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violencia

El Apertura 2023 de la Liga MX inició y con ello un nuevo episodio de violencia en el futbol mexicano, ahora al final del duelo entre Xolos de Tijuana y Pumas.

Compromiso que después de noventa minutos de buen futbol fue para los universitarios y que pasó a segundo término por lo ocurrido en las tribunas del Estadio Caliente.

Mediante las redes sociales, varios fanáticos compartieron imágenes de lo ocurrido, en las que se puede ver a grupos de los dos equipos golpearse durante varios minutos.

El problema entre los aficionados tuvo la intervención de las autoridades, quienes intentaron calmar lo ocurrido y tuvieron éxito.

Por desgracia para los aficionados fronterizos, los hechos de violencia no son nuevos en su inmueble y hace unas semanas vivieron lo mismo ante León.

El Centro de Derechos Humanos Padre Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) dedicó un homenaje a los padres jesuitas Joaquín Mora y Javier Campos quienes junto con los laicos Pedro Palma y Paul Berrelleza cumplen hoy el primer aniversario luctuoso de su fallecimiento.

El Centro Prodh destinó el editorial y todo el contenido del número 20 de su revista “DeFondho” a los acontecimientos de “Cerocahui: Clamor de Justicia, Luz de Esperanza “para no olvidar y para seguir alimentando esa esperanza. Con este fin, hemos recuperado aquí textos e intervenciones de quienes prestaron su voz al clamor colectivo que despertaron los hechos”.

En el editorial se lee que el 20 de junio de 2022 un hecho sacudió México: en Cerocahui, pequeña comunidad indígena enclavada en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, fueron asesinados el joven Paul Berrelleza, el guía de turistas Pedro Palma y los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora. Los dos padres estuvieron desaparecidos durante 48 horas, lapso de tiempo en que el paradero de sus cuerpos permaneció desconocido.

Los hechos y su secuela de impunidad –hasta hoy no revertida– recordaron al país y al mundo que los problemas estructurales del país en materia de seguridad y justicia no han sido resueltos.

El editorial plantea que los asesinatos de Cerocahui evidenciaron que la política de seguridad centralizada y militarizada no ha logrado revertir el control territorial que las organizaciones criminales detentan en amplias regiones del país, donde la población más empobrecida está a merced de la violencia.

Por otro lado, la persistencia de la impunidad quedó también evidenciada. El perpetrador del crimen, conocido generador de la violencia a nivel local, contaba desde antes de que ocurrieran estos hechos con varios mandatos de captura, que nunca se ejecutaron. Más allá de su aprehensión, relevante pero insuficiente, la red de macrocriminalidad que explica su poderío regional tampoco ha sido desmantelada.

El texto indica que los eventos de Cerocahui mostraron que la violencia y la impunidad continúan campeando a sus anchas en México, sobre todo en territorios como la Sierra Tarahumara, zonas en donde las comunidades y los pueblos indígenas resisten el despojo territorial en medio del fuego cruzado generado tanto por agentes estatales como por actores privados.

Pero los hechos tuvieron también implicaciones más profundas. En Chihuahua y en todo el país, el asesinato dentro de un templo de dos ministros de culto que se habían entregado al servicio de los más pobres, seguido de la desaparición de sus cuerpos, hizo sentir que un límite más se había cruzado en la interminable espiral de deshumanización del país.

En su editorial el Centro Prodh destaca que en ese panorama desolador, los testimonios de vida de Javier y Joaquín, la respuesta de la Compañía de Jesús, la solidaridad de creyentes y no creyentes, la digna resiliencia del pueblo rarámuri, la memoria histórica y la capacidad de generar propuesta desde la indignación, pronto contribuyeron a que poco a poco sobre la desolación se impusiera la esperanza. 

“La certidumbre de que la muerte no tiene la última palabra y de que más temprano que tarde, con el trabajo colectivo de miles de hombres y mujeres de buena fe, terminará la larga noche que la violencia y las violaciones a derechos humanos han traído a México”, señala.

En sus 16 páginas publica “Poner el amor en las obras más que en las palabras”, del padre Luis Gerardo Moro; “Los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos”, del sacerdote Javier “El Pato” Ávila; “Las campanas de Cerocahui” de Esteban Cornejo Sánchez y “La imparable violencia”, del Centro Prodh.

Tras una semana de enfrentamientos armados en varias regiones de la Sierra Tarahumara, la gobernadora María Eugenia Campos confirmó que se solicitará apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para llevar un mayor número de efectivos a las zonas más afectadas. 

“Haremos la solicitud a la brevedad posible; pero estos embates de violencia que ha habido en la Sierra Tarahumara han sido por el crimen organizado. Trabajamos para reforzar la seguridad, y también para hacerles saber que el uso de la fuerza pública es exclusivo del Estado y que no pueden molestar así a la sociedad civil y tampoco a la Iglesia”, dijo la jefa del Ejecutivo estatal. 

Agradeció a la Sedena porque siempre ha tenido sus puertas abiertas hacia Chihuahua y han sido muy colaboradores con las acciones implementadas por el Estado.

La mandataria dijo que ya ha tenido comunicación tanto con el titular de la Sedena, como de las zonas militares 5 y 42. 

Así lo confirmó en entrevista ante medios de comunicación, luego de la Sesión Solemne del Congreso del Estado para conmemorar el Bicentenario del Heroico Colegio Militar. 

Tanto el fiscal general, César Jáuregui, como el Secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, habían declarado durante el transcurso de la mañana de ayer, que se solicitaría la presencia y apoyo del Ejército Nacional para atender el tema de la seguridad en la Sierra Tarahumara.

Se desconoce la situación de desplazamiento forzado interno en el estado por motivos de violencia e inseguridad, señaló el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña.

“Con el establecimiento de la mesa de trabajo y la Comisión de desplazamiento forzado, estamos trabajando en un diagnóstico y estamos esperando el reporte. Es difícil determinar un número de personas desplazadas porque hay personas que se han desplazado de manera momentánea y temporal y otras que se han movido de manera permanente”, dijo Santiago de la Peña. 

De la Peña fue cuestionado sobre el tema luego de que el párroco de Santa Anita, Guachochi, declaró que hay familias desplazadas por la violencia y solicitaron apoyo de las autoridades para contener la inseguridad en aquella región.  

“Estamos en plena coordinación con Sedena y Guardia Nacional, la seguridad no se resuelve en un día es un trabajo diario y todos los días cambian las condiciones, mañana en la mesa de seguridad se habrán de poner algunas medidas sobre la mesa para estos temas en particular”, expresó el funcionario estatal.

El secretario indicó que ante las representaciones de las organizaciones participantes y del Gobierno Federal, se propondrá cómo variar la estrategia de seguridad nacional.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), Enrique Rascón, indicó que se tienen más de 600 carpetas de investigación por denuncias de desplazamiento forzado interno en el estado, aunque se desconoce el periodo o si se ha dado seguimiento a las querellas. 

El titular de la Fiscalía General del Estado, César Jáuregui Moreno descartó que las familias se hubiesen movido de sus comunidades de origen por la violencia y dijo en cambio que era por hambre y falta de recursos.

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