEE tendrá seis horas para modificar e incluir a las personas excluidas en su informe, y remitirlo al Consejo General, el cual deberá aprobarlo en un máximo de 12 horas y enviarlo para su publicación e impresión de boletas.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) resolvió que el Congreso del Estado de Chihuahua deberá remitir la lista completa de los 94 aspirantes a magistrados para la elección judicial, luego de que esta fuera desestimada el pasado 28 de febrero.

De esa forma, los aspirantes que habían sido eliminados por el voto mayoritario del bloque PRIAN en el Congreso del Estado, deberán incorporarse a las boletas electorales para que puedan ser votados en los comicios del 1 de junio próximo.

Al respecto, el coordinador de los diputados de Morena en el Congreso, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, calificó la resolución como un golpe contra lo que llamó un intento de fraude en el proceso de selección.

“Se cayó el fraude en el Congreso del Estado. Se violentaron los derechos a ser votados de 94 aspirantes, y ahora se ordena que sus nombres sean enviados al Instituto Estatal Electoral”, declaró el legislador.

Estrada Sotelo detalló que la notificación oficial al Poder Legislativo podría llegar este viernes, a partir de lo cual el Congreso tendrá seis horas para enviar la lista completa de aspirantes.

Esta decisión cambiará el panorama del proceso, pues ahora se incluirá a todas las personas que inicialmente habían sido excluidas.

El diputado subrayó que la resolución no representa implicaciones presupuestarias, pero sí constituye un revés para lo que consideró una decisión ilegal y violatoria de derechos.

También destacó que su bancada había denunciado públicamente las irregularidades en el proceso.

El pasado 28 de abril, el Congreso local, con el voto de las bancadas del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, de los partidos supuestamente aliados a Morena, como el PT y el PVEM e incluso un diputado morenista, aprobó enviar al órgano electoral únicamente la lista de candidatos a jueces, excluyendo así a los candidatos a magistrados.

Sin embargo, con la nueva determinación del TEPJF, el Congreso de Chihuahua deberá ajustar su actuar conforme a lo ordenado, garantizando así los derechos de los aspirantes y la legalidad de la elección judicial.